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PRINCIPALES ACTORES DEL MEDIO AMBIENTE HACEN UN BALANCE POSITIVO DEL NUEVO SERVICIO DE CONSERVACIÓN
Representantes de Oceana, WWF y Subpesca se refieren al proyecto de ley que firmó esta mañana la Presidenta Michelle Bachelet que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas (SBAP) a nivel nacional.
Diversos actores del sector del Medio Ambiente y protección de áreas silvestres del país destacaron como positiva la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), luego de que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmara el proyecto de ley en la localidad de Bahía Cisne.
El principal objetivo de esta medida es unificar la administración de los diversos parques y áreas protegidas en el país, incluyendo las áreas marinas, bajo un solo organismo, además de velar por los ecosistemas sin protección a lo largo del territorio nacional principalmente aquellas de alto valor ambiental.
“La expectativa es que mejore significativamente el escenario actual sobre todo porque unifica la conservación terrestre y marina en un solo servicio mientras que hoy están dispersas entre diferentes organismos y esto le quita mucha efectividad. Esto era una de nuestras debilidades”, señala Roberto Catalán director de conservación de la Organización Mundial de la Conservación (WWF) a La Tercera.
Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana, por su parte destaca que es una medida largamente esperada “que puede cambiar de manera importante el escenario en la medida que se le den las atribuciones y presupuesto suficiente para proteger efectivamente la biodiversidad y ecosistemas más importantes” y advierte que “el peor error que se puede cometer es crear un servicio débil sin capacidad para gestionar lo que está protegido”.
En tanto el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, señaló que «valoramos el proyecto el que, en conjunto con el ministro Céspedes y Badenier, trabajamos intensamente para afinar detalles de nuestra competencia. Entendemos que esto es un gran paso que comienza a dar nuestro país para la protección de nuestra biodiversidad«.
Una de las medidas del SBAP que WWF destaca como relevante, es la implementación de la administración de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que incluye a superficies privadas, y la creación y elaboración de planes de manejo de áreas zonas.
“Eso es algo interesante que trae esta ley ya que no sólo las áreas protegidas del Estado están incorporadas sino también otras iniciativas de conservación privadas y de comunidades”, indica.
MAYOR FISCALIZACIÓN
Según señaló la Presidenta Michelle Bachelet, el nuevo servicio de conservación de ecosistemas nacionales tendrá facultades de fiscalización dentro de las áreas que conforman los territorios protegidos e incluso podrá fiscalizar las leyes de pesca y acuicultura, caza y pesca recreativa.
Para Roberto Catalán, la fiscalización que hasta ahora se estaba llevando a cabo “es muy débil. Actualmente tenemos áreas protegidas terrestres que tienen solo un guardaparques y algunos sólo se quedan por muy poco tiempo. En la medida que haya mayor presupuesto y mejores condiciones laborales, la fiscalización debería mejorar”. Además plantea que es en el área marina donde existe mayores problemas en cuanto a fiscalización ya que existen problemas de coordinación con subpesca y la armada que son los que tienen las capacidades para realizarla.
“Nosotros vemos como algo difícil que el Ministerio de Medio Ambiente cuente con embarcaciones o patrullajes como los que tiene la armada, así que el desafío que tiene esta ley es la correcta coordinación con los organismos involucrados en la conservación”, agrega.
Por su parte, Alex Muñoz sugiere que debería reforzarse la fiscalización de la pesca ilegal y trabajar en conjunto con la Armada, Sernapesca y las mismas comunidades locales que están en posición de ayudar al control en las zonas costeras.
FINANCIAMIENTO
El proyecto de ley incluye la creación de un Fondo Nacional de Biodiversidad que se destinará para financiar principalmente programas de investigación y conservación fuera de las áreas protegidas, con recursos públicos y privados.
“Esperamos que la ley considere un presupuesto suficiente ya que si la institucionalidad en términos de protección era débil, en términos de financiamiento era mucho más débil”, dice Roberto Catalán que además destaca la inclusión de los ecosistemas que no pertenecen a áreas protegidas y de un sistema de investigación y ordenamiento “que revele cuáles son los lugares más importantes de conservar, esto tanto para la instalación de proyectos de alto impacto como para la protección de nuevas áreas protegidas”.
En Oceana en tanto esperan que se equipare la situación nacional donde “la protección de los océanos está mucho más postergada que la terrestre y, por lo tanto, se requiere la creación de nuevas áreas y la debida implementación de fondos que permitan resguardarlas”.
Fuente:latercera.com
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