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El Test de la Ley Eléctrica
La conducta de los parlamentarios de Nueva Mayoría será una prueba de la influencia que pueda tener el comando de Bachelet. En el enrarecido panorama político electoral hay una preocupación que comparten el gobierno de Sebastián Piñera, los grandes empresarios y el comando de Michelle Bachelet: el futuro de la energía eléctrica. Uno de los problemas ineludibles que heredará el próximo gobierno, cualquiera que sea, es el de la generación de energía.
El fantasma del blackout o el racionamiento eléctrico mantiene preocupados a grandes empresarios y representa un obstáculo mayor para el crecimiento económico de los próximos años.
Una energía eléctrica cara afecta proyectos de inversión y golpea proporcionalmente más los bolsillos de los más pobres. Si no se hace algo ahora, dicen todos los especialistas, se corre un serio riesgo de que no haya energía suficiente en 2016, es decir, en la mitad del próximo gobierno. Eso sería, además, un fenómeno de alto impacto político para quienquiera que esté en el gobierno en esa fecha, en medio de una previsible desaceleración del ciclo económico.
Un informe encargado por la Confederación de la Producción y el Comercio a un grupo transversal de expertos dictaminó recientemente que con las centrales actualmente en servicio y las que están en etapa de construcción avanzada se puede abastecer adecuadamente el crecimiento de la demanda sólo hasta 2016.
El tema ha encendido las alarmas en el comando de Michelle Bachelet, la candidata a la cual las encuestas otorgan por lejos la mayor probabilidad de triunfo, dado el escenario de estrechez energética previsto para mediados de 2016, unido a la cada vez más difícil aprobación de nuevas centrales debido a la creciente oposición ambiental. De hecho, la propia candidata manifestó durante los debates de las primarias que el proyecto de Hidroaysén, uno de los más emblemáticos que están en compás de espera, “no es viable” en la forma en que está diseñado.
Conviene entonces poner atención a la tramitación en el Congreso de dos leyes críticas para destrabar institucionalmente la generación eléctrica y orientar hacia dónde se encaminará la matriz energética del país. Se trata de la ley de concesiones eléctricas, que establece normas para construir redes de torres de alta tensión necesarias para distribuir la electricidad y hacer viables muchas centrales, y la ley de fomento a las energías renovables no convencionales (ERNC), que fija la meta de tener un 20% de la matriz energética proveniente de estas fuentes para el 2025.
Personeros del comando de Bachelet han estado monitoreando el desarrollo de estas dos leyes y en particular de la primera, ya que se considera clave su aprobación dentro de la actual legislatura para dar tiempo suficiente al desarrollo de nuevos proyectos eléctricos que desahoguen el sistema para el próximo gobierno.
La ley de concesiones eléctricas es una iniciativa altamente sensible que se ha trabado fundamentalmente por la forma de aplicar el convenio 169 de la OIT, sobre comunidades indígenas, ya que es clave en qué momento se consulte a las comunidades sobre las servidumbres de paso de nuevos proyectos de líneas eléctricas. Una alternativa, defendida con vehemencia por organizaciones ecologistas y algunos parlamentarios de oposición, es que la consulta se haga antes de otorgar a un particular la concesión para el desarrollo de las obras. El gobierno, en cambio, considera que esa fórmula constituiría una traba y propone hacer la consulta después del otorgamiento de la concesión, pero antes de que se inicien las obras. Esta última postura había sido aprobada en el Senado, pero fue rechazada en la Cámara.
Este diferendo rompió un acuerdo transversal que se había logrado entre el gobierno y parlamentarios oficialistas y de oposición para aprobar la ley y obligó a enviarla a la comisión mixta, donde será vista por un grupo de cinco diputados y cinco senadores.
El gobierno actual ha puesto especial empeño en aprobar este proyecto que, como ha dicho el ministro de Energía, Jorge Bunster, reduce las barreras de entrada al negocio de la distribución, hace más competitivo el sector y viabiliza proyectos de centrales medias o pequeñas que hoy no tienen acceso al Sistema Interconectado Central (SIC). Como parte del esfuerzo por aprobar esta ley, el gobierno había accedido a tramitar en forma paralela el de fomento a las ERNC.
El comportamiento de los parlamentarios de la Nueva Mayoría en la tramitación de estas leyes se considera un test de la influencia que el comando de Bachelet pueda tener sobre sus filas parlamentarias, con vistas a que la energía no se convierta en un cuello de botella en el próximo gobierno. La idea que han transmitido personeros del área económica del comando es que se hagan todos los esfuerzos para que la ley sea aprobada durante el actual gobierno.
Es claro que estamos ante una iniciativa país que concita el interés de los principales actores del juego político, los cuales tienen incentivos para avanzar en una legislación que si bien no concita grandes titulares en la prensa, resulta de importancia central para la estabilidad del país en los próximos años.
por Alberto Luengo, periodista
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