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Carretera Eléctrica bajo la lupa
La creación de un grupo de trabajo entre expertos que representen a parlamentarios y al gobierno fue una de las primeras medidas que ha impulsado el Ejecutivo con miras a agilizar el proyecto de carretera eléctrica pública que se tramita en el Senado.
En paralelo, también se han tendido puentes con diputados de la Concertación para buscar acuerdos que permitan sacar adelante el proyecto que acelera la constitución de concesiones eléctricas que se tramita en la Cámara Diputados. La idea sería aprobar ambos proyectos de ley durante el primer semestre del próximo año.
En el mundo político y técnico hay acuerdo sobre la urgencia que presentan estas dos iniciativas, dado el momento de crisis por el que atraviesa el sector energía en el país, especialmente en el segmento de transmisión. Dos expertos en el área, la ex ministra Vivianne Blanlot y el consultor Renato Agurto, analizan al detalle, kilómetro a kilómetro, la idea de crear una carretera eléctrica pública. Junto a ellos, los representantes de Generadoras de Chile, René Muga; Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo; y de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), Carlos Finat, exponen su visión desde sus respectivos sectores.
ACUERDO TÉCNICO
“Los proyectos de carretera eléctrica y de concesiones son positivos y apuntan en la dirección correcta para evitar a futuro las congestiones del sistema de transmisión, uno de los cuellos de botella que dificultan el desarrollo eléctrico”, explica Renato Agurto, director de Synex.
Visión positiva que también comparte la ex directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Vivianne Blanlot, quien señala que ambas iniciativas apuntan a eliminar dificultades para un desarrollo más eficiente de los sistemas de transmisión.
En los gremios concuerdan en que son proyectos necesarios, aun cuando tienen aspectos por resolver. “Son iniciativas indispensables y complementarias”, dice René Muga. Agrega que de ser aprobados, se estará contribuyendo al desarrollo eficiente de la oferta de generación y, por lo tanto, se tendrá un suministro de energía oportuno, económico y sustentable. Aún faltan -dice- propuestas para soluciones complementarias enfocadas en proyectos de generación.
En Acera -que promueve las Energías Renovables No Convencionales (ERNC)-, afirman que la iniciativa soluciona sólo parcialmente la crisis energética y que además tomará bastante tiempo ver sus efectos.
Mientras que entre las distribuidoras agrupadas en Empresas Eléctricas A.G., estiman que la iniciativa constituye un cambio de paradigma hacia un sistema de planificación territorial que permita tomar decisiones basadas en las necesidades colectivas del país. Rodrigo Castillo, representante del gremio, destaca que a su vez contempla corregir criterios regulatorios que, a su juicio, han afectado al sistema, tales como la inversión en líneas al mínimo costo. “La iniciativa genera un sistema de holguras que se ajusta a los estándares internacionales de seguridad del suministro”, destaca.
PROS Y CONTRAS
Entre los distintos aspectos positivos que se les reconocen a los cuerpos legales está el agilizar los mecanismos para establecer concesiones y servidumbres, así como contar con una planificación más robusta de la transmisión troncal. “Permitirá incorporar más plazos para capturar economías de escala y reducir la afectación territorial”, resume Blanlot.
La ex secretaria ejecutiva de la CNE cree que el perfeccionamiento deberá estar asociado a buscar un mejor sistema de valoración de las servidumbres, para que se resguarden los derechos de ambas partes, la empresa y el propietario del terreno. Blanlot indica que se puede perfeccionar la carretera pública, considerando al momento de la planificación aspectos ambientales, antes de definir trazados. Las firmas de energías renovables tienen más reparos. Finat dice que falta incluir disposiciones que faciliten la interconexión de fuentes de este tipo, en especial las pequeñas o medianas.
Para Muga es negativo que el Estudio de Franja Troncal (EFT) que se hará para planificar la carretera eléctrica no incorpore todos los proyectos identificados como “troncales” por el Estudio de Transmisión Troncal (ETT) que hoy se realiza periódicamente.
Otro desafío importante -según Castillo- es incluir la participación ciudadana: “No parece razonable que un consultor establezca una línea sin consultar a la comunidad, en especial sin contemplar el Convenio 169”.
ESTADO ACTIVO
Una de las discusiones que se darán en el Congreso es el papel que debe jugar el Estado en transmisión. Con la carretera eléctrica pública, el Estado adquiere un rol planificador, tanto en el diseño de las nuevas líneas, como en la obtención de servidumbres.
