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Valentina Durán y la gestión ambiental basada en la equidad

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Valentina Duran - sentidos comunes
Asistió al primer curso de Derecho Ambiental que se dictó en el país en 1994, en las salas de la Universidad de Chile, y ahora es docente de esta cátedra.  Su primer trabajo como abogada ambientalista lo hizo en la Conama, y hoy es socia de un estudios de abogadas que se dedicada a temas de sustentabilidad, y presidenta de una consultora dedicada al mismo tema. Este año integró la Comisión de Medioambiente del Comando de Michelle Bachelet, y acá hace una revisión a los resultados de ésta, que terminaron en el programa presidencial de la candidata de la Nueva Mayoría.
¿De qué se trata la idea de tener una gestión ambiental basada en la equidad?

La desigualdad en todas sus expresiones es una gran fuente de descontento social y su combate ha sido un eje muy importante en el discurso y motivaciones de Michelle Bachelet. Y la desigualdad también se expresa cuando hablamos de medioambiente. Está ampliamente demostrado y todos podemos apreciar cómo el deterioro ambiental y la contaminación afectan directamente y con mayor gravedad a la calidad de vida y la salud de la población más vulnerable. ¿Quiénes? Los más pobres, los niños, los ancianos que sufren cada invierno con los episodios críticos de calidad del aire, los pequeños agricultores, productores y pescadores cuya subsistencia depende de la calidad de los elementos del medio ambiente y de la disponibilidad de los recursos naturales, los trabajadores informales que se exponen a riesgos.  Esta desigualdad brutal, además de ser injusta, genera un clima de inestabilidad que dificulta la inversión.

Michelle Bachelet ha dicho que el desarrollo no es verdadero si no es inclusivo y sustentable y esto significa no sólo que debemos equilibrar el crecimiento económico y la protección ambiental, sino también, hacerlo con equidad social, con las generaciones presentes y también con las futuras.

En concreto, una gestión ambiental basada en la equidad o en la justicia ambiental quiere decir privilegiar el diálogo entre todos los sectores, reduciendo las asimetrías existentes, y nivelando la cancha. La experiencia nos muestra que lo barato cuesta caro en todo sentido.

Tres medidas concretas ilustran esta gestión ambiental basada en la equidad: (1) Se establecerán nuevos mecanismos institucionales y recursos para dar orientación efectiva, mediación y defensa ambiental ciudadana, que facilite la solución de problemas ambientales locales. (2) Además, para aquellas comunidades potencialmente afectadas por un proyecto sometido a evaluación ambiental, se diseñará una  instancia de apoyo técnico para analizar y entender las  implicancias de la eventual instalación de esa actividad, y para facilitar una participación informada en la evaluación ambiental. (3) En cuanto a pasivos ambientales, el impulso a un plan nacional de gestión de situaciones graves de contaminación existente, con la más amplia participación y un plan integral para disminuir, hasta erradicar, la grave exposición a sustancias y pesticidas tóxicos que existan en aquellos territorios de grave exposición o con graves efectos heredados.

¿Cuáles tienen que ser las primeras medidas para que el Estado ejecute una mejor y más equitativa política ambiental?

En su anterior gobierno, Michelle Bachelet logró sacar adelante en un tiempo récord, la ley que reformó la institucionalidad ambiental, creando por primera vez un Ministerio del Medio Ambiente, separándolo del nuevo Servicio de Evaluación Ambiental, y, muy importante, creando la Superintendencia del Medio Ambiente que se dedica exclusivamente a la fiscalización ambiental orientada a lograr el mayor cumplimiento ambiental. También presentó el proyecto de creación de los Tribunales Ambientales que se aprobó durante este gobierno.

Esta reforma del 2010 requiere ser profundizada y completada,  dándole mayores recursos a las instituciones creadas. Además hay dos áreas que son de la mayor urgencia y que inspiran las medidas de los 100 primeros días en la gestión ambiental.

Primero: Recorriendo el país la ex presidenta ha quedado alarmada por los graves problemas de calidad del aire en Santiago y en regiones. Al menos 10 millones de personas están expuestas a una concentración promedio anual de MP 2,5 superior a la norma. Más de 4000 personas mueren prematuramente al año por enfermedades cardiopulmonares asociadas a la exposición crónica a MP 2,5, que es el contaminante más dañino. Existe un porcentaje significativo de comunas que no cumplen la normativa vigente.

Por ello el compromiso es que en los primeros 100 días se iniciará el proceso de renovación de los planes de prevención y descontaminación en aquellos casos más urgentes, para incorporar las medidas más efectivas según las mejores tecnologías y prácticas hoy disponibles, para publicarlos dentro los dos primeros años.

