Conversación
Blanlot y Punta Alcalde: «Estamos perdiendo la batalla del desarrollo energético del país»
La ex secretaria ejecutiva de la CNE, Vivianne Blanlot, asegura que la decisión de la Corte de Apelaciones de invalidar la aprobación de la central a carbón de Endesa, deja en evidencia las falencias de la institucionalidad. Afirma que no hay aumento del bienestar sin energía a precios razonables.
La necesidad de tramitaciones ambientales más rigurosas, el perfeccionamiento de la institucionalidad ambiental y la necesidad de una actitud más presente del Estado en temas energéticos. Eso dejó en evidencia, según la ex secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, Vivianne Blanlot, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el jueves invalidó el pronunciamiento con que el Comité de Ministros aprobó en diciembre el proyecto de carbón impulsado por Endesa Chile, Punta Alcalde. Ahora queda en la misma situación que otras iniciativas eléctricas, entre ellas Central Castilla, que han sido paralizadas judicialmente.
¿Qué le parece el fallo de la Corte de Apelaciones por Punta Alcalde?
Lo que pasó con Punta Alcalde tiene varias lecturas. El fallo plantea que la decisión de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Atacama mostró que habían impactos ambientales y que se está amenazando el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, y por lo tanto valida la relevancia de la evaluación realizada por la instancia regional. También arguye que el Comité de Ministros no se refirió a los aspectos que estaban en disputa en la reclamación, es decir, hace un llamado a sujetarse estrictamente a la normativa que rige el Comité de Ministros. Finalmente, dice que no se puede introducir una forma de compensación de emisiones en forma ajena a todo el procedimiento reglado anterior. Por lo tanto, por un lado está el serio problema que tenemos en el sector energético, pero también la necesidad de que se respete la institucionalidad. Ha habido una judicialización que ha trabado el desarrollo eléctrico, pero eso no se corrige con salidas de la institucionalidad que entorpecen y se constituyen en nuevas barreras. La intervención del Comité de Ministros no ayudó. Eso es un llamado de atención relevante. La Corte de Apelaciones cuestionó el método o funcionamiento más que el fondo. Dijo: no pueden introducir compensaciones que no se hayan visto en el procedimiento de evaluación.
¿Se desprestigió el procedimiento de la institucionalidad ambiental?
Dos errores no hacen una decisión correcta, incluso si uno piensa que la Corema se equivocó al rechazar Punta Alcalde. Aprobarlo de esa manera en el Comité de Ministros no ayuda. Desprestigia al modelo. Además, quienes están en contra tienen más argumentos para decir que las cosas se hacen por secretaría.
¿El proceso de evaluación ambiental debe mejorarse?
Absolutamente. Se requiere mirar en profundidad dónde están fallando las cosas. Este caso tuvo cinco adendas y recién en la tercera se introdujeron las objeciones que después dieron pie al rechazo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que después de cerca de casi dos años de procesamiento se ingresen exigencias no consideradas antes?
¿Qué se debe perfeccionar?
Deben aclararse los parámetros con los cuales se medirán los proyectos. Debe haber un trabajo previo desde el punto de vista de las instituciones técnicas que participan, en el que se definan los criterios de evaluación. El sistema se ha tornado impredecible, sin que desde el punto de vista medioambiental sea más riguroso.
¿Este tipo de actuación es de este gobierno o siempre ha sido así?
Ha sido cada vez peor. Los criterios de los servicios cambian de región a región, y de un proceso a otro. Y, además, con el sistema actual el agente privado hace lo que a él le parece que sería más atingente. Debe avanzarse hacia líneas de base elaboradas por el Estado, y a metodologías e incluso guías de evaluación por tipo de proyecto. Necesitamos procesos técnicamente definidos, con rigurosidad, en que efectivamente el tema ambiental sea lo relevante para las autoridades locales y no la prioridad económica del empleo en la región.
¿Qué fallas tienen las evaluaciones desde el punto de vista técnico?
