El proyecto GEF SBAP busca fortalecer la coordinación intersectorial para integrar la conservación de la biodiversidad a nivel nacional, regional y local.

En el Parque Nacional Río Clarillo, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, junto a la directora del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Patricia Ibáñez, y la representante de la FAO en Chile, Eve Crowley, participaron en el primer taller del nuevo GEF SBAP, programa que apoyará la implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Se trata de una iniciativa que cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), y que es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con la Corporación Nacional Forestal (Conaf), con la implementación a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Tras una exitosa fase de diseño, este año comenzó oficialmente la etapa de implementación de esta nueva iniciativa que se desarrollará durante cinco años. En esta fase inicial, el enfoque principal está en apoyar la elaboración de los reglamentos del SBAP, un elemento clave para habilitar su puesta en marcha y funcionamiento operativo.

“Estoy muy contenta de celebrar en el Parque Nacional Río Clarillo el lanzamiento oficial de este importante proyecto GEF que será un aliado estratégico para la implementación efectiva del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el principal legado ambiental del gobierno del Presidente Gabriel Boric”, expresó la ministra Rojas.

“Recordemos que el SBAP no solo administrará un sistema nacional integrado de áreas protegidas, sino que también contará con herramientas innovadoras, como incentivos económicos para la conservación, nuevas facultades para fortalecer el rol fiscalizador de los guardaparques y la creación del Fondo Nacional de la Biodiversidad, destinado a financiar proyectos de conservación”, sostuvo la autoridad ambiental, y agregó que esto permitirá a Chile “avanzar hacia un desarrollo más justo, resiliente y en equilibrio con la naturaleza”.

El GEF SBAP busca fortalecer la coordinación interinstitucional para integrar la conservación de la biodiversidad a nivel nacional, regional y local. Esto último a través del fortalecimiento de los marcos políticos regulatorios y de los procesos e instrumentos para alcanzar coherencia en políticas públicas e institucionalidad asociada a conservación de la biodiversidad en el país; la creación de capacidades y manejo de la información para fortalecer la gestión de la conservación; y la facilitación de procesos y creación de mecanismos para transversalizar la conservación de la biodiversidad.

La representante de la FAO en Chile, Eve Crowley, expresó que «hoy comenzamos una nueva etapa con este proyecto GEF, que tiene por misión apoyar decididamente la implementación del SBAP. Lo hará fortaleciendo capacidades técnicas, generando articulación interinstitucional y promoviendo la integración de la biodiversidad en las políticas públicas a nivel nacional, regional y local».

En esta línea enfatizó que «para lograrlo, el compromiso de múltiples actores es clave. Servicios como Bienes Nacionales, MOP, MINVU, SAG, SERNAPESCA, SUBPESCA, gobiernos regionales y comunales, ONG, comunidades indígenas, el mundo académico, el sector privado y la ciudadanía son parte esencial de este esfuerzo colectivo”.

En tanto Víctor Lagos San Martín, gerente de Áreas Protegidas de CONAF, valoró que “el Proyecto GEF/SBAP surge como una iniciativa de pilotaje para la implementación de la nueva institucionalidad en la gestión de las áreas protegidas. Pero, en los actuales escenarios legales y de avances en esta materia, hoy se trata de un proyecto que constituye una herramienta pragmática y de priorización de la gestión que se estará desarrollando desde esta nueva institucionalidad”.

“Se viene un nuevo tiempo, donde vamos a seguir trabajando en conjunto y protagónicamente en estos temas. Hoy el senado está ad portas de aprobar la Ley del SERNAFOR y está ad portas de ser aprobada también, la ley miscelánea que adelanta el proceso de traspaso de CONAF al SBAP. Sin dudas, tiempos de una nueva institucionalidad ambiental para nuestro país”, sostuvo Lagos.