Segundo: Y hay una pata coja que es la Biodiversidad. La reforma preveía que el enero de 2011 el gobierno tenía que presentar un proyecto de ley que creaba el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En marzo de 2011 se presentó ese proyecto de ley, pero su tramitación, tras casi tres años, sigue detenida.

Por eso en los 100 primeros días Michelle Bachelet impulsará en el Congreso la creación de un Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas dotado de herramientas para conocer, valorar, proteger y restaurar la biodiversidad a lo largo del país, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

El impacto del fenómeno del calentamiento global en el mundo va en constante aumento, ¿cuál es la situación de Chile, y con qué tipo de políticas publicas se enfrenta el problema?

El cambio climático, reconocido como el mayor problema ambiental global, tiene también un grave impacto nacional. Somos altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, que impacta y amenaza cada día más a la biodiversidad, paisaje, y a la vida diaria de los chilenos. Se predice que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) continuarán aumentando en forma significativa, siendo el consumo de energía en el país, el que más aporta a estas emisiones.

Debemos configurar nuestra gestión ambiental en forma coherente con la importancia del desafío que implica el fenómeno del cambio climático. Hemos propuesto que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad pase a denominarse “Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático”. Este órgano debe elaborar, con la máxima celeridad posible, un nuevo plan nacional de cambio climático con una visión transversal e integrada, en adaptación, mitigación de impactos y creación de capacidades, orientando las medidas adoptadas hacia una economía baja en carbono que beneficiarán doblemente a Chile: aportarán tanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como a la calidad del aire que respiramos en Chile y a la calidad de vida de los chilenos.

La meta mínima es cumplir el compromiso de emisiones de gases de efecto invernadero, asumido por Michelle Bachelet en nombre de Chile el 2009 en la XV Conferencia de las Partes de Cambio Climático, de reducción de emisiones en un 20% al 2020 sobre la línea de base del año 2007.

Ésta es una tarea de Estado y se recogerá todo lo avanzado hasta ahora para avanzar con paso decidido porque tenemos que llegar al 2015 con un compromiso vinculante que ofrecer al mundo en la Conferencia de las Partes que se celebrará en París, y ser capaces de cumplirlo.

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¿Cuál es la evaluación que haces sobre el uso y el respeto que le da el mundo público y privado a nuestros recursos naturales; y específicamente al agua? ¿Cuáles deben ser los lineamientos de las políticas sobre el uso de este elemento?

Nuestra economía se ha basado en la extracción y uso de nuestros recursos naturales.  Pero estamos frente a un modelo que se agotó. En cuanto al mercado de los derechos de aguas, el resultado es que ni siquiera el Estado sabe bien cuales ni cuántos son, no se resguarda nuestro patrimonio ambiental, el mundo rural no tiene suficiente acceso al agua, y tenemos acuíferos sobre explotados de manera dramática y en definitiva no se aseguran los usos sociales del agua. La institucionalidad pública en este ámbito es insuficiente y no efectiva para cumplir los roles fundamentales de planificación, normativo, de fomento, diseño de política, regulación y fiscalización.

El Estado tiene que asumir su responsabilidad para que aprovechemos nuestros recursos en forma adecuada y sustentable. Y en esto la reforma política y la nueva Constitución son fundamentales. En cuanto a las aguas, estamos frente a un modelo que se agotó, y el cambio climático nos anuncia que la escasez hídrica que hoy enfrentamos no hará más que aumentar. ¿Cómo les explicaremos a nuestros nietos que no hicimos nada frente a esto?

Por eso las medidas van desde la Nueva Constitución, hasta acciones urgentes a iniciar en los 100 primeros días de gobierno. En una nueva Constitución, junto con el derecho de propiedad y la libre iniciativa económica, el Estado deberá tener el dominio pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos y mineros y derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales. De un punto de vista jurídico, la Nueva Constitución deberá reconocer las aguas como bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares. La ley debe poder reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas para asegurar la disponibilidad, calidad, seguridad y continuidad del recurso hídrico para todas las personas y usos. Hoy tenemos acuíferos agotados, como en Copiapó, donde estuve recientemente en un foro, y situaciones graves en todo el país, que arriesgan severamente nuestra seguridad y sustentabilidad.

Entre las medidas más inmediatas, hay un compromiso para los primeros 100 días de Gobierno, de nombrar un Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, con dedicación exclusiva, a fin de identificar y avanzar en soluciones a la escasez de agua en el país. Existen a lo largo del programa otras medidas, como las Mesas Territoriales del Agua, para realizar los diagnósticos y adoptar las medidas necesarias tanto a nivel nacional como en cada cuenca.

Las ciudades chilenas sufren cada día más por los efectos de la contaminación, ¿cómo se avanza hacia una mayor fiscalización y una normativa menos vulnerable? Ya sea en ruidos, residuos, olores, etc.