Hay fallas cuando los servicios fluctúan en sus exigencias y cambian los criterios sobre la marcha en una evaluación, a veces sin explicación clara. El criterio técnico ambiental se puede pasar a llevar por prioridades económicas, pero también por agendas políticas regionales. Puede haber presión política para que un proyecto no se apruebe. Cada vez que priman las consideraciones políticas sobre la rigurosidad técnica se abona el camino a una mayor judicialización. Estos no son fenómenos asociados al gobierno de turno, han venido aumentando desde años atrás. Lo nuevo es cómo se manejó el Comité de Ministros.
¿En qué sentido?
El Comité de Ministros se ha venido manejando sin suficiente respeto por las normas y plazos legales. Se ven los proyectos según le parece al Ejecutivo, lo cual ya es un nivel de discrecionalidad que raya en la arbitrariedad y esto también desprestigia al sistema. Antes el énfasis estaba en contestar a las objeciones y reclamaciones estrictamente. Aquí (con Punta Alcalde), no se dio respuesta a los temas de fondo, sino que se introdujo una modificación a las compensaciones, no considerada antes en el proceso.
¿Esto se lo ha planteado al Presidente Sebastián Piñera?
Si bien en su momento tuve la oportunidad de conversar con el Presidente Piñera sobre el tema eléctrico, no hablamos sobre el tema ambiental, aunque sí en alguna reunión se comentó la judicialización. Diría que ha faltado en este gobierno una discusión centrada en cómo evitarla. Existe una falta de acción respecto a entender el fenómeno que lleva a la judicialización para evitarla. El 70% de la judicialización de proyectos no tiene que ver con medioambiente, sino con demandas sociales de las comunidades. Hay que hacer un trabajo en esta área.
¿Qué tipo de trabajo?
La forma en cómo se manejan las compensaciones no es adecuada. Muchas veces responde a prioridades de dirigentes, que en ocasiones no son suficientemente representativos. Por eso, pueden haber negociaciones inconducentes, y que no llevan a compensaciones eficaces.
¿Se está pagando a la vocería?
En cierta forma se paga de acuerdo con la vocería. Cómo se compensan social y ambientalmente los costos de un proyecto tiene que ser parte de un proceso más reglado. Podría existir un monto definido de los proyectos que van a mitigación, y a compensación social y ambiental. Se necesita alguna especie de unidad especializada, quizás con el Ministerio de Desarrollo Social, que analice en profundidad a las áreas dónde hay un impacto ambiental y social. No para compensar el daño, sino para mejorar el hábitat social y ambiental en la zona.
¿Así se puede ganar la confianza de las comunidades?
Existe una percepción de que los proyectos resultan sólo en beneficio para las empresas y no para beneficio de la sociedad. La sociedad tiene que recuperar la confianza en las instituciones en este sector. Se requiere el liderazgo del Estado como garante de que el desarrollo eléctrico es para beneficio de la sociedad.
¿Cómo se beneficia la ciudadanía con el desarrollo energético?
No hay crecimiento ni aumento del bienestar sin energía a precios razonables. En estos momentos las licitaciones de suministro para las distribuidoras que abastecen a los hogares consideran un precio techo de US$ 130 MWh y a esos precios seguramente no habrá ofertas suficientes. Para despejar las licitaciones, la única opción es que se indexen al costo marginal (precio spot).
Esta semana el gobierno se abrió a indexar al costo marginal…
No existe ninguna otra posibilidad económica y políticamente viable en el corto plazo, más que reflejar el costo marginal en la indexación, pero se requiere un procedimiento de aplicación como el de la Ley Corta II del 2005.
¿Qué pasa si los proyectos eléctricos siguen siendo trabados?
Si no se resuelve el problema del desarrollo eléctrico en forma eficiente, y a menores costos, la pérdida de competitividad es una grave amenaza. Países como Perú tienen costos de energía de US$ 60/MWh. Para la ciudadanía una economía no competitiva, con una energía cara, tiene un costo altísimo.
¿Afecta el crecimiento?
Por supuesto. De hecho, estamos perdiendo la batalla del desarrollo energético del país. Esto del tema eléctrico no es un problema de tarifas un poco mayores o menores, que eran las discusiones del pasado, dentro de rangos aceptables. No, hoy nos estamos jugando el desarrollo industrial, minero y de las áreas donde queremos una economía con mayor valor agregado. Debemos encontrar estrategias para un desarrollo eléctrico que evolucione hacia menores costos. Es muy difícil, porque no tenemos recursos baratos. No tenemos hidroelectricidad a las puertas de Santiago y no tenemos carbón. No tenemos gas propio sin grandes costos de transporte. Todas nuestras opciones tienen un costo más alto.
