Opinión
La ilusión del Litio
Entre las costras de los salares de Chile yace una incógnita. El litio, eterna promesa que el gobierno espera licitar durante este año, se aloja en su salmueras esperando por un boom de los autos eléctricos. El Ejecutivo anunció hace un mes medidas para aumentar su explotación con nuevos actores. Sin embargo, el interés por este mineral contrasta con las dudas que siembra.
Por Juan Pablo Garnham y Jorge Isla
A fines de la década de los sesenta, el geólogo Guillermo Chong se adentró en un terreno que, hasta ese momento, permanecía virgen. El salar de Atacama y sus tres mil kilómetros cuadrados -más de cuatro veces la superficie del Gran Santiago- no tenían los caminos, las tuberías de agua y, lo más importante, las piscinas en distintos tonos de azul donde hoy el litio se procesa. Eran prácticamente sólo costras de sal, verdaderas espinas gigantes que se levantaban de la tierra y que los obligaban avanzar apenas seis kilómetros por día. «Dos semanas nos duraban los zapatos caminando por ahí», recuerda.
Pero el esfuerzo de Chong y otros tres geólogos valió la pena. «Encontramos que el contenido de litio no sólo era comercial, sino que era tan alto que superaba el de los lugares donde en esos momentos se explotaba el mineral», dice el investigador, desde su oficina en el Museo del Desierto de Atacama. Y no se equivocó: la cantidad y la calidad del litio encontrado serían tan buenas -y de tan bajo costo de producción-, que en los 80 terminarían haciendo quebrar a las empresas que extraían y comercializaban este mineral en Estados Unidos.
Hasta el día de hoy, ése es el descubrimiento que tiene a Chile como el mayor productor de litio a nivel mundial, con reservas totales que se estiman en 7.500.000 de toneladas, más de la mitad del total mundial.
El poblado de Peine, al sur del salar de Atacama, es uno de los que viven de esta industria. Originalmente una villa agrícola, hoy este pueblo de 400 habitantes depende en gran parte de la planta que la Sociedad Chilena de Litio tiene a 25 kilómetros. El 80% de los funcionarios de la empresa provienen de esa localidad, donde la compañía (filial de la multinacional Chemetall) instaló su campamento y construyó los sistemas de agua y electricidad con los que el pueblo hoy funciona. Sin embargo, la comunidad siente que no la han incluido en la discusión del desarrollo minero local. «El Estado chileno partió al revés en este tema: debería preguntarnos a las comunidades primero. Nosotros somos los que nos llevamos el impacto social de estos proyectos», dice Ramón Torres, dirigente atacameño de Peine.
Torres se refiere principalmente a los cambios que vienen en la industria. Hasta hoy, la regulación no ha hecho posible aumentar el número de yacimientos y los actores en este mercado. En 1979 se declaró al mineral como inconcesible debido a su uso en el proceso de creación de energía nuclear por fusión. Quienes hoy lo explotan -la Sociedad Chilena de Litio y SQM- arriendan las concesiones de propiedad de Corfo, que provienen de esa época.
Luego de los descubrimientos del equipo en el que participó Chong, se hicieron estudios de factibilidad y la Corfo se hizo de las propiedades mineras del salar. En 1975, poco antes de que se declarara el litio inconcesible, la estadounidense Foote Mineral firmó un convenio para explotar el mineral y nueve años después, a través de la Sociedad Chilena de Litio, comenzó a extraerlo. La empresa después sería vendida hasta llegar a manos de Chemetall, cuyos dueños son Rockwood Holdings, de Estados Unidos. A su vez, el gobierno de Pinochet vendió otra parte de los derechos mineros a la estadounidense Amax, quien terminaría vendiendo éstos a SQM, la que comenzaría a explotar el salar a principios de los 90. Los contratos de ambas empresas son limitados por cantidad de toneladas y en el caso de SQM también por el tiempo, ya que caducaría en 2030.