Además de los problemas con la calidad del aire, tenemos que diversos estudios han analizado la presencia de sitios con suelos contaminados en distintas zonas del país, sin embargo, existe insuficiente información sobre este riesgo generado por distintas industrias y actividades a lo largo de nuestra historia. Adicionalmente, un 64%, de los suelos disponibles presentan erosión. Generamos 17 millones de toneladas anuales de residuos municipales e industriales. Más del 60% se disponen en rellenos sanitarios cumpliendo la reglamentación vigente, 20% en vertederos que cumplen estándares de los años 80, y el restante 20% se dispone aún en basurales o vertederos ilegales. Estamos expuestos a niveles de ruido que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

La creación de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tuvo detractores que no querían un organismo con facultades robustas capaz de ingresar a un establecimiento, detener o clausurar una actividad contaminante o imponer multas disuasivas. Pero afortunadamente Michelle Bachelet sacó adelante esta iniciativa, en línea de las recomendaciones de la OCDE, y hoy la SMA tiene todas las facultades necesarias y sólo requiere de mayores recursos, autonomía y presencia nacional completa para poder desplegar una estrategia de fiscalización que promueva el cumplimiento ambiental que es fundamental en un estado de derecho. La fiscalización responde a diseños de política para que idealmente los regulados reciban las señales suficientes de que más vale cumplir que esperar a ser sorprendido. En mi actividad privada constato todos los días el efecto que tuvo esta nueva institucionalidad. Hoy todos, algunos más y otros menos, están preocupados y ocupados viendo cómo cumplir o regularizar sus situaciones. Porque los riesgos de sanciones y de imagen son altos.

Y si lo relacionamos con la calidad de vida, la mayor parte de las denuncias que recibe la SMA se refieren a ruidos y olores, por lo tanto, esto debe tener una reacción tanto en términos de coordinar y mejorar la fiscalización, para lograr mejores niveles de cumplimiento, como para completar la normativa, aún insuficiente especialmente en materia de olores. También en términos de equidad, es importante que  la SMA se concentre en aquellas zonas más afectadas por cargas ambientales.

¿Cómo es posible que la contaminación de Santiago no sea una discusión política de primera línea?

Cada invierno la contaminación atmosférica se transforma en un tema de primera línea y probablemente el invierno de 2014 no será la excepción. Los costos en términos de muertes prematuras y atención de salud son enormes. Hemos avanzado, pero las soluciones son caras y requieren de la mayor decisión y coordinación, poniendo por delante la salud de las personas. Es importante que la autoridad entregue información completa, transparente y fidedigna sobre las concentraciones de contaminación, las fuentes y los episodios críticos, que se decreten a la brevedad las zonas latentes y saturadas, que se actualicen las normas y que se renueven los planes de prevención y descontaminación, no sólo en Santiago sino en el resto del país.

Necesitamos avanzar hacia planes efectivos incorporando nuevas medidas estructurales para enfrentar la contaminación, sobre la base de lo que nos dicen los estudios y la ciencia. Hoy los combustibles que más nos afectan son también los más baratos: la leña y el diésel. La leña, usada en el 5% de los hogares de Santiago, aporta hasta el 45% de las emisiones primarias de material particulado, y hasta un 70% en invierno. Las fuentes móviles diésel aportan 25 veces más PM2.5 que los gasolineros. El 2012 la OMS declaró el humo diésel como cancerígeno categoría A, a la par con el plutonio y el humo de cigarro.

Como parte de la reforma tributaria el programa plantea un impuesto a los vehículos de mayor consumo de diésel, además de una serie de medidas destinadas a mejorar el transporte público como la integración de las bicicletas, además del fuerte impulso a las energías renovables no convencionales.

Junto con reformas estructurales, debemos mejorar la fiscalización con una estrategia liderada por la Superintendencia, y considerar que las tecnologías actuales nos permiten por ejemplo incorporar activamente a los ciudadanos como colaboradores de la fiscalización, a un bajo costo.

¿Qué se debe considerar patrimonio natural? ¿Cuál es la mejor estrategia para protegerlo y promoverlo?

La diversidad biológica es parte del patrimonio natural y cultural de Chile. Constituye la base del desarrollo nacional en la medida que provee los recursos naturales, bienes y servicios de los cuales depende nuestro bienestar y el de las futuras generaciones, nuestra calidad de vida y propia identidad nacional. Por nuestro aislamiento, tenemos especies y ecosistemas únicos en el mundo, sobre los cuales tenemos poca información y muchas presiones y amenazas de grave pérdida de biodiversidad.