¿Qué se puede hacer?
Además de un mejor manejo de la dimensión ambiental y social, es necesario asegurar que no se cometan errores regulatorios o en la planificación que agraven el problema. Por ejemplo, los atrasos que hoy existen en la transmisión troncal, que eran evitables. Son varios los frentes en que se debe actuar: mejorar el ordenamiento del uso del territorio para centrales térmicas, y estimular el aprovechamiento de economías de alcance en el desarrollo de infraestructura; eliminar trabas a un uso más intensivo de GNL en la medida en que sea competitivo; facilitar la conectividad de los proyectos de ERNC y pequeños proyectos al sistema troncal, entre muchas otras áreas de acción. Pero tal vez lo más importante es no cometer errores regulatorios, identificar tempranamente los conflictos ambientales y sociales asociados a diversos tipos de proyectos, e introducir un sistema de planificación potente de largo plazo.
¿Cómo ve la crítica del sector respecto a que ninguno de los candidatos a la presidencia ha expresado propuestas energéticas?
Ambas candidaturas (las con mayor opción) deberán tener un programa energético analizado muy cuidadosamente. El próximo gobierno enfrentará cuatro años difíciles. En términos concretos, y según lo que está en construcción en materia de generación, en el 2013 entrarán aproximadamente 1.000 MW, cerca de 300 MW el 2014, y prácticamente nada en 2015, ni 2016. Eso, frente una demanda que requiere cerca de 500MW anuales adicionales. Es decir serán cuatro años con sequía de desarrollo. En 2017 y 2018 la situación no cambiará si no se actúa desde ahora sobre los factores que han llevado a esta situación. En los próximos cuatro años se requerirá una gestión final para sobrellevar el período y permitir que a partir de 2017 y 2018, las perspectivas mejoren. La discusión de los temas energéticos está recién en pañales, no sólo en las candidaturas, sino también en la sociedad.
¿Cómo evalúa el “no” a HidroAysén y la propuesta 30/30 de Michelle Bachelet?
No le veo mayor problema a lo que dijo. Al 2030 sí podemos llegar a un 30% de Energías Renovables, dependiendo de lo que entendamos por renovables. Si bien no más del 20% puede ser de energías no firmes (eólica y solar), sí podemos llegar a mayores niveles con geotermia e hidroelectricidad.
Dada nuestra situación, no podemos negarnos a priori al desarrollar ningún tipo de energía. Tampoco a la energía de Aysén, ni nuclear. Sin embargo, si la oposición social a alguna energía es muy generalizada, se convierte en inviable.
Como sociedad debemos cambiar la mirada sobre el sector energético. Para que la energía hidroeléctrica de Aysén, y eventualmente la energía nuclear sean viables, se requiere demostrar que tienen beneficios para toda la sociedad y que sus costos ambientales y riesgos son manejables y menores a los beneficios. Mientras no se den esas condiciones, es decir garantía de rentabilidad social y distribución adecuada de los beneficios, es difícil que se viabilicen socialmente proyectos de gran envergadura.
Suecia prometió en la COP29 unos 19 millones de dólares adicionales en fondos para pérdidas y daños, lo que eleva el total de fondos prometidos a más de 720 millones de dólares
El Fondo para la respuesta a las pérdidas y los daños ya está listo para aceptar contribuciones tras la firma de documentos clave. El Fondo servirá como salvavidas al brindar apoyo crítico y urgente a quienes se ven afectados por las devastadoras consecuencias del cambio climático. Una vez alcanzado este importante hito, se espera que el Fondo comience a financiar proyectos en 2025.
En una ceremonia celebrada en la COP29 en Bakú se celebró la firma del Acuerdo de Fideicomiso y del Acuerdo de Sede de la Secretaría entre la Junta del Fondo para la Respuesta a Pérdidas y Daños y el Banco Mundial, así como el Acuerdo de País Anfitrión entre la Junta del Fondo y el país anfitrión de la Junta del Fondo, la República de Filipinas. La Presidencia está trabajando con todos los países que han prometido dinero para completar sus acuerdos de contribución lo antes posible.