Este año, a principios de febrero, el gobierno anunció que reformaría este régimen a través de un sistema de contratos especiales de operación (CEOL), que entregarán derechos de explotación por cien mil toneladas durante veinte años. Las autorizaciones se darán sin una asignación geográfica y a quien haga la mejor oferta en términos de dinero. El fisco recibirá, además del pago del contrato y de los impuestos, el 7% de las ventas anuales. «Esto significaría recaudar cerca de US$350 millones por proyecto», dice Pablo Wagner, subsecretario de Minería, quien espera concretar la primera licitación durante este año. Sin embargo, la apertura a nuevos actores es sólo una de las interrogantes que quedan por resolver.
Contra el tiempo
Por décadas, la idea de ver a Chile como una futura «Arabia Saudita» en un mundo de autos eléctricos con baterías a litio se ha apoderado del imaginario de académicos, empresarios y políticos. Pero esto ha formado parte más del discurso que de la acción, según consideran algunos expertos. «A principios de los 80, después de hacer mi doctorado, estaba dedicado a investigar en litio. Pero ante el desinterés que vi a nivel general, me cambié de industria. Tuve toda la razón porque en 20 años no ha pasado absolutamente nada», enfatiza Gustavo Lagos, director del Centro de Minería UC.
Así y todo, Lagos comparte el diagnóstico dentro del ámbito minero: Chile está en un momento expectante, en el que arriesga perder su sitial como el mejor productor de bajo costo. «Australia nos va a pasar y puede que China también. Así, bajaremos a una posición secundaria, con reservas interesantes, pero sin desarrollos prácticos, mientras todos los grandes productores de autos tienen algún modelo eléctrico basado en baterías de litio», advierte.
Un cambio global que reflejan 90 proyectos nuevos a nivel mundial. «Diez de ellos tienen probabilidades concretas de ejecutarse compitiendo con nosotros», indica la gerente general de la consultora SignumBOX, Daniela Desormeaux. «Sólo en Argentina hay un par que ya están en fase final de desarrollo para iniciar producción en los próximos dos años, con lo que Chile perderá su primer puesto». Aunque esto aún no se refleja en la demanda actual -que llegó a 140.000 toneladas de carbonato de litio en 2011, 12% más que el ejercicio anterior-, Desormeaux anticipa que ésta se disparará fuertemente desde 2015 y para 2025 las expectativas de consumo serían de 498 mil toneladas del material.
Con este cuadro, el subsecretario Wagner refuerza sus argumentos: «El mundo se está moviendo y si no hacemos nada, nuestro actual 41% del mercado -que ya significó una pérdida de 10 puntos-implicará que bajemos a 20% en el 2020. O tomamos esta oportunidad o la toman otros».
Las críticas a la licitación
La apuesta del gobierno por los CEOL todavía tiene un largo camino. Tras el anuncio del mes pasado se levantaron múltiples críticas, no sólo en el frente político desde la Concertación -los senadores Isabel Allende, Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro han denunciado una «privatización encubierta»-, sino también reparos por parte de expertos y de profesionales que asesoran a la industria.
Mientras Gustavo Lagos pide una fórmula que logre convocar a la brevedad a «empresas con capacidad financiera, tecnológica y ambiental con reglas del juego parejas y transparentes», el gerente general de la consultora DMO Minerals, Felipe Valenzuela, resalta que la clave es que los equipos del gobierno a cargo «dispongan del tiempo necesario para evaluar y precisar todos los aspectos, como es gestionar la inclusión (o exclusión) de las concesiones mineras vigentes en los proyectos o zonas que se liciten de las fórmulas de selección de los postulantes».
