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Fernández, de HidroAysén, y agenda pro inversión: «Es un paso, pero no es suficiente»
Viene llegando de un intenso puerta a puerta por Puerto Aysén y Coyhaique. El vicepresidente ejecutivo de las polémicas megacentrales de HidroAysén (HA) -propiedad de Endesa y Colbún, que en enero debiera revisar el Comité de Ministros-, Daniel Fernández, pasó toda la última semana visitando familias de la zona donde se instalarían los embalses.
Y entonces, convencido, arremete ante los más críticos: «Patagonia Sin Represas no representa a la comunidad de la región, para nada. Con la comunidad tenemos una relación llana y directa», y asegura que en Cochrane y Villa O’Higgins el apoyo al proyecto es de un 60% y 70%, respectivamente. Por lo mismo, espera que el Comité de Ministros entregue el último visto bueno, sin modificar mayormente las medidas de compensación propuestas y aclarando algunos puntos.
Pero el tema de la energía en Chile, dice, es mucho más amplio que HA: El próximo Presidente enfrentará sí o sí una crisis energética, y cuanto antes es necesario generar un acuerdo político para solucionarlo. Afirma, además, que si bien tras el «llamado de alerta» de Colbún -que a comienzos de año paralizó HA hasta que no existiera una política energética de consenso- el tema energético se puso en pauta, aún falta tomar decisiones y acuerdos tendientes a una estrategia energética. «El proyecto de carretera eléctrica lleva meses en el Congreso y aún no se vota la idea de legislar», reclama Fernández. Sobre la decisión de Colbún, asegura que «marzo es un buen mes» para repensar la decisión.
La agenda pro inversión anunciada hoy en La Moneda (páginas 40 y 41), señala, es un primer paso, pero insuficiente. «Son propuestas que van en la dirección correcta, pero que tienden a resolver la situación bajo el actual escenario legal y de planificación. Además de esto se necesita un cambio mucho más profundo que estipule una estrategia de política energética que sea sustentable en el tiempo, y tiene que tener un acuerdo con la mayor cantidad de sectores políticos posibles. Evidentemente es un paso, pero no es suficiente», señala Fernández.
-¿Alguna medida que destaque?
-Hay una introducción a la planificación regional que me parece interesante, pero no se sabe aún cómo será desarrollada. Pero el concepto de hacer una planificación territorial para definir áreas posibles de instalación de tipos de industria me parece imprescindible.
-¿No le parece pobre?
-Lo que se diseñó es lo que está dentro de las atribuciones del Ejecutivo, porque no hay tanto tiempo para legislar en este año que le queda al gobierno. Creo que es realista.
«Tenemos una matriz sucia, cara y vulnerable»
-¿Cuál es a su modo de ver la situación actual de la matriz energética en Chile?
-Tenemos una matriz sucia, cara, contaminante y vulnerable, basada en las termoeléctricas.
Además, entrando la última central de las que están en construcción, que es el 2014, viene una laguna al menos hasta 2020 donde no entran nuevas centrales. Por lo tanto, si el crecimiento se sostiene en 5% o 6% anual, tendrás una necesidad de unos 1.000 megas anuales, y están entrando 500 megas y en algunos años no está entrando nada. No están entrando proyectos ni de generación ni de transmisión.
-¿Cómo cree que se logra tener precios competitivos?
-Usando lo antes posible energías renovables, siendo la principal la hidroeléctrica, que son de bajo costo y estables. El gas natural también puede ayudar. Es una combinación. Las no convencionales, eólicas y solar, son un complemento, pero necesitan tener centrales funcionando de respaldo.
Hoy nuestra matriz tiene 65% térmicas, 32% hidros y marginalmente las no convencionales. Entre hidroeléctricas y geotermia debiéramos tener más del 50%, y del 50% restante ojalá la mitad fuera gas natural.
-¿Cómo lo puede hacer el Estado para planificar una matriz de esas características?
-No soy partidario de la planificación rígida de la matriz. Pero sí hay que tener una visión objetivo y crear incentivos para empujar en esa dirección. Los proyectos de geotermia e hidroelectricidad debieran tener un fast track de aprobación porque tienen una externalidad positiva. Creo que se necesita un ordenamiento territorial que tome en cuenta los territorios y diga en qué lugares se pueden hacer centrales hidroeléctricas y de geotermias, y en qué otros termoeléctricas. Y también el establecimiento de algún tipo de royalty para beneficio para las comunidades locales.
-¿Y sería partidario de poner trabas a las termoeléctricas?