En el evento de hoy, Suecia prometió 200 millones de coronas suecas (aproximadamente 19 millones de dólares) al Fondo, sujeto a la aprobación del gobierno. Esta importante contribución eleva el total de fondos prometidos a más de 720 millones de dólares. La Presidencia de la COP29 agradeció a Suecia por responder al llamado a la acción y sigue instando a que se hagan más promesas al Fondo para satisfacer mejor las necesidades de las comunidades que se encuentran en la primera línea del cambio climático.
Las pérdidas y los daños han sido una prioridad clave en el plan de la Presidencia de la COP29 para aumentar la ambición y permitir la acción. La Presidencia ha impulsado avances en todos los aspectos del panorama de pérdidas y daños a lo largo del año.
El triunfo vital de hoy para las comunidades vulnerables al cambio climático es el resultado de años de trabajo a través de fronteras y organizaciones. Las Partes lograron avances significativos en la COP27 en Egipto y la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos al establecer y poner en funcionamiento el Fondo. Este año, la Presidencia de la COP29 ha trabajado intensamente con la Junta del Fondo y el Banco Mundial, junto con los países donantes, para completar los preparativos para el avance de hoy.
Esto incluye la celebración de la tercera reunión de la Junta del Fondo en Azerbaiyán en septiembre, donde se lograron avances significativos para poner en funcionamiento el Fondo, sentando las bases para desembolsar el apoyo financiero tan necesario a partir de 2025. La elección de Ibrahima Cheikh Diong como Director Ejecutivo del Fondo mejoró aún más la institucionalización del Fondo.
Estos avances cobrarán impulso a medida que las Partes trabajen para alcanzar un paquete equilibrado de resultados en la COP29.
Fuente/COP29
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“Este avance nos permitirá convertir finalmente las promesas en apoyo real, lo que significa que la financiación podrá fluir en 2025. Deberíamos reflexionar sobre lo que este avance significará para la gente real. Significa que se reconstruirán casas, se reasentará a la gente y se salvarán vidas y medios de subsistencia”, dijo el presidente de la COP29, Mukhtar Babayev. “Pero nuestro trabajo no ha terminado. Ahora, el Fondo necesita identificar proyectos para que fluya el apoyo. Todos los países que han prometido dinero deben completar sus acuerdos de contribución. Y necesitamos más promesas para poder satisfacer las necesidades urgentes de las víctimas del cambio climático”.
“Hoy se demostró una vez más el poder de la solidaridad mundial para impulsar la acción climática. Debemos mantener el impulso para garantizar que el Fondo llegue a los países necesitados con urgencia”, dijo Ibrahima Cheikh Diong, Director Ejecutivo del Fondo para la Respuesta a las Pérdidas y los Daños. “Esperamos que la COP29 sea fructífera y que impulse aún más nuestra labor”, concluyó.
El presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, afirmó: “El Fondo para Pérdidas y Daños es fundamental porque brinda apoyo financiero a los países vulnerables que enfrentan los impactos más severos del cambio climático. El Banco Mundial se enorgullece de haber cumplido con su parte, con una urgencia acorde con el momento”.
El evento de hoy contó con la presencia del Presidente de la COP29, Mukhtar Babayev; el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell; el Director Ejecutivo del Fondo para la Respuesta a las Pérdidas y los Daños, Ibrahima Cheikh Diong; el Director Ejecutivo del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg; el Vicepresidente de Financiación para el Desarrollo del Banco Mundial, Akihiko Nishio; y representantes de las Partes y de las Presidencias de la COP27 y la COP28. El negociador principal de la COP29, Yalchin Rafiyev, pronunció las palabras finales.
Junto con las negociaciones oficiales en la Zona Azul, la Zona Verde de la COP29, supervisada por la Presidencia de la COP29, continuó con su programa de eventos públicos el segundo día. El 12 de noviembre se celebró una mesa redonda conjunta sobre sostenibilidad corporativa, organizada por la Compañía Operativa de Azerbaiyán de la COP29 y el Banco Internacional de Azerbaiyán, socio bancario principal de la COP29.