Otros son más escépticos sobre la capacidad del Ejecutivo de evitar caer en situaciones de discrecionalidad en la negociación de las cláusulas de los contratos con las empresas. «Soluciones como los contratos de operación son más fáciles y rápidas, pero no cuentan con una regulación detallada», puntualiza el socio del estudio Vergara y compañía, Winston Alburquenque, quien asevera que los CEOL «no resuelven el problema de fondo en una industria nueva que requiere certezas, como la que aportaría la generación de títulos semejantes a los usados en otros recursos naturales».
Mientras crece el debate, las empresas e inversionistas ansiosos por irrumpir en el negocio del litio vía contratos toman posiciones. Con distintas pertenencias en salares del norte, entre los interesados figuran las canadienses Lomiko Metals y Salares Lithium (fusionada con la australiana Talison); las estadounidenses Pan American Lithium y Mammoth Energy Inc. y la chilena Minera Copiapó, ligada a Francisco Javier Errázuriz. En este grupo con alta presencia de mineras junior -que buscan financiamiento de terceros y ofrecen acciones a inversionistas de riesgo-, una de las más activas es Li3 Energy, que recientemente se asoció al grupo coreano Posco. «En este proyecto de litio y potasio con un horizonte de inversiones por US$ 250 millones, en Maricunga ya hemos gastado más de US$ 50 millones. Y en las próximas semanas vamos a anunciar nuevas inversiones, entre US$ 20 millones y US$ 30 millones, destinadas en su mayoría al litio para una planta piloto y estudios para producir en 2014», informa el CEO de la firma, Luis Sáenz. Y agrega que tienen previsto comprar más terrenos en Maricunga «para consolidar posiciones» y opciones en otros salares.
No menos intensas son las gestiones de grandes grupos japoneses y coreanos como Mitsubishi, Sumitomo, Toyota, Hyundai y Samsung, para establecer alianzas de largo plazo.
Por su parte, los actores que hoy dominan el negocio son cautos. Ambas compañías sólo respondieron a Qué Pasa a través de comunicados institucionales. Sobre la fórmula propuesta por el gobierno, en SCL se limitan a valorar las reformas: «Éstas proyectan el negocio en la línea de garantizar la oferta a nivel mundial», subrayan. En SQM, por su parte, afirman que sus preocupaciones van en la dirección de un cambio más profundo. «No se debe categorizar al litio como un mineral estratégico, simplemente porque no tiene sentido. Es un mineral muy abundante y altamente distribuido en el mundo, por lo que más de una decena de países tienen importantes recursos que pueden explotar sin restricción», afirman. «Si Chile decide seguir con las limitaciones a la extracción de litio, muy posiblemente irá perdiendo el liderazgo que hoy tiene».
Vivir del litio
Los líderes de las comunidades atacameñas tienen un hábito. Todas las semanas revisan sagradamente el Diario Oficial. Lo que buscan son nuevas peticiones de derechos de aguas subterráneas en la zona. «Hoy los derechos concedidos son mayores que la cantidad de renovación de aguas que tiene el salar. Si la minería decidiera explotar todos los derechos que tiene, nosotros nos secamos», dice Julio Ramos, quien fue presidente del Consejo de Pueblos Atacameños entre 2008 y 2010.
En el caso del litio, hay conciencia de que el impacto no es tan fuerte como el que tiene la minería del cobre. «Pero el problema del litio es que no se sabe muy bien cómo va a impactar en las cuencas», dice el abogado Alonso Barros, quien ha asesorado por veinte años a los atacameños. El sistema hídrico del salar está conectado con las áreas de regadío y pastoreo de las zonas aledañas y, además, con áreas protegidas, como bofedales y humedales. La Laguna Chaxa, en la Reserva Nacional Los Flamencos, es uno de éstos.
En Conaf explican que, según sus monitoreos, el desarrollo del litio no ha afectado a la flora y a la fauna. Sin embargo, hay una sensación de desconfianza entre los atacameños frente a la minería, que se extiende también al efecto que podría causar en el turismo. De hecho, en la comuna de San Pedro de Atacama la única actividad minera son los yacimientos de SQM y la Sociedad Chilena de Litio.