El instrumento, creado de la mano con la comunidad, fortalecerá la gestión y administración de las zonas de conservación de Isla de Pascua a través de una co-gobernanza liderada por los propios habitantes.

Gracias al esfuerzo sostenido de todos los actores involucrados, hoy Isla de Pascua cuenta con un Plan de Manejo Integrado que resguarda sus recursos marinos, fortalece la gobernanza local y respeta profundamente la cosmovisión del pueblo Rapa Nui.

Por último, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, comentó que “lo que más valoramos desde Subpesca es el respeto y la perseverancia con que se ha desarrollado este proceso. El respeto, porque se ha dado en dos dimensiones. Primero, el respeto a la cultura, a las tradiciones, a los derechos que tienen como comunidad Rapa Nui. Y, por cierto, también el respeto a las normas, a la institucionalidad pública, que ha logrado conversar a través de este proceso, que es difícil. Por ello hubo que tener un segundo atributo, que era la perseverancia, como para estar años buscando un objetivo como este, que es un objetivo que también trasciende al largo plazo”.

Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura cuentan con un Memorándum de Entendimiento con Blue Nature Alliance (BNA), organización que colabora con gobiernos, ONGs, pueblos indígenas y comunidad científica para promover la conservación efectiva de los océanos a gran escala, y que en Chile ha acompañado y apoyado activamente al Consejo Directivo en la protección de las AMPs de Rapa Nui, y que continuará colaborando en diversas áreas claves.

El presidente del Consejo Directivo, Felipe Nahoe, reconoció que “lo más importante de esta era aprobar el Plan de Manejo Integrado de las Áreas Marinas Protegidas de la isla. Me voy contento y feliz de poder ya ir con mi plan en la mano a la isla y mostrarle a la comunidad que tengo el decreto formal”.

Este nuevo plan, considerado fundamental tanto para el Consejo Directivo del Área Marina Protegida como para la comunidad, comenzó a gestarse en 2019, tras una serie de talleres que permitieron identificar las necesidades locales y priorizar acciones. Posteriormente, entre 2022 y 2023, el documento fue revisado en detalle junto a la comunidad, consolidando un instrumento legítimo y representativo.

Trabajo mancomunado

De esta forma, se dio un histórico paso para la protección de las áreas marinas protegidas de la isla, gracias a un proceso ampliamente participativo, enmarcado en el Convenio 169 de la OIT, que contempló incluso una consulta indígena, que culminó con una inédita votación realizada en forma simultánea en Rapa Nui, Santiago y Valparaíso, donde un 86% de la comunidad Rapa Nui sufragó en favor del plan, validando el trabajo colectivo y el compromiso con la conservación marina.

“Ahora, el gran desafío es que este Plan de Manejo Integrado sea implementado, para hacer cada vez más efectiva la necesaria protección de esta área marina protegida”, profundizó.
“Estamos muy contentos de que el pueblo de Rapa Nui, en conjunto con el Estado, ha llegado a este hito histórico, que es una posibilidad de gobernanza inédita en nuestro país, ya que hemos llegado a acuerdos con el pueblo de Rapa Nui, que nos ha solicitado también que las áreas protegidas deben estar en equilibrio con las actividades que ellos ancestralmente han desempeñado”, valoró el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.

En una ceremonia encabezada por el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, junto al subsecretario de Pesca y Acuicultura (Subpesca), Julio Salas, y un representante de la Directora Nacional del Servicio de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Jaime Montenegro, el presidente del Consejo Directivo, Felipe Nahoe, y los representantes del Consejo del Mar (Koro Nui o Te Vaikava), se destacó la relevancia de este instrumento para la protección y gestión sostenible del maritorio de Rapa Nui.

Tras años de trabajo entre ministerios, servicios públicos y la comunidad, hoy se aprobó el Plan de Manejo Integrado de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) de Rapa Nui, un instrumento que fortalecerá la gestión y administración de las zonas de conservación a través de una co-gobernanza liderada por los propios habitantes de Isla de Pascua. Como resultado, hoy Chile lidera la cobertura de áreas marinas protegidas con Plan de Manejo vigente.