El evento, titulado “Sostenibilidad corporativa y acción climática”, se centró en el papel crucial de las empresas en la mitigación de los impactos del cambio climático y sus esfuerzos por alcanzar los objetivos globales de cero emisiones netas de carbono. Entre los oradores se encontraban Samir Mammadov, representante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; Taleh Tahirli, vicepresidente del consejo de administración y director de transformación de ABB; Kaushik Burman, director ejecutivo de Spiro; Tahir Gozel, presidente de Qarabag FK; y Maria Peres, socia principal de GreenSpace Tech Hub de Deloitte en Brasil y socia de Innovation and Ventures.
Los paneles de discusión destacaron el intercambio y la integración de las mejores prácticas en sostenibilidad, fortaleciendo los esfuerzos para combatir el cambio climático, en particular dada la adopción por parte del sector privado de los principios de sostenibilidad como estrategias comerciales centrales.
Entre los temas tratados se encuentran la transición a una economía con bajas emisiones de carbono, las cadenas de suministro sostenibles y la innovación en tecnologías ecológicas. En el evento se mostraron estrategias y asociaciones exitosas, se alentó a las empresas a integrar la sostenibilidad en sus operaciones y se demostró el poder del sector privado para construir un futuro sostenible.
La Zona Verde, que atrajo un gran interés público durante el segundo día de la conferencia, contó con un rico programa de eventos, entre los que se incluyeron debates sobre el papel de las mujeres jóvenes en la lucha contra la injusticia climática en las comunidades vulnerables; el liderazgo de los jóvenes en materia de biodiversidad y acción climática; el papel de las comunidades locales en la conservación de la biodiversidad; la importancia de la diversidad de perspectivas en la acción climática; y la creación de sinergias entre el clima y la naturaleza. Expertos locales e internacionales participaron en estos eventos, organizados por una variedad de partes interesadas.
COP29
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El ambiente diplomático en Bakú era crispado, y la previsión es que pocos líderes acudirán a la tradicional cumbre climática de dos días que acompaña las COP.
La conferencia anual sobre el cambio climático (COP29) se abrió este lunes en Bakú (Azerbaiyán) con tensiones negociadoras que retrasaban la aprobación de la agenda, cuyo punto principal es la aprobación de una nueva financiación en favor de los países más vulnerables.
Menos de una semana después de la amplia victoria electoral del republicano Donald Trump en Estados Unidos, el ambiente diplomático en Bakú era crispado, y la previsión es que pocos líderes acudirán a la tradicional cumbre climática de dos días que acompaña las COP.
La gran cita anual del clima, bajo los auspicios de la ONU, se celebra de aquí al viernes 22 de noviembre mientras que el mundo se dirige a batir otro récord de temperatura.
«Nos encaminamos hacia la ruina. Y no se trata de problemas futuros. El cambio climático ya está aquí», alertó en la apertura el presidente de la COP29, el ministro de Ecología de Azerbaiyán, Mujtar Babaiev. «Llegó el momento de la verdad», añadió.
Tras esta introducción, los casi 200 países presentes en Bakú debían aproban su agenda de trabajo, pero las diferencias persistían sobre varios puntos, según fuentes coincidentes.
Y Estados Unidos, el segundo emisor mundial de gases de efecto invernadero, podría volver a abandonar el Acuerdo de París, firmado en 2015, base de todas las negociaciones, como ya hizo Trump durante su primer mandato presidencial (2017-2021).
Declarado escéptico del cambio climático, Trump podría decretar esa salida al asumir el poder en enero, decisión que se formalizaría un año después.
«Quiero decirles que aunque el gobierno federal en Estados Unidos, bajo Donald Trump, puede poner la acción climática en segundo plano, el trabajo continuará, con pasión y compromiso», aseguró el actual enviado especial del clima del gobierno de Joe Biden, John Podesta.
«Estados Unidos es una democracia» que hace menos de una semana eligió a un presidente «cuya relación con el cambio climático está dominada por las palabras ‘fraude’ y ‘combustibles fósiles'», añadió Podesta.
La COP29 debe demostrar que la cooperación mundial «no está en punto muerto», pidió el jefe del organismo de la ONU para el Clima, Simon Stiell.