La alcaldesa Sandra Berna rechaza de plano la existencia de nuevas plantas en el salar: «Yo creo que con las dos que tenemos ya es exceso. No pueden venir más». El problema es que las actividades mineras afectan la «postal». Desde las zonas más altas, como el poblado de Socaire o el de Peine, es posible ver en el horizonte las faenas. Ahí se bombea hacia la superficie el agua rica en minerales que se aloja en las profundidades del salar. Estas salmueras son depositadas en piscinas rectangulares para que el sol haga su trabajo, evaporando el agua y dejando las sales. Los minerales resultantes se separan, obteniendo litio, que reposa esperando su exportación.
«Va a ser complejo el desarrollo de la industria del litio por dos elementos: el daño ambiental y la licencia social, es decir, el impacto en las comunidades locales», dice Alonso Barros. Varios de los salares a los que podrían apuntar los inversionistas se encuentran en zonas que los pueblos atacameños reclaman como propias. Otras zonas de interés incluyen áreas como los bofedales en el salar de Aguas Calientes, que son protegidos por la ley chilena.
El gobierno ha establecido que 48 salares podrían ser de interés para inversionistas y que al menos diez han comprobado tener niveles de litio dignos de ser tomados en cuenta. Para Guillermo Chong, sin embargo, ninguno es como el de Atacama en cuanto a la calidad y cantidad. «Las leyes de otros salares son cinco o seis veces menores que en el de Atacama», dice el geólogo. Esto lo obliga a ver con escepticismo la rentabilidad futura de estos proyectos. «Dadas las exigencias de las normas legales, la competitividad del mercado y las leyes de litio que tienen estos salares, a mí me parece que no se va a empezar a explotar ningún yacimiento en Chile», comenta.
Sin embargo, ya hay al menos un candidato que tratará de demostrar lo contrario: la empresa taiwanesa Simbalik, que posee una concesión en el salar de Maricunga otorgada antes de 1979. Recién a fines del año pasado la minera obtuvo su permiso de explotación y hoy trabajan en concretar un proyecto antes de seis años.
Los otros actores deberán esperar el trámite que realiza el Ministerio de Minería. En estos momentos trabajan en la aprobación de las bases de la licitación en la Contraloría y luego realizarán road shows en Chile y el extranjero para atraer inversionistas.
Mientras tanto, lejos de toda la discusión y los planes, los pueblos atacameños de San Pedro, Toconao, Socaire y Peine descansan aparentemente silenciosos. La gente está más preocupada de las recientes lluvias, que cortaron caminos, afectaron cosechas y ahuyentaron a los turistas. Saben que los salares seguirán ahí, como parte vital de su vida productiva, pero la pregunta es cómo y la respuesta es difícil. «Tenemos dos actividades que compiten por espacio y por forma de trabajar: una es la minería y la otra es el turismo», dice Julio Ramos, «y el problema es que no son muy compatibles».
http://www.quepasa.cl/
Opinión
El Aluminio: UN RECURSO CON GRAN POTENCIAL PARA IMPULSAR EL RECICLAJE EN CHILE

Por: Tamires Silvestre, Directora de Sustentabilidad de Ball para Sudamérica
En un mundo que enfrenta los desafíos del cambio climático y el manejo sostenible de recursos, el reciclaje se posiciona como una herramienta esencial. En este contexto, las latas de aluminio se destacan no solo como un envase práctico y eficiente, sino también como un aliado insuperable en la economía circular. Desde Ball Corporation, estamos impulsando el aluminio para redefinir la manera en que pensamos sobre los residuos y los recursos.
El aluminio tiene propiedades únicas que lo convierten en un material ideal para un modelo circular. Una lata puede ser reciclada muchas veces sin perder sus propiedades. Además, el proceso de reciclaje de aluminio utiliza solo el 5% de la energía necesaria para producir aluminio virgen, reduciendo drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. En países con sistemas de reciclaje consolidados, el ciclo de vida de una lata puede ser tan corto como 60 días: de la estantería de un supermercado a una nueva lata en producción.
