Expertos cuestionan ampliaciòn de plazo en la declaraciòn de impacto ambiental

Diversos expertos cuestionaron la efectividad de aumentar el plazo de la participación ciudadana en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental de proyectos, puesto que sigue sin garantizarse el derecho a la asesoría técnica para comunidades locales y tampoco se transparenta la relación entre empresas y consultoras ambientales, para evitar situaciones de corrupción y presentación de información ambiental falsa.

Cuando una empresa presenta un proyecto a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la ciudadanía tiene un plazo de 10 días para solicitar el derecho a participación ciudadana. Puesto que muchas veces no es posible que la gente se entere, parlamentarios de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados decidieron ampliar de 10 a 30 días este plazo.

Al respecto, el abogado y profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, doctor Eduardo Astorga, dice que los parlamentarios deberían permitir que decante la Ley Ambiental, que fue reformada en 2010, y analizar los problemas de fondo que le faltan, para así abordar una sola gran reforma. Por eso, Eduardo Astorga juzga que la iniciativa es “irrelevante”.

“La ley de medio ambiente no es una ley a la cual se le pueda estar manoseando permanentemente con modificaciones mezquinas de siete días o diez días”, criticó Astorga.

“Aquí hay que introducir reformas fundamentales al sistema de evaluación de impacto. Hay dos que son clave, la primera, es que el sistema de evaluación de impacto ambiental no puede ser más un instrumento al cual se esté pidiendo permanentemente la definición de los valores ambientales desde los territorios. La segunda, una de las cuestiones que no tiene, es el diagnóstico ambiental de alternativas. Evaluar sin alternativas, al menos para proyectos lineales, por ejemplo, es imposible. No hay, en definitiva, una evaluación propiamente tal. Es decir, a la evaluación ambiental en Chile le falta una pata”, agregó.

El académico adujo que la definición del uso de un territorio debería hacerse a nivel regional, con un mecanismo democrático, para así evitar las perturbaciones periódicas de nuevos proyectos que buscan instalarse en zonas que la ciudadanía prefiere destinar a otros usos. Así también, la ley ambiental debería obligar a las empresas a presentar proyectos alternativos, pues de otro modo no es posible comparar opciones.

Por su parte, el investigador en arqueo-atronomía del Instituto del Medio Ambiente (IDMA), Patricio Bustamante, dice que las comunidades no tienen dinero para asesoría técnica, por lo cual tienen dificultad para hacer observaciones fundadas sobre proyectos empresariales. Por eso, Patricio Bustamante juzga que esta ampliación de plazos “no significa nada”.

“EL problema no está en el tiempo solamente sino en que, primero, lo hace una empresa con un poder económico enorme, con la capacidad de contratar a todos los expertos que necesite, que tienen todo el tiempo para realizar sus investigaciones. Después presenta un informe extremadamente complejo, que abarca desde sismicidad, geología, hidráulica, construcción, había que hacer que existieran recursos para que las comunidades pudieran contratar expertos que realmente tuvieran el tiempo para analizar todas las variables, que las consultoras no estén ligadas económicamente, que hubiera un mecanismo transparente”, detalló.

El experto agregó que “no debería ser el titular de un proyecto el que escoja a la consultora que hace la Declaración o el Estudio”, para evitar la elaboración de información “errónea, inexistente o falsa”, como diagnosticó el Gobierno en 2007.

La diputada de la Comisión de Medioambiente, la UDI Marisol Turres (una de las autoras de la iniciativa), dijo que ellos no pueden “hacer milagros”.

Para la parlamentaria, “si bien es cierto que para poder estar a caballo sobre todo el proceso es ideal tener la asesoría de un abogado, hay muchas cosas que no son técnicas o legales sino que dicen relación con el impacto en la vida cotidiana de las personas y eso no requiere de un abogado”.

“Lo que nosotros sí podemos hacer es dar un mayor plazo para efectos de que haya mayor posibilidades de participación en este proceso”, expuso.

La evaluación de los expertos coincide en señalar que, pese a la buena intención de los parlamentarios, la idea de subir de 10 a 30 días el plazo para solicitar participación ciudadana en la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto “no tiene asidero en un estudio serio, sino en una apreciación espontánea que se traducirá en otro parque sobre la institucionalidad ambiental”.
por Helmuth PalmaHuerta
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