Meses de negociaciones
La COP29 de Bakú ha sido denominada informalmente la «COP de la financiación», porque debe lidiar con el tema esencial de las ayudas que los países que más contribuyen al problema le deben aportar a las naciones más perjudicadas.
Durante meses los casi 200 países del Acuerdo de París han negociado un borrador de acuerdo para fijar una nueva cantidad de ayuda.
En 2009, en la COP15 de Copenhague, se acordó que los países industrializados entregarían 100.000 millones de dólares anuales, en ayuda directa o préstamos multilaterales. Transición
Ese volumen de ayuda se alcanzó con dos años de retraso, en 2022, y ahora los expertos afirman que se necesita como mínimo una cantidad diez veces superior.
Esa ayuda debe servir tanto para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, particularmente mediante una gigantesca reconversión energética mundial, como en la adaptación, es decir, la construcción de diques, la adaptación de los hogares a las temperaturas extremas…
Una región como América Latina emite menos del 10% de gases de efecto invernadero, pero es una de las que más impacto sufre por el calentamiento del planeta.
El financiamiento de la lucha climática no es «caridad» sino «del interés de todos», insistió Stiell, quien pidió un acuerdo «ambicioso».
Además de la cifra de la ayuda y del calendario, las naciones deben ponerse de acuerdo en quién paga. En 2009, el grupo de países que asumieron los 100.000 millones de dólares eran poco más de 30, y China se quedó afuera.
Ahora la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, quieren que Beijing asuma parte de la factura, lo que se anuncia difícil.
China, el principal emisor de gases, cuenta con su propia agenda de ayuda climática. Y por otro lado domina grandes sectores de la reconversión energética, como los metales raros.
El año pasado, en Dubái, los países lograron arrancar con dificultades una declaración final de la COP28 en la que se asumía, por primera vez, que los países debían emprender una «transición» hacia el fin de las energías fósiles.
Pero la Agencia Internacional de la Energía (AIE) recordó en su último informe anual que el 80% de la energía mundial sigue procediendo de esas fuentes (carbón, petróleo, gas).
Fuente/Emol
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La Conferencia de las Partes del Convenio Sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) finalizó el sábado en Cali, Colombia, tras la última plenaria que se extendió por casi 24 horas y dónde además se acordó crear un fondo multilateral para distribuir los beneficios económicos por el uso de la información digital de secuencias sobre recursos genéticos.
Tras una última plenaria que se extendió hasta el sábado, con casi 24 horas de discusión para cerrar los últimos acuerdos que quedaban sobre la mesa, el sábado finalizó la COP16 de Biodiversidad, realizada en Cali, Colombia.
Y lo hizo alcanzando valiosos acuerdos, como la creación – tras ocho años de negociaciones- de un marco para identificar y actualizar las áreas oceánicas cruciales para la salud de los océanos, una decisión ligada a las Áreas Marinas Ecológicamente o Biológicamente Significativas (EBSA, por sus siglas en inglés) y que son definidas por la CBD como zonas del océano donde “de un modo u otro se cumplen funciones importantes, con un significado ecológico y biológico claves para el buen funcionamiento de los océanos y los numerosos servicios ecosistémicos que prestan”.
El acuerdo –seguido de cerca por la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en su rol de Champion para temas de biodiversidad marina- fijó a las EBSAs ya estudiadas como base científica para las medidas de conservación, restauración y gestión de los ecosistemas marinos que se esperan generar, una acción clave para cumplir con la Meta 30×30.
Pero también se cerraron otras negociaciones de último momento, como la creación del “Fondo Cali”, que distribuirá los beneficios económicos que se obtienen del uso de información digital de secuencias sobre recursos genéticos (DSI, por sus siglas en inglés), que son las secuencias de ADN de un ser vivo y que permiten entender, por ejemplo, por qué una especie puede vivir en un ambiente extremo. De esta discusión, la ministra Maisa Rojas fue facilitadora en la pasada COP15, pavimentando el camino para lo que en Cali se alcanzó.
Otra histórica negociación que durante años han levantado los pueblos indígenas y que en esta COP fue priorizada por la presidencia fue la creación de un órgano subsidiario del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) para implementar el artículo 8j sobre conservación de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales. En esta misma línea, también se alcanzó el reconocimiento de los afrodescendientes como protectores de la biodiversidad.
