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Desafíos y oportunidades que plantea la nueva Institucionalidad Ambiental
La nueva institucionalidad ambiental, planteada a partir de la creación del Ministerio del ramo, la Superintendencia de Medioambiente (SMA) y los Tribunales Ambientales, que están operando desde fines del año pasado, supone tanto desafíos como oportunidades para el sector legal. Así al menos lo entienden en los diferentes estudios de abogados.
“Es cierto que aumentarán las fiscalizaciones y, seguramente, se iniciará un mayor número de procesos sancionatorios. Esto nos obliga a actuar muy estrechamente con nuestros clientes, primero en una labor preventiva, para evitar incumplimientos a sus autorizaciones ambientales y a la normativa sanitario/ambiental que les sea aplicable, con el objeto de evitar multas u otras sanciones, pero también, en el caso de que se apliquen sanciones, podremos defender los intereses de nuestros clientes, buscando la mejor forma de subsanar las situaciones de incumplimiento que puedan existir”, explica Nicolás Eyzaguirre, socio de Claro y Cía que lidera el área ambiental.
Por una parte, la conformación de los tres tribunales como quedó establecido en la legislación, lo que en estricto rigor empezó a funcionar en marzo, con el segundo tribunal de Santiago, supone un incremento en la demanda por profesionales que presten sus servicios allí, pero al mismo tiempo también ha exigido una mayor atención por parte de los bufetes, para acompañar a sus clientes en los procedimientos asociados a estas nuevas instancias.
Como ha quedado en evidencia en los 11 procesos de sanción que hasta ahora ha iniciado la SMA, un flanco de trabajo que se abrió es la fiscalización que esta entidad debe realizar de las más de 10 mil resoluciones de calificación ambiental (RCA) emitidas desde 1997, cuando entró en vigencia la Ley de Bases del Medioambiente (19.300).
Por otra parte, el ámbito de acción de los tribunales abarca las reclamaciones por actos administrativos, entre ellos las decisiones del Servicio de Evaluación Ambiental, de las comisiones evaluadoras, que se pronuncian sobre los proyectos presentados por las empresas, y de las decisiones del propio Ministerio de Medioambiente. Además, estas instancias judiciales consideran las causas que emanan desde la SMA o de parte de las empresas a partir de procesos de sanción iniciados por este último organismo.
Capacidad ya instalada
El tema ambiental es una materia que hace años está instalada en los distintos estudios de abogados. En Algunos hay equipos y áreas especializadas, mientras que en otros la práctica es más transversal, ligada al sector de recursos naturales. De esto se desprende que en general las oficinas locales no tuvieron que reaccionar ante la entrada de la nueva institucionalidad ambiental, lo que sí ha sucedido es que han reforzado sus equipos.
“Nuestro estudio cuenta desde hace años con abogados expertos en materia ambiental y regulatoria, y además con un gran grupo de abogados que se dedican exclusivamente a litigios, de tal manera que el cambio en la institucionalidad ambiental no nos ha demandado la creación de nuevas áreas de trabajo”, comenta Gonzalo Jiménez, Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía.
Por su parte, Clemente Pérez, socio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, que encabeza este sector, comenta que en su caso la tarea más importante ha sido el análisis de desviaciones que han realizado junto a sus clientes. Esto consiste, dice, en comparar cada actividad industrial con sus respectivas RCA. “Las eventuales incongruencias constituyen una contingencia ambiental, para lo cual luego definimos un mecanismo de regularización o corrección. De este modo, evitamos que nuestros clientes se expongan a sanciones u obstáculos ambientales producidos por la nueva institucionalidad ambiental”, asegura el ex subsecretario de Obras Públicas.
Por su parte, Pablo Mir, socio de Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados, considera que en general en materia de la evaluación ambiental, el rol de los abogados estaba más restringido a revertir revocaciones de permisos, la solución de conflictos o el establecimiento de acuerdos en torno a las medidas de mitigación, mientras que ahora se abrió un flanco para asesorar y acompañar a sus clientes en los procesos sancionatorios que puedan surgir a partir de la fiscalización de la SMA, como una práctica accesoria a los servicios que ya prestan a sus clientes, la cual podría redundar en un reforzamiento de sus equipos.
En concreto, Manola Quiroz, líder del equipo ambiental de Noguera, Larraín & Dulanto, dice que el principal desafío que plantea el nuevo ordenamiento ambiental está referido a la coordinación de los distintos entes ambientales en el ejercicio de sus funciones, así como la convergencia de los actuales criterios administrativos y judiciales con los que desarrollen estos nuevos organismos. “Con el funcionamiento de la nueva institucionalidad debiese comenzar a gestarse el desarrollo de una práctica más técnica, uniforme y especializada, de manera que funcione como un instrumento de crecimiento que aporte un marco de certeza para la implementación de nuevos proyectos de inversión”, puntualiza.
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