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Atraso de proyectos eléctricos puede costar el crecimiento de un año del PIB entre 2012-2019
Estudio de Synex y U. Alberto Hurtado cuantifica el impacto en US$ 16.500 millones en el período.
El atraso que presentan los proyectos de energía en el país, principalmente nuevas centrales de generación, afecta a la economía e impactará el crecimiento en los próximos años. Esta es la conclusión a la que llega el estudio “Impacto macroeconómico del retraso en las inversiones de generación eléctrica en Chile”, realizado por académicos de la Universidad Alberto Hurtado y la consultora Synex.
El informe, encargado por la asociación de generadoras, cuantifica el retraso en los proyectos en un impacto valorado hasta en 6,15% del PIB entre 2012 y 2019. Es la primera vez que se hace una medición de este tipo.
“Por culpa de los atrasos, entre 2012 y 2019 el país habrá perdido el equivalente a cerca de un año de crecimiento”, dice el estudio.
El economista de la UAH, Carlos García, señala que medido hoy, el impacto alcanzaría en términos absolutos a US$ 16.500 millones. El estudio toma como supuesto de comparación de la realización de inversiones sin trabas (tanto en atraso de tramitaciones ambientales como judicialización) a partir de 2007 en generación y su impacto en el alza de los costos marginales.
Los retrasos tienen efectos en el crecimiento de la inversión privada, la que sería de 17,85% menor a lo esperado de no existir los retrasos en los proyectos. Según los investigadores, también hay incidencia en otras variables de la economía. Por ejemplo, en el caso del consumo habría un menor crecimiento acumulado de 8,60%, mientras que la creación de empleo bajaría 8,31%. “Los retrasos en la construcción y operación de nuevas plantas generadoras tienen un fuerte impacto sobre la economía en sus variables fundamentales: PIB, inversión, consumo y empleo. Lo anterior sin perjuicio de un impacto un poco menor en la competitividad y la inflación”, dice el estudio.
Asimismo, indica que es urgente solucionar el problema energético con el establecimiento de una política consistente con el desarrollo del sector, sin descuidar las variables ambientales. “El país no tiene por qué seguir perjudicándose respecto de inversiones que se frustran, en la medida que se respeten las normas vigentes. Es crucial que las reglas sean perfeccionadas, de modo de evitar una innecesaria sobre judicialización y politización de los procesos de inversión”, sostiene el informe.
EXPERTOS
El académico Carlos García señala que la principal sorpresa del estudio fue la magnitud del impacto del retraso de los proyectos sobre la economía, aunque indicó que este era comparable con otros estudios internacionales sobre el tema. “Los resultados del estudio fueron una sorpresa. A nivel nacional no hay una evaluación del impacto de la energía sobre la economía. La energía eléctrica afecta la producción de la economía y es un insumo para la producción. Un aumento del precio de la energía eléctrica aumenta los costos, y eso hace que tenga un impacto negativo”, dijo.
Fernando Fuentes indica que el sector se encuentra en una encrucijada, y que la población debe tomar conciencia de los efectos del rechazo a la instalación de centrales carboneras o grandes hidroeléctricas. “El sector eléctrico está en una encrucijada, donde es muy importante que el país llegue a alguna suerte de consenso en que se necesita energía a precios razonables, por lo tanto toda la animosidad en contra de las inversiones en centrales térmicas o hidroeléctricas tiene que ser superada. Corremos el riesgo de que sigan subiendo los precios y podemos llegar a una situación en que la capacidad no sea suficiente para la demanda”, dice Fuentes.
Renato Agurto, socio director de Synex, señala que es necesario dar un giro a la forma en que se están llevando los proyectos de generación hoy. “Si no hay un golpe de timón, un cambio, los efectos negativos se van a ver. Tiene que haber un cambio de actitud de los organismos que están en la cadena de aprobación de los proyectos, de los que dan la calificación ambiental, y de la justicia cuando tiene que ver determinados recursos que se ponen”, sostuvo.
Los investigadores coinciden en la necesidad de explicar las consecuencias de la oposición a los proyectos ala población, y los efectos futuros que esto podría tener en las cuentas de la luz.
Fuente:www.latercera.com