La histórica inclusión fue una negociación priorizada por la presidencia de la COP, por lo que su éxito fue aplaudido por todo el plenario. Ahora, las comunidades locales y los pueblos indígenas serán un grupo de trabajo permanente en las negociaciones del Convenio y, además, serán asesores de la Secretaría, tal como los órganos de Implementación y el de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico.
Chile en la COP16
La ministra Rojas fue designada Champion de esta COP para destrabar las negociaciones sobre biodiversidad marina, costera e insular. En ese rol, la secretaria de Estado apoyó en las discusiones sobre EBSAS y Biodiversidad Marina Costera.
Además, la ministra Rojas continuó impulsando a los países a adherir al Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), que requiere la ratificación de 60 países para que entre en vigor: ya van 16. Lo hizo anunciando la iniciativa First Movers, que lidera Chile y está integrada por Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Nigeria, Palau y Seychelles.
“Es una carrera que hay que ganar. Sin este tratado no tenemos cómo proteger la alta mar, porque este instrumento brindará gobernanza en estas áreas. Necesitamos que entre en vigor rápidamente y eso fue lo que enfatizamos sobremanera en esta COP», enfatizó.
Durante esta COP16, Chile también presentó sus avances en materia de restauración de ecosistemas, el enfoque de género y de derechos humanos en los temas de protección de la biodiversidad y la valorización de ésta para el sector financiero, además de los avances en la instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo clave para el cumplimiento del Marco Global de Biodiversidad de Kumming-Montreal.
Una de las propuestas que generó interés en la COP fue el Compromiso por la Conservación de los Hongos, un innovador acuerdo presentado junto al Reino Unido y la Fundación Fungi, que busca posicionar a los hongos como un reino biológico independiente en las legislaciones y políticas públicas, priorizándolos dentro de los acuerdos multilaterales de biodiversidad, además de destacar el rol que cumplen para el funcionamiento de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático y del que Colombia, México, Costa Rica, Perú, Ecuador, España, Benín, Guinea y Camboya ya son parte.
Otro de los avances que presentó Chile en la COP, junto a más de 100 países, fueron sus Metas Nacionales alineadas al Marco Global de Biodiversidad, que se comprometió a cumplir al año 2030. “Nosotros nos comprometimos con 35 Metas Nacionales. Estas 35 metas son parte de nuestra Estrategia Nacional de Biodiversidad actualizada y alineada con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, la cual será sometida a consulta pública durante el año 2025”, enfatiza la secretaria de Estado.
Esta COP fue la más numerosa de todas, registrando una participación total de más de 30.000 personas. Chile, en tanto, contó por primera vez dentro del Convenio de Biodiversidad con su propio pabellón, que albergó 57 eventos, con una amplia participación de expertos nacionales e internacionales y de actores no estatales, el cual contribuyó de manera categórica a generar un espacio real y efectivo de conversación y puntos de encuentros en diferentes materias de conservación y sostenibilidad.
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Conversación
LA COP16 CONCLUYE CON ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO A COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES
Las comunidades indígenas y comunidades locales integrarán el tercer órgano subsidiario de la cumbre de biodiversidad. También avanzan en el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes. Financiación y monitoreo de acciones, los puntos pendientes.
La 16ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (COP16) llegó a su fin después de 12 días de discusiones en Cali, la ciudad del Pacífico colombiano que recibió a 170 delegaciones oficiales, según el balance del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del país anfitrión. El principal acuerdo que se logró es el reconocimiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes como protagonistas de la conservación de la biodiversidad.
Al cierre de la COP16,se aprobó la creación del órgano subsidiario del artículo 8J para pueblos indígenas y comunidades locales, contemplado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el instrumento internacional para “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”. El objetivo central del Convenio, adoptado por 196 países en el año 1992, es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible.
El artículo 8J señala, específicamente, que cada país firmante “respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”. También destaca que se promoverá su aplicación más amplia con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de su utilización se compartan equitativamente.
