Discusión sobre el tipo de energía que el país requiere

El legítimo desarrollo de proyectos hidroeléctricos no debe llevar a desestimar las centrales a carbón, las que permitirían que el país cuente con energía a bajo costo.

Las empresas titulares de los derechos de agua que permiten el desarrollo de grandes centrales eléctricas tienen el derecho constitucional a llevar a cabo sus proyectos, sin más restricción que las que legítima y legalmente puedan establecerse por consideraciones ambientales. La presión en contra del desarrollo de centrales hidroeléctricas por consideraciones arbitrarias -entre ellas, sensibilidades ambientales más allá de las razonables- no debería limitar la capacidad de esas empresas para desarrollar sus emprendimientos, salvo que, en conformidad con las protecciones constitucionales existentes, el Estado las indemnizara por el daño económico inflingido, ajustándose estrictamente a procedimientos legales.

No parece razonable, sin embargo, que en su propósito de impulsar sus proyectos en Aysén o en cualquier otra zona del país, las empresas difundan conceptos confusos e inconvenientes sobre política energética, creando presión ambientalista en contra de la generación térmica en base a carbón y poniendo en peligro que su precio sea el que más conviene al país. El análisis serio de las distintas alternativas energéticas que enfrenta el país lleva a concluir que se debe permitir la expansión de la capacidad energética en base a carbón, cuidando que las tecnologías utilizadas sean ambientalmente adecuadas.

Salvo una redefinición total de nuestra política energética, de manera que el precio de la energía pase a estar vinculado al costo promedio de las distintas fuentes de generación, el precio de la energía, para empresas y hogares, va a estar en torno al costo de expandir el sistema para abastecer la demanda por energía, cualquiera sea el crecimiento de esta. Proyectos hidráulicos, que no pueden expandirse indefinidamente para satisfacer la demanda, nunca van a afectar el precio de la energía en el país, que va a depender del costo marginal de expansión de la generación. Dado que la expansión en base a carbón es la de menor costo, permitir que los proyectos a carbón puedan desarrollarse conduce al menor precio de la energía para el país.

Los proyectos hídricos, que pueden sustituir plantas a carbón o gas natural, pueden “colgarse” del precio que determinan esas otras tecnologías, pero no afectan el precio de la energía para los consumidores chilenos. La posibilidad de producir (limitadamente) energía hidroeléctrica a muy bajos costos, si el precio determinado por carbón o gas es más elevado, significa un buen negocio en la generación hidroeléctrica, pero que no se traspasa a los consumidores.

Hoy se construyen plantas a carbón en ciudades europeas gracias a nuevas tecnologías que limitan la emisión de partículas. La emisión de CO2, que contribuye al efecto invernadero a nivel global, no detiene la construcción y operación de plantas a carbón en el mundo (a las 1.500 existentes se están sumando más de 1.200 en construcción), porque una parte significativa de la comunidad científica piensa que el calentamiento global se debe a la actividad solar y se puede enfrentar con medidas ad hoc sin restringir el uso de combustibles fósiles, y porque el costo de prescindir del carbón es muy elevado en términos económicos y sociales. En este contexto, Chile debe proteger sus posibilidades de crecimiento y progreso social, muy dependientes del costo de disponer de energía, lo que requiere un esfuerzo de todos para mantener esta discusión en el terreno de la racionalidad y el bien común.