En su anterior gobierno, Michelle Bachelet creó o gestionó la creación de tres parques nacionales, un parque marino, un monumento natural, una reserva nacional, cinco santuarios de la naturaleza y tres sitios Ramsar. Pero no es suficiente, la biodiversidad requiere ser conocida, valorada y protegida tanto en áreas protegidas como fuera de ellas, a través de instituciones y herramientas efectivas. Por eso es urgente completar la reforma para contar con una ley de protección de biodiversidad que entregue estas funciones a un Servicio. Por eso se plantea también reforzar la investigación nacional en este ámbito.

Todavía algunos creen, negando toda evidencia, que la protección del medio ambiente es un lujo que países en desarrollo no se pueden permitir. Esa idea es obsoleta. El medioambiente es condición de bienestar.

Hoy el turismo en torno a los parques nacionales y a nuestros paisajes y recursos naturales puede ser una importante carta económica de nuestro país. Todavía algunos creen, negando toda evidencia, que la protección del medio ambiente es un lujo que países en desarrollo no se pueden permitir. Esa idea es obsoleta. El medioambiente es condición de bienestar. No es un lomo de toro. La mirada sabia y que le hace bien al país es aquella que entiende que tenemos que invertir en más y mejor medioambiente y que ello no es un impedimento para el crecimiento económico.

Fuente: www.sentidoscomunes.cl

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FONDO DE RESPUESTA A PÉRDIDAS Y DAÑOS LISTO PARA ACEPTAR CONTRIBUCIONES

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Suecia prometió en la COP29 unos 19 millones de dólares adicionales en fondos para pérdidas y daños, lo que eleva el total de fondos prometidos a más de 720 millones de dólares


El Fondo para la respuesta a las pérdidas y los daños ya está listo para aceptar contribuciones tras la firma de documentos clave. El Fondo servirá como salvavidas al brindar apoyo crítico y urgente a quienes se ven afectados por las devastadoras consecuencias del cambio climático. Una vez alcanzado este importante hito, se espera que el Fondo comience a financiar proyectos en 2025.

En una ceremonia celebrada en la COP29 en Bakú se celebró la firma del Acuerdo de Fideicomiso y del Acuerdo de Sede de la Secretaría entre la Junta del Fondo para la Respuesta a Pérdidas y Daños y el Banco Mundial, así como el Acuerdo de País Anfitrión entre la Junta del Fondo y el país anfitrión de la Junta del Fondo, la República de Filipinas. La Presidencia está trabajando con todos los países que han prometido dinero para completar sus acuerdos de contribución lo antes posible.

En el evento de hoy, Suecia prometió 200 millones de coronas suecas (aproximadamente 19 millones de dólares) al Fondo, sujeto a la aprobación del gobierno. Esta importante contribución eleva el total de fondos prometidos a más de 720 millones de dólares. La Presidencia de la COP29 agradeció a Suecia por responder al llamado a la acción y sigue instando a que se hagan más promesas al Fondo para satisfacer mejor las necesidades de las comunidades que se encuentran en la primera línea del cambio climático.

Las pérdidas y los daños han sido una prioridad clave en el plan de la Presidencia de la COP29 para aumentar la ambición y permitir la acción. La Presidencia ha impulsado avances en todos los aspectos del panorama de pérdidas y daños a lo largo del año. 

El triunfo vital de hoy para las comunidades vulnerables al cambio climático es el resultado de años de trabajo a través de fronteras y organizaciones. Las Partes lograron avances significativos en la COP27 en Egipto y la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos al establecer y poner en funcionamiento el Fondo. Este año, la Presidencia de la COP29 ha trabajado intensamente con la Junta del Fondo y el Banco Mundial, junto con los países donantes, para completar los preparativos para el avance de hoy.

Esto incluye la celebración de la tercera reunión de la Junta del Fondo en Azerbaiyán en septiembre, donde se lograron avances significativos para poner en funcionamiento el Fondo, sentando las bases para desembolsar el apoyo financiero tan necesario a partir de 2025. La elección de Ibrahima Cheikh Diong como Director Ejecutivo del Fondo mejoró aún más la institucionalización del Fondo.

Estos avances cobrarán impulso a medida que las Partes trabajen para alcanzar un paquete equilibrado de resultados en la COP29.


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“Este avance nos permitirá convertir finalmente las promesas en apoyo real, lo que significa que la financiación podrá fluir en 2025. Deberíamos reflexionar sobre lo que este avance significará para la gente real. Significa que se reconstruirán casas, se reasentará a la gente y se salvarán vidas y medios de subsistencia”, dijo el presidente de la COP29, Mukhtar Babayev. “Pero nuestro trabajo no ha terminado. Ahora, el Fondo necesita identificar proyectos para que fluya el apoyo. Todos los países que han prometido dinero deben completar sus acuerdos de contribución. Y necesitamos más promesas para poder satisfacer las necesidades urgentes de las víctimas del cambio climático”.