De ahí que la creación del nuevo órgano subsidiario, es decir, la formalización de un espacio permanente para que los pueblos originarios participen en la toma de decisiones sobre biodiversidad, salde una deuda del Convenio sobre Diversidad Biológica que completaba más de tres décadas. Se trata de un espacio que permitirá fortalecer la articulación de los países con los pueblos indígenas y las comunidades locales en la definición de acciones que contribuyan a la protección de la naturaleza.
“Esta es una ocasión sin precedentes en la historia de los acuerdos multilaterales sobre ambiente. Los pueblos indígenas y las comunidades locales del mundo, conectadas desde nuestros sistemas de conocimientos en el cuidado de la vida, la biodiversidad, recordamos el largo camino que hemos recorrido en este convenio”, dijo Camila Paz Romero, vocera de los pueblos indígenas.
“Este nuevo órgano subsidiario es un referente para el resto del mundo en que las partes reconocen la necesidad continua de nuestra participación plena y efectiva, conocimientos, innovaciones, tecnologías y prácticas tradicionales para cumplir los objetivos del convenio”, añadió.
Los otros dos órganos subsidiarios que asisten a la Conferencia de las partes son el de asesoramiento científico, técnico y tecnológico, que realiza la evaluación del estado de la biodiversidad; y el de implementación, que formula recomendaciones sobre aspectos técnicos y científicos de la aplicación del convenio.
Reconocimiento a comunidades afrodescendientes
El otro logro de la COP16 es el reconocimiento que obtuvieron las comunidades afrodescendientes como parte del artículo 8J del Convenio sobre Diversidad Biológica. Con ello se les considera actores fundamentales para el cuidado y la protección de la biodiversidad y se les concede el acceso a recursos para financiar proyectos que ayuden a salvaguardar el medio ambiente. De igual forma, podrán participar en discusiones ambientales globales, incluida la próxima Conferencia de las Partes (COP).
Beneficios compartidos
La COP16 también dio lugar a la creación del fondo mundial para el recaudo de recursos económicos provenientes del uso de información de secuencias genéticas digitalizadas y su distribución justa y equitativa. De este modo, las empresas que utilicen esta información para el desarrollo de sus productos tendrán que destinar parte de sus ganancias a un fondo, del cual se destinarán recursos a pueblos indígenas y comunidades locales, directamente o por medio de los gobiernos. Para compartir los beneficios, se tendrán en cuenta criterios como las necesidades de conservación y la riqueza en materia de biodiversidad de los países. En referencia a la sede de la COP16, se le ha denominado “fondo Cali”.
Financiación y monitoreo: puntos pendientes
Al término de la COP16 quedaron dos puntos pendientes de acuerdo, ambos trascendentales para la implementación del Marco Mundial Kunming-Montreal para la Biodiversidad, el plan global que se adoptó durante la COP15 en Canadá para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para el año 2030. La razón fue la suspensión de la cumbre debido a que ya no había un número suficiente de negociadores. “Eso deja algunos retos para la convención y corresponde empezar a subsanarlos”, reconoció la ministra de ambiente de Colombia y presidenta de la Conferencia, Susana Muhamad.
Uno de ellos fue la falta de definición de un modelo de financiamiento para llevar el plan de protección de la biodiversidad a la realidad, identificando las fuentes de recursos, los mecanismos de acceso y de ejecución. Los cálculos indican que para la implementación del marco se requieren 700.000 millones de dólares. El otro punto que no se alcanzó a concretar fue el del mecanismo de monitoreo para medir los avances de los países en el cumplimiento de la hoja de ruta para la protección de la biodiversidad.
La COP de la gente
Según el Gobierno de Colombia, además de las delegaciones oficiales que formaron parte de las discusiones de la cumbre mundial más importante sobre biodiversidad, se registraron alrededor de un millón de visitas a la llamada zona verde, un área dispuesta para la participación de la sociedad civil. Se calcula que unas 40.000 personas asistieron a una variada agenda de actividades académicas.
“En resumen, esta fue la COP de la gente. Se instaló la coalición ‘paz con la naturaleza’ y se logró movilizar tal vez la campaña de educación más importante que haya tenido Colombia en su historia y la movilización por la vida más importante que hayamos hecho. Sobre todo, ver tanta gente emocionada por la biodiversidad”, puntualizó Muhamad.
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