Sin embargo, Chile aún enfrenta desafíos para potenciar el reciclaje de aluminio. Aunque la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) busca promover la recolección y valorización de residuos reciclables, su implementación sigue en etapas iniciales. Para lograr avances significativos, es clave fortalecer la infraestructura de recolección, impulsar la educación ciudadana y fomentar la colaboración entre las municipalidades, con los sistemas integrados de gestión y la comunidad. La experiencia de países como los de la UE y Colombia demuestra que estas políticas pueden ser exitosas, especialmente cuando se complementan con incentivos para que productores elijan materiales más sostenibles y el reciclaje sea cómodo y accesible para ciudadanos. Además, el sistema REP debería integrar y optimizar los flujos actuales de reciclaje, aprovechando la infraestructura existente y los actores ya establecidos, asegurando que la nueva regulación fortalezca y potencie los avances en curso evitando una desarticulación en el sector.
A nivel global, casi el 70% de todas las latas de bebidas de aluminio son recicladas, lo que convierte a este material en el envase de bebidas más reciclado del mundo. En Chile, sin embargo, la tasa de reciclaje apenas alcanza el 33%, lo que evidencia una gran oportunidad para incrementar su impacto social y económico. Para cambiar esta realidad, es fundamental la integración y participación de los municipios, que juegan un rol clave en la recolección y gestión de residuos, asegurando una infraestructura adecuada y promoviendo la comunicación y el compromiso ciudadano. Además, es imprescindible fortalecer y formalizar todo el sector del reciclaje. La valorización de este sector no solo implica reconocer su rol en la circularidad de los materiales, sino también implementar medidas que fomenten su integración en la economía formal, garantizando mejores condiciones laborales, acceso a infraestructura y una participación activa en las políticas públicas enfocadas en el reciclaje.
Cada 1 de marzo se conmemora en Chile el Día del Reciclador de Base,una fecha clave para reconocer su labor y reforzar la importancia en la economía circular.También conocidocomo recuperador primario, el reciclador de base se dedica a recolectar, seleccionar, recuperar, almacenar, comercializar y reutilizar residuos. En Chile, su integración ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, con iniciativas como la Política de Inclusión de Recicladores de Base. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer: comprender su realidad, reconocer su aporte y facilitarles mejores oportunidades para que puedan desarrollar su labor de manera eficiente y sostenible.
Con iniciativas como el desarrollo de campañas de sensibilización y programas de capacitación, podemos fortalecer la participación de los recicladores en iniciativas de reciclaje. Su trabajo es el primer eslabón de la cadena, sin su colaboración, el aprovechamiento del aluminio reciclado en Chile sería aún más bajo.
Según un informe de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), en Chile existen 39.101 toneladas de aluminio de envases y embalajes que no son gestionadas, a pesar de que contamos con la capacidad técnica para gestionar el 99% de este material. Aprovechar este aluminio y asegurar su correcto reciclaje representa una oportunidad no solo para reducir la huella de carbono del país, sino también para fomentar una economía circular robusta que genere empleos y valore los recursos. Más que un simple envase, el aluminio se convierte en un símbolo de sostenibilidad y una herramienta clave para construir un futuro más limpio, donde los residuos se transformen en nuevas oportunidades y cada lata reciclada acerque a Chile a un modelo de consumo verdaderamente responsable.
Columna Opinion/ Tamires Silvestre, Directora de Sustentabilidad
de Ball para Sudamérica
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Innovación
Ley de Inteligencia Artificial: EL SIGUIENTE PASO PARA TRANSFORMAR LA SALUD EN 2025

Por: Raúl González, director Comercial y Clientes para Hispanoamérica en InterSystems Latam.
