Derecho de la Ciudad

La segregación espacial que afecta a Chile no se corrige con el crecimiento económico. Solo se puede solucionar con políticas públicas.

De acuerdo a un reciente estudio de los académicos de la UC Isabel Brain y Francisco Sabatini, la segregación espacial en Chile no sería –como se suele creer– la encarnación de las altas desigualdades sociales, ni tampoco el espejo del carácter clasista de los chilenos. Según se desprende de este trabajo, la segregación espacial, que condena sobre todo a los más pobres a vivir en guetos y que afecta negativamente sus oportunidades de progreso, respondería más a las dinámicas del mercado del suelo que a fenómenos de tipo cultural.

El estudio es interesante porque echa por tierra una serie de mitos relacionados con este problema. Por ejemplo, el que las personas en culturas como la nuestra tienden de manera natural a reunirse entre iguales y que por tanto, sería ilusorio resistir esa segregación espacial. El documento sostiene que no es así, pues en ciudades más chicas, como las de provincia, no existe el mismo grado de segregación que en Santiago aun cuando hay distintas clases sociales que conviven. El correlato entre desigualdad social y segregación espacial tampoco sería cierto en otras partes del mundo. De hecho, se señala que existirían sociedades con bajos niveles de desigualdad pero altamente segregadas, como la norteamericana, y, por el contario, otras muy desiguales pero con muy bajos índices de segregación espacial, como ocurre en Brasil o India.

Paradójicamente, la alta movilidad social que hoy experimenta la sociedad chilena refleja la tendencia de grupos emergentes a auto-segregarse como una manera de afirmar sus identidades difusas y evitar así ser confundidos con aquellos grupos a los que se perteneció, pero que se quieren dejar en el olvido. Lo que es llamativo y refuerza la idea de que la movilidad social no se traduce en menos segregación, es el hecho de que el fenómeno de los condominios cerrados no sólo tienen éxito en las comunas más acomodadas, sino también en aquellas más populares como Maipú o Peñalolén, donde el esquema se replica por doquier.

Del mencionado estudio se puede concluir que la segregación espacial que afecta a Chile –y que amenaza gravemente la integridad social–, no es algo que se corrige por el simple crecimiento económico ni por el aumento de la movilidad social que éste conlleva, sino que sólo se puede solucionar con políticas públicas orientadas a promover la existencia de una mayor mezcla social en el espacio y evitar así el flagelo que representa la marginalización.

Brasil ha realizado un enorme esfuerzo en esta línea mediante un conjunto de leyes constitucionales reunidas en un “Estatuto de la Ciudad”. Estas normas se fundan en la idea de que la ciudad no es sólo un medio para lucrar y acumular capital, sino que cumple una función social. En un escenario como éste, el estado no sólo es llamado a garantizar el acceso universal a los bienes urbanos (buena localización, desplazamiento digno o acceso a los servicios básicos), sino también es emplazado a tomar las medidas necesarias para evitar la segregación espacial mediante la gestión del suelo y la distribución justa de los costos y beneficios del desarrollo urbano.

Para que ello ocurra en Chile se requiere Estado con nuevas atribuciones que le permitan tener un rol mas activo en el desarrollo de la ciudad. •••

POR: Sebastían Irarrazaval