Investigación ambiental: La mitad de los Españoles están dispuestos a pagar por la naturaleza

En contra de la creencia general, entre el 40 y 60 % de los españoles está dispuesto a pagar por la Naturaleza, afirma el investigador del CSIC Pablo Campos, cuyo equipo está diseñando una contabilidad ambiental y que acaba de concluir la primera evaluación económica del patrimonio natural de Andalucía.

Estos porcentajes medios del 40/60 % resultan de las encuestas que realiza el Grupo de Investigación en Economía Ambiental del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC).
“Es falso que los españoles no quieran pagar por la Naturaleza, aunque hay quien prefiere la vía de los Presupuestos Generales del Estado”, explica en una entrevista con EFE el responsable de este grupo.

Lógicamente -dice- poner un precio reduce el número de personas que, por ejemplo, visiten un espacio natural, pero “ello siempre ocurre en el mercado: si regalas un producto habrá más consumidores que si le pones un precio. Si regalas las entradas del cine, habrá más espectadores…”.
Las personas, condicionadas por sus principios y nivel de renta, valoran los bienes y servicios, aunque también “hay que mostrarles las consecuencias si optan” por evitar la aportación económica.

En la última encuesta del Grupo de Investigación en Economía Ambiental del IPP, se interrogaba a los habitantes de 6 provincias del oeste y suroeste de España si aceptaban abonar una cantidad por la plantación de un pinar de 50.000 hectáreas, y la mayoría respondió de forma afirmativa.

El profesor de investigación del CSIC y su equipo están desarrollando una contabilidad nacional de los bienes y servicios, públicos y privados, que ofrecen los ecosistemas. Una metodología que ha validado la oficina de estadística de las Naciones Unidas.

Según la Comisión Europea, el año 2020 es la fecha tope para que los países europeos se doten de una cuenta verde, pero de momento solo el Reino Unido ha dado los pasos en esa dirección, explica Campos Palacín.

Entre los valores computables figuran el secuestro del carbono, los servicios recreativos, el paisaje, la recolección de setas etcétera.

A juicio de Campos, la cuestión de rentabilizar los montes hay que estudiarla “caso a caso”, pensando en cuál es el mayor beneficio para la sociedad y el “coste tolerable”.

En la actualidad, su equipo está ultimando los resultados del proyecto RECAMAN, destinado a inventariar los recursos naturales y evaluar económicamente el patrimonio natural de Andalucía (Renta y capital de los montes).

Aunque los datos aún son muy provisionales, el investigador avanza que los bosques andaluces reciben una media anual de 28 millones de visitas, con un coste aproximado para la Junta de 20 millones de euros (áreas recreativas, centros de atención, folletos…).

Además, ha valorado la biodiversidad amenazada (235 especies de flora y fauna): en torno a ocho o diez euros por hectárea en dichos espacios.

Para evaluar económicamente la biodiversidad amenazada y el paisaje, los investigadores utilizaron el método de “la elección conjunta”, es decir, los ciudadanos eligen una cesta de bienes y lo que pagarían por los componentes del medio natural.
Finalmente, los científicos determinan el precio de cada elemento de la cesta simulándolo (dado que no hay mercado en lo ambiental, el precio se estima sobre comportamientos hipotéticos).

En el trabajo ha participado un equipo multidisciplinar formado por investigadores especializados en conservación de hábitats y especies salvajes, selvicultura mediterránea, producciones cinegética y ganadera, valoración de bienes públicos, economía forestal y contabilidad ambiental integrada.
EFE/
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