La inteligencia artificial generativa está redefiniendo al ecosistema de la salud. Desde diagnósticos más precisos hasta la optimización de la gestión hospitalaria, sus aplicaciones han demostrado un impacto positivo en la eficiencia y calidad de la atención. En Chile, el debate sobre su regulación avanza con el proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para su desarrollo e implementación.
Uno de los principales desafíos es la fiabilidad y trazabilidad de los algoritmos. La IA puede procesar enormes volúmenes de datos en segundos, pero sin regulaciones que exijan que sus resultados sean comprensibles y verificables, su funcionamiento podría volverse una “caja negra”. Una normativa bien diseñada permitirá a los modelos ser auditables, asegurando que sus decisiones automatizadas sean confiables para los médicos y estén libres de sesgos.
Además, este proyecto de ley es clave para resguardar la privacidad de los pacientes y fortalecer la ciberseguridad en el manejo de datos clínicos. La interoperabilidad y las historias clínicas electrónicas (HCE) dependen del acceso a información médica, pero sin reglas claras que establezcan límites en el uso de esta tecnología, se corre el riesgo de vulneraciones en la confidencialidad o de tratamientos inadecuados derivados de un uso indiscriminado de antecedentes sensibles. La reglamentación permitirá establecer principios de uso ético, intervención humana y protección de derechos, asegurando que opere como una herramienta de apoyo.
La discusión en el país está alineada con directrices internacionales y busca establecer un enfoque basado en niveles de riesgo, lo que permitirá generar distintos estándares según el impacto que tenga cada aplicación en el cuidado de los pacientes. Esto es fundamental en el sector sanitario, donde la IA no es un concepto homogéneo: desde asistentes virtuales para gestionar citas médicas hasta algoritmos que apoyan la toma de decisiones clínicas, su incidencia varía y, por lo tanto, sus requerimientos deben ser diferenciados.
Con un marco legislativo claro, Chile podrá fomentar la inversión en soluciones digitales de IA, seguras y confiables, atrayendo innovación en área médica, sin comprometer los derechos de los pacientes. También permitirá consolidar un ecosistema en el que los desarrollos tecnológicos se ajusten a estándares de calidad, generando mayor confianza en su uso y facilitando la integración de nuevas herramientas en los sistemas sanitarios.
Regular la IA no significa frenar su avance, sino crear las condiciones adecuadas para que su desarrollo sea seguro, accesible y ético. La discusión en curso es una oportunidad para que Chile adopte nuevas tecnologías, con un enfoque que priorice tanto la innovación como la protección de las personas.
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Innovación
Hacia una economía digital: ¿ESTÁ CHILE PREPARADO PARA LA LEY FINTECH?

Por: Luz María García, Gerente General de la Asociación Chilena de Empresas de
Tecnologías de Información (ACTI A.G.)
En 2007, la industria financiera experimentó una de sus mayores revoluciones con la introducción de la CuentaRUT. Esta herramienta permitió que millones de chilenos accedieran al sistema financiero, facilitando la inclusión al ofrecer una cuenta bancaria sin requisitos de renta ni antecedentes comerciales. Desde entonces, las innovaciones en el sector no han dejado de crecer.
Durante los últimos años, las Fintechs surgieron como una nueva forma de democratizar el sector a través de la innovación y la transformación tecnológica, que solamente ha sabido crecer. De acuerdo con Fintech Radar Chile, el ecosistema local ya cuenta con más de 348 startups activas, reflejando un crecimiento anual del 16%, lo que desencadenó su promulgación en 2024 de la Ley Fintech que entró en vigor el pasado 3 de febrero.
El auge de esta industria plantea una oportunidad para transformar la manera en que operan los servicios financieros, especialmente en un país donde solo el 30% de los ciudadanos confía plenamente en las instituciones del sector, según datos de la OCDE. Pero, ¿cómo pueden recuperar la credibilidad?