La ceremonia fue presidida por el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego y el Presidente de la Fundación Cruz de Piedra, Matías Pérez.

Este santuario cuenta con 93.000 hectáreas que albergan un ecosistema altoandino natural de gran valor, aportando al país una superficie de área protegida privada que representa cerca del 6% de la Región Metropolitana.

Con la presencia del Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; el Alcalde de San José de Maipo, Roberto Pérez; el Presidente de la Fundación Cuz de Piedra, Matías Pérez, se llevó a cabo la inauguración oficial del Santuario de la Naturaleza Cruz de Piedra, marcando un hito en la protección de los ecosistemas de alta montaña en Chile.

En el evento también estuvieron presentes representantes de empresas y organizaciones como Carabineros de Chile, la Universidad de Chile, Codelco, Gas Andes, Rio Tinto, TNC, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre otros. Asimismo, miembros de los Directorios de Empresas GASCO S.A., GASCO Inversiones S.A. y Fundación Cruz de Piedra.

“Este Santuario representa un compromiso de la empresa privada, en este caso GASCO Inversiones S.A., con la conservación del medio ambiente y el desarrollo de un modelo sostenible de gestión del territorio, cuyo principal objetivo será que este espacio se convierta en un referente de protección de la biodiversidad y en un punto de encuentro para la investigación científica y la educación ambiental” señaló el Presidente de la Fundación Cruz de Piedra, Matías Pérez.

El Gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, comentó “la protección de la naturaleza y la biodiversidad no es solamente tarea del sector público, es una tarea compartida entre los privados, la comunidad y, por supuesto, el Estado. Por eso, desde el Gobierno de Santiago estamos impulsando una política regional para complementar este tipo de acciones y proteger la cuenca del río Maipo, la flora y la fauna”.

Un territorio clave para la conservación

En septiembre del 2023, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, por votación unánime, propuso al Presidente de la República, Gabriel Boric, la creación del “Santuario de la Naturaleza Cruz de Piedra”, posteriormente, Ministerio de Medio Ambiente oficializó el otorgamiento de dicha categoría, a una superficie aproximada de 93 mil hectáreas del fundo Cruz de Piedra, ubicado en el predio de propiedad de GASCO Inversiones S.A.

El valor del territorio de este santuario, que representa el 6% de la Región Metropolitana, radica en su riqueza ecológica y geográfica, al albergar ecosistemas de alta montaña con recursos naturales prístinos y constituir un corredor biológico clave entre Chile y Argentina, permitiendo el desplazamiento de especies animales como pumas, guanacos y periquitos cordilleranos.

Entre las especies vegetales protegidas se encuentran el frangel, característico del bosque esclerófilo de la zona central y la Cordillera de los Andes, además de otras clasificadas como vulnerables. En cuanto a la fauna, se han desarrollado iniciativas claves como el repoblamiento y custodia del guanaco, en colaboración con la Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile.

Asimismo, se han implementado estrategias de manejo regenerativo del ganado, delimitando áreas de pastoreo para frenar la erosión del suelo y proteger ecosistemas frágiles.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, Horacio Bown, comentó “El Santuario es bien importante porque representa una iniciativa de cooperación público-privada donde, efectivamente, se van a conservar y restaurar alrededor de 93.000 hectáreas en ecosistemas que son altoandinos dentro de la región Metropolitana. Asimismo, hay aspectos de educación ambiental que pueden ser relevantes en el ámbito de cómo nuestra facultad puede contribuir a este santuario y al desarrollo de la disciplina”.

Actualmente, la Fundación trabaja en la elaboración de un Plan de Manejo, para establecer las estrategias para la conservación de la flora y fauna, la recuperación de suelos y la implementación de un modelo de gestión sostenible.

