Sanitarias apelan a pacto Público-Privado para mejora de sistema de Agua Rural

Proyecto de ley que regula el servicio está en su último trámite en el Congreso. Estudio de la U. de Chile advierte que sólo 11% de organizaciones rurales posee alcantarillado.

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Luego de ocho años de debate en el Congreso, está cerca de ver la luz el proyecto que regula los servicios sanitarios rurales, y que establece que éste podrá ser gestionado por un comité o cooperativa con licencia otorgada por el Ministerio de Obras Públicas.

Si bien en un principio se rechazaron algunas disposiciones que contenía la iniciativa, ya está en la comisión mixta de la Cámara tras pasar el tercer trámite constitucional.

Un debate en el que está muy interesado el empresariado relacionado con el sector. Según la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), en las zonas rurales del país viven casi dos millones de personas y la cobertura de agua potable alcanza el 99%.

Pero, al estar cumplidos los objetivos de cobertura, las empresas estiman que ahora parte una nueva etapa cuyos dos principales desafíos son mejorar la calidad y continuidad de servicio de agua potable, e incorporar el tratamiento de las aguas servidas. “Creemos que hay que asumir, como desafío país, extender a los dos millones de chilenos que viven en zonas rurales el acceso a agua potable y saneamiento, en las mismas condiciones de las que hoy disfrutan los habitantes urbanos”, señalaron en Andess.

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“Como empresas sanitarias apoyamos este objetivo y nos ponemos a disposición de las autoridades para avanzar en esta dirección”, agregaron.

Estudio

El interés de las sanitarias en este tema llevó a que el gremio encargara un estudio al Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Chile, en un sector donde sólo el 11% tiene acceso a alcantarillado y a tratamiento de aguas servidas.

El estudio señala que se observa un “menor nivel de desarrollo” de las organizaciones ligadas al uso del agua potable rural. De acuerdo con el análisis, esto se debería a que, tanto en su desempeño en la realización efectiva de sus tareas como en la dependencia de instituciones externas, “no permite evidenciar la capacidad real para gerenciar de manera autónoma y rentable sus sistemas”.

El informe añade que las instituciones no se encuentran en una situación “crítica” frente al proyecto de ley que se tramita en el Congreso, sino que más bien están en una “situación de desventaja”, dependiendo principalmente del tipo de organización y su tamaño. Explica que el proyecto de ley pone a la gran mayoría de estas organizaciones “en una situación vulnerable”, principalmente por la falta de capital humano que permita hacer una buena inducción de las implicancias de la ley.

Agrega que a más de la mitad de las organizaciones durante los últimos seis meses “se les ha cortado el suministro por algún motivo diferente a una catástrofe natural o de fuerza mayor”, estableciendo que los esfuerzos de éstas no son “suficientes” para asegurar el suministro de agua. En el caso de la infraestructura necesaria para aguas servidas, sólo el 11% cuenta con servicio de alcantarillado, y el 9,45% con sistema de tratamiento de aguas servidas.

Para superar estas trabas, un acuerdo público-privado para el desarrollo de alcantarillado y tratamiento de aguas no es una idea que descarten desde las empresas sanitarias. “Es importante tener a la vista que no sólo la inversión es relevante, sino también la gestión y el know-how. El saneamiento de las aguas servidas representa un reto desde el punto de vista operativo y de gestión de mayor complejidad que la provisión de agua potable, por lo que también en este aspecto cabe de considerarlo dentro de los recursos a canalizar”, enfatizaron en Andess.

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Por Francisco González G.
Fuente/Fuente/diario.latercera/
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