“No se trata de más Estado, pero sí de uno mejor”, resume René Muga. “Cualquier perfección o extensión del rol subsidiario del Estado que ayude a mejorar el clima de inversiones y potenciar el desarrollo eficiente, económico y sustentable es positiva”, dice.
Blanlot también valora esta mayor inclusión. “Es adecuado tratándose de sistemas que requieren de planificación y coordinación entre un número importante de actores, con intereses que a veces son complementarios y otras veces antagónicos, pero cuyas decisiones afectan bienes públicos y los costos del suministro”, dice.
Desde Empresas Eléctricas, Castillo destaca éste como el primer intento del Estado de realizar una planificación territorial en el rubro, medida que a su juicio permite pasar desde la incertidumbre total en las inversiones en transmisión, a un horizonte posible de ejecución.
CARRETERA PÚBLICA
Vista bajo la lupa, la carretera eléctrica presenta luces e incógnitas. Hay concordancia en que es bueno que el Estudio de Transmisión Troncal se haga con un horizonte de 20 años, considerando más escenarios. “Es una planificación robusta que da cuenta de la incertidumbre y permite que la transmisión esté disponible cuando se requiera y no atrasada, como ha estado ocurriendo”, dice Blanlot, visión que es compartida por todos los expertos.
Respecto a que se licite a un consultor privado para que haga el Estudio de la Franja Troncal (EFT), también recibe apoyo. “Es lógico que sea así, ya que el Estado no mantiene equipos permanentes para tareas que no lo son. No obstante, se requiere una contraparte fuerte del regulador”, dice Blanlot.
Ahí habría un punto por mejorar. Castillo plantea que no puede ser que el trazado que proponga el consultor sea inmodificable, ya que podría traer consecuencias en su ejecución si es que hay algún problema.
Agurto se muestra a favor, en especial por la nueva figura que se crea: un comité interministerial. Pero Finat agrega: “La revisión que haga el comité debe ser fundamentada y recurrible”.
Los expertos y gremios están de acuerdo con el sistema de financiamiento de la carretera pública, por las generadoras, transmisoras, distribuidoras y clientes libres. Acera solicita que se revise la forma en que se asignan estos costos a los diferentes agentes, especialmente los asociados a las holguras.
Castillo agrega que es positivo que se puedan construir líneas contando con el 25% de la energía asegurada. “El costo de financiarlo es mínimo frente a los beneficios que acarrea en cuanto a holguras y competencia que inyecta al sistema”, dice.
Que el Estado pueda imponer una servidumbre tiene aspectos positivos. Los consultados concuerdan que baja el riesgo y que esto puede traer más competencia a la licitación y, por lo tanto, bajar los costos.
Sin embargo, la Corte Suprema ha abierto una ventana de duda respecto a la imposición de servidumbres. Según se desprende de un informe enviado al Senado se cuestiona la disposición acerca de que si un propietario presenta un reclamo por estar disconforme con el monto de la indemnización por la servidumbre, se le pague sólo el 50% del valor consignado. “No tiene justificación”, alega.
Castillo agrega que el pago posterior a quienes pueda impactar la decisión puede ser inconstitucional. “Se puede hacer un mecanismo que permita pagar por adelantado a la persona afectada”, sugiere.
CONCESIONES RÁPIDAS
En paralelo, el proyecto de concesiones apunta a medidas con efectos inmediatos. Blanlot y Agurto dicen que es positivo que se busque acortar plazos de tramitación, porque hoy son “excesivos”. La ex titular de la CNE agrega que junto a eso hay que mejorar el proceso administrativo.
Muga agrega que también es bueno delimitar las causales de impugnación de una solicitud de concesión, pero que aún falta definir y precisar más la categoría de interesados y afectados para presentar observaciones u oposiciones. Respecto a la reducción de los medios de notificación a los propietarios de terrenos por donde pasará una servidumbre, se valora el fondo de la idea: hacer expedito el trámite. Blanlot pone paños fríos, ya que dice que esta medida podría ser poco relevante a la hora de agilizar y reducir tiempos.
“Sigue siendo importante resguardar un medio adecuado de notificaciones para predios rurales en áreas alejadas”. El cambio de los hombres buenos por comisiones tasadores también es visto como una herramienta positiva, entendiendo que se lograrán precios “justos” para los propietarios.
Por Andrés Pozo B.
Fuente: que pasa energia.cl