CONCESIONES ELÉCTRICAS Y BIEN COMÚN

En los últimos años, los plazos de puesta en servicio de las instalaciones de transmisión han aumentado en forma alarmante, pasando de tres años a cinco años y más. Esto agrava los ya serios problemas al abastecimiento que presenta el SIC. Existe un acuerdo entre las coaliciones políticas representadas en el Senado, con el gobierno, para destrabar el proyecto de ley que modifica los procedimientos para otorgar concesiones eléctricas previstos en la legislación.

Cabe indicar que las concesiones eléctricas son otorgadas por el Estado para permitir a las empresas de transmisión y de distribución eléctrica la utilización de terrenos de terceros para la instalación de los equipos necesarios para su labor, tales como líneas, entre otras.

El proyecto de ley busca simplificar el proceso y acelerar los plazos para obtener los permisos necesarios para la instalación de estos tendidos eléctricos, entre ellos la obtención de servidumbres de paso, así como también evitar la paralización de obras por parte de terceros no afectados directamente. En los últimos años, los plazos de puesta en servicio de las instalaciones de transmisión han aumentado en forma alarmante, pasando de tres años a cinco años y más. Esto agrava los ya serios problemas al abastecimiento que presenta el Sistema Interconectado Central. Sin ir muy lejos, el sur de Chile presentó problemas de abastecimiento, llegando a cortes frecuentes de energía durante varios veranos, debido al retraso de la línea de transmisión entre Charrúa (zona donde existe abundante generación hidráulica y termoeléctrica) y Temuco.

Lamentablemente, la Cámara de Diputados rechazó precisamente las propuestas tendientes a acelerar estos procesos, como aquella en que se entregaba al juez la facultad de recurrir a la fuerza pública para cumplir con la autorización judicial que le permita al concesionario tomar posesión material del predio por el que ha de pasar el tendido eléctrico cuando hay oposición. Adicionalmente, se rechazó la norma que establecía la posibilidad de que, en caso de que se ordene la paralización o suspensión de las obras, una vez cumplidos todos los requerimientos, incluido el pago de servidumbre al propietario, el concesionario pudiese continuar con las obras, previo depósito de una caución suficiente para responder de la demolición de las obras o de la indemnización de perjuicios en el caso de prosperar la demanda de un tercero.

Está la esperanza de que el 2018, si los plazos se cumplen, entren en operación importantes ampliaciones en sistemas de transmisión desde la Octava Región al norte, que aliviarán en parte la compleja situación de abastecimiento de la zona centro-norte. Es así como para esa fecha estarían en operación centrales hidroeléctricas y particularmente parques eólicos por más de 600 MW, que se enfrentarían al absurdo de no poder evacuar su energía por la falta de capacidad de transmisión oportuna.

Si bien es loable que los diputados que rechazaron estas propuestas del Senado, atendiendo a los derechos de los propietarios u otros afectados, bajo el supuesto de que éstos representan la parte mas débil de esta disyuntiva, no es menos cierto que las consecuencias de su decisión afectarán a todos los usuarios de electricidad, que deberán pagar mayores precios y, por cierto, a la industria, que se hará menos competitiva de lo que ya es, debido a los altos costos actuales de la energía eléctrica.
por María Isabel González, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y gerenta general de Energética s.a.
Fuente: diariolatercera
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