En la oportunidad, se presentó la nueva página web de la Fundación Cruz de Piedra santuariocruzdepiedra.cl, un espacio digital donde se podrá acceder a información detallada sobre el santuario, sus iniciativas de conservación y futuros proyectos.

En América Latina, los principales desafíos incluyen el acceso al capital y el crecimiento de la demanda energética, mientras que las redes de transmisión se posicionan como la mayor prioridad de acción.

La transición energética es uno de los principales desafíos globales en la lucha contra el cambio climático. A nivel mundial, los países buscan acelerar la adopción de energías renovables, mejorar la eficiencia energética y fortalecer sus redes eléctricas. En este contexto, Chile se ha posicionado como un referente en la región gracias a sus ambiciosos compromisos climáticos y la implementación de políticas públicas que impulsan la descarbonización de su matriz energética.

El reciente informe Issues Monitor 2025 del World Energy Council (WEC) destaca a Chile como un referente clave en la transición energética global. Este informe, basado en las percepciones de más de 3.000 líderes de la industria energética en más de 100 países, identifica las principales incertidumbres y prioridades del sector a nivel mundial. En América Latina, los principales desafíos incluyen el acceso al capital y el crecimiento de la demanda energética, mientras que las redes de transmisión se posicionan como la mayor prioridad de acción. En particular, el documento resalta la necesidad de modernizar las redes eléctricas en Chile para facilitar la integración de energías renovables y asegurar la estabilidad del sistema.

En este contexto, la Ley de Transición Energética (Ley N° 21.721), publicada en enero en el Diario Oficial, marca un hito al introducir modificaciones sustantivas a la Ley General de Servicios Eléctricos. Francisco Leiva, gerente de proyectos y desarrollos de Negawatt, valoró positivamente la nueva normativa, destacando que «agiliza los proyectos de transmisión de electricidad y aborda de manera directa los problemas de vertimiento solar y energía renovable no inyectada a la red eléctrica». Asimismo, la ley prioriza proyectos de infraestructura crítica, fortaleciendo la resiliencia del sistema.

Según Leiva, la legislación también abre espacios para la integración de tecnologías digitales y herramientas de analítica avanzada, permitiendo el desarrollo de nuevos servicios y la incorporación de actores emergentes al mercado energético. Además, potencia la figura del prosumidor —usuarios que producen y consumen su propia energía— y fomenta la expansión de soluciones como el almacenamiento distribuido y los programas de gestión de energía.

«El fortalecimiento de la infraestructura eléctrica puede habilitar el uso de vehículos eléctricos como prestadores de servicios complementarios a la red, impulsando una mayor flexibilidad y eficiencia en el sistema», agregó Leiva.

Desafíos pendientes en el camino energético

A pesar de los avances, persisten desafíos relevantes. Uno de los principales es la necesidad de agilizar los procesos de permisología, manteniendo los estándares medioambientales. «Es fundamental que los procesos de aprobación sean más rápidos y eficientes», señaló el vocero de Negawatt.

Además, el debate sobre la distribución de los costos de la nueva infraestructura eléctrica es crucial. «Es necesario garantizar una distribución equitativa entre consumidores industriales, mineros y residenciales. También debemos evaluar cómo involucrar al consumidor final para que participe activamente en esta transición energética», enfatizó Leiva.

Para enfrentar estos desafíos, Leiva subrayó la importancia de fomentar la competencia en el sector, mejorar los procesos administrativos y fortalecer el rol del prosumidor. «Una transición energética efectiva y justa requiere una colaboración activa entre el sector público, privado y los consumidores. Esta ley es un paso significativo, pero el compromiso continuo será clave para alcanzar un sistema energético sostenible y resiliente».

Con la mirada puesta en los próximos años, Chile continúa consolidándose como un actor relevante en la transición energética global, impulsando soluciones innovadoras y sostenibles para enfrentar los desafíos del futuro energético.