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BATALLA DEL GAS: LAS CARTAS DEL GOBIERNO Y LOS PRIVADOS
Casi todas las industrias aprobaron la agenda energética. Pero una manifestó serios reparos: las distribuidoras de gas. Las cifras que maneja el gobierno acusan al sector de tener enormes márgenes, pero las firmas discrepan.
Fue uno de los puntos más polémicos de la Agenda Energética lanzada la semana pasada. Las críticas emitidas desde el Gobierno a las empresas distribuidoras de gas natural licuado y la necesidad que ve el Ejecutivo de regular las tarifas en este sector abrieron un debate que apenas comienza.
Aunque la posición del Ejecutivo se manifestó de manera oficial una vez que se develó el contenido de la agenda, las críticas del ministro de Energía, Máximo Pacheco, comenzaron apenas asumido. Ante la Cámara de Diputados, en marzo, el secretario de Estado ya planteaba su inquietud por la diferencia entre el costo del gas y la tarifa final de venta, lo que tiene dos lecturas: la necesidad de abrir los terminales de gas y la urgencia por regular la tarifa de este servicio.
Para el Gobierno se trata de un tema sensible. Parte importante de la agenda energética -sobre todo en las medidas de corto plazo- se relacionan con la necesidad de masificar el gas natural para generación eléctrica, desplazando así la generación con diésel, más costosa e ineficiente.
El diagnóstico que hace el Ejecutivo es lapidario. Según estadísticas públicas de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la diferencia entre lo que le cuesta el gas a las empresas y la tarifa final llega casi al 140% en el caso de la principal distribuidora de la Región Metropolitana, Metrogas.
Así, mientras la empresa desembolsa US$10,9 por cada millón de BTU -incluyendo el costo de regasificación y transporte- el precio promedio que pagan las familias por esa misma unidad es de US$25,7. La comparación también incluye a GasValpo, empresa que no adquiere gas directamente en Quintero pues no es socio del terminal como sí lo es la distribuidora ligada a CGE.
En ese caso, la diferencia entre costo y tarifa de venta es aún mayor. No obstante, esto no considera que la distribuidora de la V Región debe adquirir gas a alguno de los socios de GNL Chile. Es decir, de manera indirecta.
“Si bien el mercado de distribución de gas domiciliario por redes ha tenido un desarrollo importante en los últimos 20 años, alcanzando actualmente cerca de un millón de clientes (…) se constata que no opera con una regulación que proteja suficientemente a los consumidores, observándose además bajos niveles de competencia”, planteó el Ejecutivo en la agenda energética.
Durante el fin de semana, Pacheco profundizó su visión: aseguró que Chile es el único país de la OCDE que no regula las tarifas del gas y que las rentabilidades de las compañías son inaceptables.
Las críticas tuvieron inmediata respuesta desde la industria gasífera. En el sector señalan que Pachecho comete varios errores en su lectura, pues en la industria del gas los valores de compra del insumo son distintos dependiendo de cada empresa.
Cifras de rentabilidad
A esto hay que sumar diversos costos que no están considerados en el análisis del Ejecutivo, como el costo de redes, de administración de la compañía y otros.
Según cálculos internos del sector, la rentabilidad varía entre el 6% y el 10% para el caso de Metrogas, dependiendo si se trata de clientes industriales o residenciales.
“Existe un desconocimiento de la cadena de valor del gas natural. Entre el insumo básico, o sea el GNL en el puerto, y el producto final, esto es el gas natural en el hogar, hay toda una cadena que incluye la regasificación, el transporte por gasoductos, la distribución y la comercialización. Adicionalmente a todos esos costos, también hay que sumar el pago de impuestos y la retribución al capital”, explica el director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas Natural de Chile (AGN Chile), Carlos Cortés.
La industria también critica lo que se ha afirmado sobre que las tarifas del gas natural en Chile serían una de las “más caras del mundo”. “Eso es incorrecto. A nivel de los países de la OCDE, estamos a un nivel comparable en relación a aquellas naciones con similar nivel de desarrollo, mientras que dentro de Sudamérica estamos por debajo de las tarifas de Brasil y Uruguay”, agrega Cortés.
Otra carta de la industria: aunque para el Gobierno se trata de un verdadero “monopolio natural”, las empresas discrepan. Señalan que este energético es apenas el 8% de la composición de la matriz energética residencial a nivel nacional. Por ello, no se trataría de un monopolio natural.
“La razón es que existen múltiples sustitutos del gas natural en cada uno de los mercados relevantes en los que participa y, por lo tanto, en ninguno de ellos hay un único oferente. En el mercado de la calefacción domiciliaria, por ejemplo, el proveedor de gas natural compite con los proveedores de gas licuado (balón, granel o medidor), parafina, diésel, leña y electricidad”, se añade.
Fuente:pulso.cl