La nueva normativa obliga a adoptar políticas de ciberseguridad para una gestión adecuada de los datos personales, además de la creación de estructuras de gobernanza interna que aseguren la estabilidad operativa de los servicios financieros. Estas medidas resguardan a los clientes frente a riesgos como el fraude y establecen estándares mínimos que elevan la calidad y la profesionalización del sector.
No obstante, cumplir con estas exigencias no está exento de desafíos. Mientras algunas empresas fintech ven en esta ley una oportunidad para legitimarse y ganar espacio en el mercado, otras enfrentan barreras significativas como la complejidad de los procesos de inscripción y los costos asociados al cumplimiento normativo.
Además, el crecimiento de las startups fintech tiene un efecto multiplicador en la economía digital del país. Al desarrollar tecnologías como sistemas de pago, financiamiento alternativo o plataformas de inversión, estas empresas no solo crean empleo, sino que también contribuyen a modernizar industrias tradicionales y a generar un entorno más competitivo y dinámico. Este impacto puede ser aún mayor si se fortalecen las alianzas público-privadas para facilitar el acceso a recursos y la internacionalización de sus productos y servicios.
Un aspecto importante que esta industria debe abordar es el enfoque educativo. La ciudadanía no solo necesita conocer a las fintech como una alternativa financiera, sino que también aprenda a usarlas de forma segura y eficiente. Por ejemplo, se podrían incluir explicaciones sencillas sobre cómo utilizar aplicaciones para administrar gastos, acceder a opciones de financiamiento más inclusivas o ahorrar de manera más eficaz a través de herramientas digitales.
Estas iniciativas permitirían que más personas entiendan que las fintech no solo son una industria en crecimiento, sino que también un recurso accesible y práctico para alcanzar mayor estabilidad y autonomía financiera. Al fortalecer la educación en este ámbito, se fomenta la confianza en el sistema y que todos puedan beneficiarse del desarrollo de esta economía digital.
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Opinión
CO$TO$ DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Por / MARGARITA DUCCI Directora Ejecutiva Pacto Global Chile, ONU
El 2024 ha marcado un antes y un después en la historia de nuestro planeta. Con una temperatura media que superó por primera vez el umbral de 1,5 °C establecido por el Acuerdo de París, la tierra ha experimentado un año de extremos climáticos que han dejado huellas profundas tanto en la naturaleza como en la economía global.
Los datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) son alarmantes: este año ha sido el más caluroso desde que se tienen registros. En Chile,lo estamos viviendo ya que las temperaturas han alcanzadolos casi 40ºC. Las consecuencias, devastadoras, demandan acción inmediata por parte de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a las empresas.
En el ámbito corporativo, el cambio climático ya no es un problema distante ni abstracto. Las empresas enfrentan riesgos financieros directos e indirectos relacionados con fenómenos como huracanes, inundaciones, escasez hídrica e incendios forestales. El mundo incurrió en pérdidas de más de 140 mil millones de dólares por desastres naturales en 2024. Estas cifras no sólo reflejan daños materiales, sino también, el impacto en cadenas de suministro, interrupciones operativas y daños a la infraestructura crítica.
Sin ir más lejos, la situación de las marejadas anormales en Chile de los últimos días haimpactado a las comunidades costeras. El último episodio dejó pérdidas a las personas en torno a los $400 millones, causando daños económicos en la pesca, acuicultura y turismo.
Las principales instituciones climáticas coinciden en que la situación se agravará si no se toman medidas urgentes. En el sector empresarial, ignorar los riesgos climáticos puede traducirse en mayores costos de operación, disminución de la competitividad y daños irreversibles a la reputación. En este contexto, las empresas deben integrar los riesgos climáticos en sus estrategias de sostenibilidad corporativa.
Esto implica realizar evaluaciones de impacto ambiental periódicas, invertir en tecnologías limpias y adoptar políticas de reducción de emisiones de carbono. Ello porque la transición hacia modelos de negocio sostenibles no sólo es una necesidad ética, sino también una ventaja competitiva. Las empresas que lideren este cambio podrán acceder a oportunidades de mercado, mejorar su reputación y atraer inversores comprometidos con el desarrollo sostenible.