-No se trata de trabas, pero tienen externalidades negativas, hay muchas partes donde se ha discutido el impuesto al carbón, a las emisiones, o normas de emisión más estrictas. Hay formas, pero eso requiere de una política de Estado. Hay un informe del CADE, con lineamientos de política, pero no han sido discutidos, no hay acuerdos razonables y un sistema político que se haga cargo. En 4 años más todos se van a lavar las manos, como siempre. La Ley de Carretera Eléctrica está hace meses en el Congreso y aún no se vota la idea de legislar. Eso demuestra que no hay bases para un acuerdo político de ningún tipo.
-Cree, como algunos, que el fracaso de este gobierno es no haber logrado grandes consensos, por ejemplo, en temas como el energético.
-Si mira a febrero 2010, cambiando de un gobierno a otro, en ese momento estaba Castilla, HidroAysén, Alto Maipo, Punta Alcalde, todos en carpeta. Había un calce bastante razonable entre oferta y demanda. Con el tiempo ese plan de obras se ha ido cayendo: no se hizo Barrancones, no se hizo Castilla, HidroAysén se postergó, el único aprobado es Punta Alcalde. Si sumas los megas de los proyectos que han dejado de hacerse estamos hablando de 7.500 megas, el 80% de lo que se necesita en la próxima década. Esa es la realidad. Ahora, ¿de quién es la culpa? Yo prefiero ver cómo salimos para adelante.
«Este proyecto no necesita ninguna ayuda política»
-HidroAysén debiera discutirse en enero en el Comité de Ministros, ¿qué espera?
-Esperamos que resuelvan de una vez las observaciones que hemos hecho y que han hecho los opositores, para poder tener claridad hacia adelante y cumplir las etapas del proyecto. Ha pasado demasiado tiempo desde que se aprobó a nivel regional, el 9 de mayo de 2011. Hemos pasado todas las instancias judiciales, incluyendo la Suprema. Las observaciones que se han hecho son a la calificación ambiental y esperamos que ese texto quede claro para saber cuáles son nuestras obligaciones y haya una forma de auditarlo correctamente.
-El subsecretario de Medio Ambiente reconoció que en la decisión de aprobar Punta Alcalde hubo consideraciones políticas, ¿espera que sea igual con HA?
-Este proyecto no necesita ninguna ayuda política. Es un proyecto desde el punto de vista técnico, impecable, con un impacto ambiental acotado. Necesitamos que se apliquen los reglamentos que hay en el país respecto del impacto ambiental de los proyectos.
-Un escenario es que el Comité de Ministros lo apruebe pero con nuevas condiciones.
-Podría pasar y ahí los accionistas tendrán que decidir si quieren seguir adelante. Insisto, el nivel de las compensaciones es tan alto: 50% del costo de la energía, áreas de conservación que son 2 veces el área de inundación, mejora de caminos, frigorífico, invernaderos, becas para estudiantes, mejoramiento del hospital, qué más. Si existiera un royalty sería menos que esto. Todos los servicios públicos tienen informes favorables a HA en todos los ámbitos. No veo por qué el ministro sectorial sería crítico de su propio servicio.
-Aún aprobándose, HA sigue en «stand by» tras la decisión de Colbún. ¿Qué falta para retomarse?
-Ese stand by es relativo. Somos 45 personas trabajando, los accionistas acaban de aprobar US$11 millones de aumento de capital, seguimos trabajando en la región. Lo que ha sido distinto es que no hemos avanzado en el estudio de impacto ambiental de la línea. En el resto tenemos acuerdos que cumplir, con las familias relocalizadas, con la comunidad de Cochrane, monitoreo de las aguas de los ríos, estudios técnicos.
-¿Y el estudio de la línea se retomaría cuando esté clara la carretera eléctrica?
-Eso no lo sé. Lo que planteamos a los accionistas es que hay tres cursos de acción que están abiertos: uno es hacer una línea propia desde la región hasta Santiago, es la menos probable, pero existe. También está la posibilidad de hacer el estudio de una línea, conectarla en Puerto Montt o Valdivia y gatillar, en un sistema que hoy existe, la ampliación del SIC. Y el tercero, es que la carretera eléctrica llegara a un punto más cercano a las obras, que tal vez pueda ser Puerto Aysén. Son las tres opciones que manejamos, y estando indefinida la carretera eléctrica, la opción más clara que tienes es hacer un estudio hasta Puerto Montt o Valdivia y gatillar una ampliación del SIC. Los accionistas no han tomado una opción, pero la carretera eléctrica no es la única, sobre todo porque se ve que es lento.
-¿Y cuándo se toma esa decisión?
-Marzo es un buen mes para los accionistas para mirar hacia atrás, ver cómo ocurrió el comité de ministros, si se aprobó la idea de legislar en la carretera eléctrica, es un momento para evaluar y decir qué hacemos para adelante. O nos metemos en el estudio de una línea hasta Puerto Montt o Valdivia, o esperamos. Viene una discusión presidencial donde habrá un debate sobre política energética, luego un nuevo gobierno.
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