 

“Hoy se demostró una vez más el poder de la solidaridad mundial para impulsar la acción climática. Debemos mantener el impulso para garantizar que el Fondo llegue a los países necesitados con urgencia”, dijo Ibrahima Cheikh Diong, Director Ejecutivo del Fondo para la Respuesta a las Pérdidas y los Daños. “Esperamos que la COP29 sea fructífera y que impulse aún más nuestra labor”, concluyó. 

 

El presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, afirmó: “El Fondo para Pérdidas y Daños es fundamental porque brinda apoyo financiero a los países vulnerables que enfrentan los impactos más severos del cambio climático. El Banco Mundial se enorgullece de haber cumplido con su parte, con una urgencia acorde con el momento”.

 

El evento de hoy contó con la presencia del Presidente de la COP29, Mukhtar Babayev; el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell; el Director Ejecutivo del Fondo para la Respuesta a las Pérdidas y los Daños, Ibrahima Cheikh Diong; el Director Ejecutivo del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg; el Vicepresidente de Financiación para el Desarrollo del Banco Mundial, Akihiko Nishio; y representantes de las Partes y de las Presidencias de la COP27 y la COP28. El negociador principal de la COP29, Yalchin Rafiyev, pronunció las palabras finales.

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PANEL DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA CELEBRADO EN LA ZONA VERDE DE LA COP29

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Junto con las negociaciones oficiales en la Zona Azul, la Zona Verde de la COP29, supervisada por la Presidencia de la COP29, continuó con su programa de eventos públicos el segundo día. El 12 de noviembre se celebró una mesa redonda conjunta sobre sostenibilidad corporativa, organizada por la Compañía Operativa de Azerbaiyán de la COP29 y el Banco Internacional de Azerbaiyán, socio bancario principal de la COP29.


El evento, titulado “Sostenibilidad corporativa y acción climática”, se centró en el papel crucial de las empresas en la mitigación de los impactos del cambio climático y sus esfuerzos por alcanzar los objetivos globales de cero emisiones netas de carbono. Entre los oradores se encontraban Samir Mammadov, representante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; Taleh Tahirli, vicepresidente del consejo de administración y director de transformación de ABB; Kaushik Burman, director ejecutivo de Spiro; Tahir Gozel, presidente de Qarabag FK; y Maria Peres, socia principal de GreenSpace Tech Hub de Deloitte en Brasil y socia de Innovation and Ventures.

Los paneles de discusión destacaron el intercambio y la integración de las mejores prácticas en sostenibilidad, fortaleciendo los esfuerzos para combatir el cambio climático, en particular dada la adopción por parte del sector privado de los principios de sostenibilidad como estrategias comerciales centrales.  

Entre los temas tratados se encuentran la transición a una economía con bajas emisiones de carbono, las cadenas de suministro sostenibles y la innovación en tecnologías ecológicas. En el evento se mostraron estrategias y asociaciones exitosas, se alentó a las empresas a integrar la sostenibilidad en sus operaciones y se demostró el poder del sector privado para construir un futuro sostenible.

La Zona Verde, que atrajo un gran interés público durante el segundo día de la conferencia, contó con un rico programa de eventos, entre los que se incluyeron debates sobre el papel de las mujeres jóvenes en la lucha contra la injusticia climática en las comunidades vulnerables; el liderazgo de los jóvenes en materia de biodiversidad y acción climática; el papel de las comunidades locales en la conservación de la biodiversidad; la importancia de la diversidad de perspectivas en la acción climática; y la creación de sinergias entre el clima y la naturaleza. Expertos locales e internacionales participaron en estos eventos, organizados por una variedad de partes interesadas.


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COMIENZA LA COP29 EN AZERBAIYÁN EN MEDIO DE ALTA TENSIÓN ENTRE LAS PARTES NEGOCIADORAS

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El ambiente diplomático en Bakú era crispado, y la previsión es que pocos líderes acudirán a la tradicional cumbre climática de dos días que acompaña las COP.


La conferencia anual sobre el cambio climático (COP29) se abrió este lunes en Bakú (Azerbaiyán) con tensiones negociadoras que retrasaban la aprobación de la agenda, cuyo punto principal es la aprobación de una nueva financiación en favor de los países más vulnerables.

Menos de una semana después de la amplia victoria electoral del republicano Donald Trump en Estados Unidos, el ambiente diplomático en Bakú era crispado, y la previsión es que pocos líderes acudirán a la tradicional cumbre climática de dos días que acompaña las COP.

La gran cita anual del clima, bajo los auspicios de la ONU, se celebra de aquí al viernes 22 de noviembre mientras que el mundo se dirige a batir otro récord de temperatura.

«Nos encaminamos hacia la ruina. Y no se trata de problemas futuros. El cambio climático ya está aquí», alertó en la apertura el presidente de la COP29, el ministro de Ecología de Azerbaiyán, Mujtar Babaiev. «Llegó el momento de la verdad», añadió.