Es fundamental que las empresas también desarrollen planes de gestión de riesgos climáticos. Para ello, Pacto Global ofrece el programa “Acelerador por el Clima”, e invita a las empresas a comprometerse a metas climáticas, en su iniciativa Forward Faster (Avanzar más rápido). Estas deben incluir monitoreo de cifras y medidas concretas para mitigar el impacto de eventos extremos, como la diversificación de fuentes de suministro, la protección de activos vulnerables y la colaboración con comunidades locales para fortalecer la resiliencia.
Asimismo, la transparencia en la comunicación de estos riesgos y las acciones emprendidas,son claves para mantener la confianza de los accionistas y clientes, por lo que es imperativo reportar estos indicadores en su plataforma COP (Comunicación de Progreso).
Así, el cambio climático es el desafío más urgente de nuestra eray la sostenibilidad ya no es una opción; es una necesidad impostergable.Si no se adoptan medidas inmediatas, el costo de la inacción será incalculable, no sólo en términos económicos, sino también en vidas humanas y biodiversidad perdida.
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Desarrollo Empresarial Sostenible: LOS DESAFÍOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Por / PhD Katherine López, académica Carrera de Ingeniería Comercial UDLA Sede Viña del Mar
El desarrollo empresarial sostenible es una necesidad imperiosa para las empresas que buscan ser competitivas. Enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad social y la demanda de mayor transparencia, exige a las organizaciones adoptar estrategias que van más allá de los resultados financieros, involucrando compromisos concretos con la preservación del medio ambiente, y en los ámbitos social y de gobernanza.
El gobierno corporativo juega un papel esencial en esta transición. Más que un marco regulatorio, representa una oportunidad para que las empresas conduzcan estos procesos con profundo sentido ético, transparencia y visión de largo plazo. Sin embargo, el triunfo radica no solo en las políticas y estrategias implementadas, sino también en el desarrollo de competencias internas que permitan a los líderes abordar con éxito la complejidad de estas nuevas realidades.
Uno de los mayores desafíos es la resistencia al cambio. Las estructuras tradicionales muchas veces dificultan la incorporación de nuevos paradigmas, así como también las presiones por obtener resultados a corto plazo pueden frenar iniciativas orientadas al bienestar colectivo. Las organizaciones que logran superar estas barreras obtienen beneficios significativos: mejoran su reputación, fortalecen la confianza de los grupos de interés y crean valor compartido, posicionándose como referentes en sus sectores.
El desarrollo de capacidades internas es clave para que los líderes empresariales puedan encarar los retos que exige el mundo moderno. El pensamiento estratégico, liderazgo, trabajo en equipo y la colaboración son algunas de las habilidades necesarias para tomar decisiones responsables y sostenibles. Al integrar estas cualidades en la cultura organizacional, las empresas están aptas para abordar problemas complejos desde una perspectiva holística, contribuyendo a soluciones innovadoras que beneficien tanto a la propia organización como a la sociedad.
El camino hacia la sostenibilidad también representa una muy buena ocasión para fortalecer la cohesión entre los diferentes actores del ecosistema empresarial. Colaborar con comunidades, instituciones y otros sectores permite a las empresas ampliar su impacto positivo, construir alianzas estratégicas y fomentar una economía más inclusiva y resiliente.
Implementar un modelo empresarial sostenible requiere determinación y responsabilidad social. Los directorios deben asumir un liderazgo transformador, alineando sus objetivos con las demandas de un mundo en constante evolución. Este compromiso no solo asegura la sostenibilidad de las empresas, sino también su contribución al bienestar global. En un momento crítico para el futuro del planeta, las empresas tienen la oportunidad y la obligación de ser agentes de cambio.
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