Tras esta introducción, los casi 200 países presentes en Bakú debían aproban su agenda de trabajo, pero las diferencias persistían sobre varios puntos, según fuentes coincidentes.

Y Estados Unidos, el segundo emisor mundial de gases de efecto invernadero, podría volver a abandonar el Acuerdo de París, firmado en 2015, base de todas las negociaciones, como ya hizo Trump durante su primer mandato presidencial (2017-2021).

Declarado escéptico del cambio climático, Trump podría decretar esa salida al asumir el poder en enero, decisión que se formalizaría un año después. 

«Quiero decirles que aunque el gobierno federal en Estados Unidos, bajo Donald Trump, puede poner la acción climática en segundo plano, el trabajo continuará, con pasión y compromiso», aseguró el actual enviado especial del clima del gobierno de Joe Biden, John Podesta.

«Estados Unidos es una democracia» que hace menos de una semana eligió a un presidente «cuya relación con el cambio climático está dominada por las palabras ‘fraude’ y ‘combustibles fósiles'», añadió Podesta.

La COP29 debe demostrar que la cooperación mundial «no está en punto muerto», pidió el jefe del organismo de la ONU para el Clima, Simon Stiell.

Meses de negociaciones

La COP29 de Bakú ha sido denominada informalmente la «COP de la financiación», porque debe lidiar con el tema esencial de las ayudas que los países que más contribuyen al problema le deben aportar a las naciones más perjudicadas.

Durante meses los casi 200 países del Acuerdo de París han negociado un borrador de acuerdo para fijar una nueva cantidad de ayuda.

En 2009, en la COP15 de Copenhague, se acordó que los países industrializados entregarían 100.000 millones de dólares anuales, en ayuda directa o préstamos multilaterales. Transición

Ese volumen de ayuda se alcanzó con dos años de retraso, en 2022, y ahora los expertos afirman que se necesita como mínimo una cantidad diez veces superior.

Esa ayuda debe servir tanto para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, particularmente mediante una gigantesca reconversión energética mundial, como en la adaptación, es decir, la construcción de diques, la adaptación de los hogares a las temperaturas extremas…

Una región como América Latina emite menos del 10% de gases de efecto invernadero, pero es una de las que más impacto sufre por el calentamiento del planeta.

El financiamiento de la lucha climática no es «caridad» sino «del interés de todos», insistió Stiell, quien pidió un acuerdo «ambicioso».

Además de la cifra de la ayuda y del calendario, las naciones deben ponerse de acuerdo en quién paga. En 2009, el grupo de países que asumieron los 100.000 millones de dólares eran poco más de 30, y China se quedó afuera.

Ahora la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, quieren que Beijing asuma parte de la factura, lo que se anuncia difícil.

China, el principal emisor de gases, cuenta con su propia agenda de ayuda climática. Y por otro lado domina grandes sectores de la reconversión energética, como los metales raros.

El año pasado, en Dubái, los países lograron arrancar con dificultades una declaración final de la COP28 en la que se asumía, por primera vez, que los países debían emprender una «transición» hacia el fin de las energías fósiles.

Pero la Agencia Internacional de la Energía (AIE) recordó en su último informe anual que el 80% de la energía mundial sigue procediendo de esas fuentes (carbón, petróleo, gas).

Fuente/Emol
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COP16 DE BIODIVERSIDAD FINALIZA CON ACUERDOS HISTÓRICOS EN PROTECCIÓN DE LOS OCÉANOS.

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La Conferencia de las Partes del Convenio Sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) finalizó el sábado en Cali, Colombia, tras la última plenaria que se extendió por casi 24 horas y dónde además se acordó crear un fondo multilateral para distribuir los beneficios económicos por el uso de la información digital de secuencias sobre recursos genéticos.  


Tras una última plenaria que se extendió hasta el sábado, con casi 24 horas de discusión para cerrar los últimos acuerdos que quedaban sobre la mesa, el sábado finalizó la COP16 de Biodiversidad, realizada en Cali, Colombia.

Y lo hizo alcanzando valiosos acuerdos, como la creación – tras ocho años de negociaciones- de un marco para identificar y actualizar las áreas oceánicas cruciales para la salud de los océanos, una decisión ligada a las Áreas Marinas Ecológicamente o Biológicamente Significativas (EBSA, por sus siglas en inglés) y que son definidas por la CBD como zonas del océano donde “de un modo u otro se cumplen funciones importantes, con un significado ecológico y biológico claves para el buen funcionamiento de los océanos y los numerosos servicios ecosistémicos que prestan”.

El acuerdo –seguido de cerca por la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en su rol de Champion para temas de biodiversidad marina- fijó a las EBSAs ya estudiadas como base científica para las medidas de conservación, restauración y gestión de los ecosistemas marinos que se esperan generar, una acción clave para cumplir con la Meta 30×30.

Pero también se cerraron otras negociaciones de último momento, como la creación del “Fondo Cali”, que distribuirá los beneficios económicos que se obtienen del uso de información digital de secuencias sobre recursos genéticos (DSI, por sus siglas en inglés), que son las secuencias de ADN de un ser vivo y que permiten entender, por ejemplo, por qué una especie puede vivir en un ambiente extremo. De esta discusión, la ministra Maisa Rojas fue facilitadora en la pasada COP15, pavimentando el camino para lo que en Cali se alcanzó.

Otra histórica negociación que durante años han levantado los pueblos indígenas y que en esta COP fue priorizada por la presidencia fue la creación de un órgano subsidiario del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) para implementar el artículo 8j sobre conservación de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales. En esta misma línea, también se alcanzó el reconocimiento de los afrodescendientes como protectores de la biodiversidad.

La histórica inclusión fue una negociación priorizada por la presidencia de la COP, por lo que su éxito fue aplaudido por todo el plenario. Ahora, las comunidades locales y los pueblos indígenas serán un grupo de trabajo permanente en las negociaciones del Convenio y, además, serán asesores de la Secretaría, tal como los órganos de Implementación y el de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico.

Chile en la COP16 

La ministra Rojas fue designada Champion de esta COP para destrabar las negociaciones sobre biodiversidad marina, costera e insular. En ese rol, la secretaria de Estado apoyó en las discusiones sobre EBSAS y Biodiversidad Marina Costera.

Además, la ministra Rojas continuó impulsando a los países a adherir al Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), que requiere la ratificación de 60 países para que entre en vigor: ya van 16. Lo hizo anunciando la iniciativa First Movers, que lidera Chile y está integrada por Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Nigeria, Palau y Seychelles.

“Es una carrera que hay que ganar. Sin este tratado no tenemos cómo proteger la alta mar, porque este instrumento brindará gobernanza en estas áreas. Necesitamos que entre en vigor rápidamente y eso fue lo que enfatizamos sobremanera en esta COP», enfatizó.

Durante esta COP16, Chile también presentó sus avances en materia de restauración de ecosistemas, el enfoque de género y de derechos humanos en los temas de protección de la biodiversidad y la valorización de ésta para el sector financiero, además de los avances en la instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo clave para el cumplimiento del Marco Global de Biodiversidad de Kumming-Montreal.

Una de las propuestas que generó interés en la COP fue el Compromiso por la Conservación de los Hongos, un innovador acuerdo presentado junto al Reino Unido y la Fundación Fungi, que busca posicionar a los hongos como un reino biológico independiente en las legislaciones y políticas públicas, priorizándolos dentro de los acuerdos multilaterales de biodiversidad, además de destacar el rol que cumplen para el funcionamiento de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático y del que Colombia, México, Costa Rica, Perú, Ecuador, España, Benín, Guinea y Camboya ya son parte.

Otro de los avances que presentó Chile en la COP, junto a más de 100 países, fueron sus Metas Nacionales alineadas al Marco Global de Biodiversidad, que se comprometió a cumplir al año 2030. “Nosotros nos comprometimos con 35 Metas Nacionales. Estas 35 metas son parte de nuestra Estrategia Nacional de Biodiversidad actualizada y alineada con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, la cual será sometida a consulta pública durante el año 2025”, enfatiza la secretaria de Estado.

Esta COP fue la más numerosa de todas, registrando una participación total de más de 30.000 personas. Chile, en tanto, contó por primera vez dentro del Convenio de Biodiversidad con su propio pabellón, que albergó 57 eventos, con una amplia participación de expertos nacionales e internacionales y de actores no estatales, el cual contribuyó de manera categórica a generar un espacio real y efectivo de conversación y puntos de encuentros en diferentes materias de conservación y sostenibilidad.


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LA COP16 CONCLUYE CON ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO A COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES

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Las comunidades indígenas y comunidades locales integrarán el tercer órgano subsidiario de la cumbre de biodiversidad. También avanzan en el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes. Financiación y monitoreo de acciones, los puntos pendientes.


La 16ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (COP16) llegó a su fin después de 12 días de discusiones en Cali, la ciudad del Pacífico colombiano que recibió a 170 delegaciones oficiales, según el balance del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del país anfitrión. El principal acuerdo que se logró es el reconocimiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes como protagonistas de la conservación de la biodiversidad.

Al cierre de la COP16,se aprobó la creación del órgano subsidiario del artículo 8J para pueblos indígenas y comunidades locales, contemplado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el instrumento internacional para “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”. El objetivo central del Convenio, adoptado por 196 países en el año 1992, es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible.

El artículo 8J señala, específicamente, que cada país firmante “respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”. También destaca que se promoverá su aplicación más amplia con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de su utilización se compartan equitativamente.

De ahí que la creación del nuevo órgano subsidiario, es decir, la formalización de un espacio permanente para que los pueblos originarios participen en la toma de decisiones sobre biodiversidad, salde una deuda del Convenio sobre Diversidad Biológica que completaba más de tres décadas. Se trata de un espacio que permitirá fortalecer la articulación de los países con los pueblos indígenas y las comunidades locales en la definición de acciones que contribuyan a la protección de la naturaleza.

“Esta es una ocasión sin precedentes en la historia de los acuerdos multilaterales sobre ambiente. Los pueblos indígenas y las comunidades locales del mundo, conectadas desde nuestros sistemas de conocimientos en el cuidado de la vida, la biodiversidad, recordamos el largo camino que hemos recorrido en este convenio”, dijo Camila Paz Romero, vocera de los pueblos indígenas.

“Este nuevo órgano subsidiario es un referente para el resto del mundo en que las partes reconocen la necesidad continua de nuestra participación plena y efectiva, conocimientos, innovaciones, tecnologías y prácticas tradicionales para cumplir los objetivos del convenio”, añadió.

Los otros dos órganos subsidiarios que asisten a la Conferencia de las partes son el de asesoramiento científico, técnico y tecnológico, que realiza la evaluación del estado de la biodiversidad; y el de implementación, que formula recomendaciones sobre aspectos técnicos y científicos de la aplicación del convenio.

Un participante de la COP16 en Cali, Colombia, durante la sesión plenaria del 1 de noviembre de 2024.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica

 

Un participante de la COP16 en Cali, Colombia, durante la sesión plenaria del 1 de noviembre de 2024.

Reconocimiento a comunidades afrodescendientes

El otro logro de la COP16 es el reconocimiento que obtuvieron las comunidades afrodescendientes como parte del artículo 8J del Convenio sobre Diversidad Biológica. Con ello se les considera actores fundamentales para el cuidado y la protección de la biodiversidad y se les concede el acceso a recursos para financiar proyectos que ayuden a salvaguardar el medio ambiente. De igual forma, podrán participar en discusiones ambientales globales, incluida la próxima Conferencia de las Partes (COP).

Beneficios compartidos

La COP16 también dio lugar a la creación del fondo mundial para el recaudo de recursos económicos provenientes del uso de información de secuencias genéticas digitalizadas y su distribución justa y equitativa. De este modo, las empresas que utilicen esta información para el desarrollo de sus productos tendrán que destinar parte de sus ganancias a un fondo, del cual se destinarán recursos a pueblos indígenas y comunidades locales, directamente o por medio de los gobiernos. Para compartir los beneficios, se tendrán en cuenta criterios como las necesidades de conservación y la riqueza en materia de biodiversidad de los países. En referencia a la sede de la COP16, se le ha denominado “fondo Cali”.

Financiación y monitoreo: puntos pendientes

Al término de la COP16 quedaron dos puntos pendientes de acuerdo, ambos trascendentales para la implementación del Marco Mundial Kunming-Montreal para la Biodiversidad, el plan global que se adoptó durante la COP15 en Canadá para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para el año 2030. La razón fue la suspensión de la cumbre debido a que ya no había un número suficiente de negociadores. “Eso deja algunos retos para la convención y corresponde empezar a subsanarlos”, reconoció la ministra de ambiente de Colombia y presidenta de la Conferencia, Susana Muhamad.

Uno de ellos fue la falta de definición de un modelo de financiamiento para llevar el plan de protección de la biodiversidad a la realidad, identificando las fuentes de recursos, los mecanismos de acceso y de ejecución. Los cálculos indican que para la implementación del marco se requieren 700.000 millones de dólares. El otro punto que no se alcanzó a concretar fue el del mecanismo de monitoreo para medir los avances de los países en el cumplimiento de la hoja de ruta para la protección de la biodiversidad.

La COP de la gente

Según el Gobierno de Colombia, además de las delegaciones oficiales que formaron parte de las discusiones de la cumbre mundial más importante sobre biodiversidad, se registraron alrededor de un millón de visitas a la llamada zona verde, un área dispuesta para la participación de la sociedad civil. Se calcula que unas 40.000 personas asistieron a una variada agenda de actividades académicas.

“En resumen, esta fue la COP de la gente. Se instaló la coalición ‘paz con la naturaleza’ y se logró movilizar tal vez la campaña de educación más importante que haya tenido Colombia en su historia y la movilización por la vida más importante que hayamos hecho. Sobre todo, ver tanta gente emocionada por la biodiversidad”, puntualizó Muhamad.


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