CAMBIOS TRIBUTARIOS E IMPUESTOS VERDES

Estos gravámenes pretenden captar más recursos fiscales y un desarrollo sustentable. Sin embargo, la propuesta tiene debilidades que deben ser corregidas para lograr estos objetivos sin afectar el crecimiento o la justicia tributaria.

La propuesta de reforma tributaria del gobierno incluye dos nuevos impuestos ligados al cuidado del medioambiente: (i) un cobro a la importación de vehículos livianos que empleen petróleo diésel, y (ii) cargos a las emisiones de contaminantes de grandes fuentes fijas.

Estos impuestos pretenden lograr dos objetivos de política pública, incluyendo la captación de más recursos fiscales y un desarrollo sustentable. Sin embargo, la propuesta tiene debilidades que deben ser corregidas para lograr estos objetivos sin afectar el crecimiento o la justicia tributaria.

Es ineficiente un impuesto a la importación de vehículos diésel livianos por varias razones: la contaminación se deriva del uso y no de la tenencia de un vehículo; con las tecnologías y normas vigentes es discutible que un vehículo diésel contamine más que uno a gasolina; no existe razón para excluir a los vehículos pesados; se perjudica a pequeños empresarios que emplean camionetas diésel eficientes, y se crea una fuente de conflicto potencial con socios comerciales.

Sería más efectivo aumentar el monto del impuesto específico que se cobra al petróleo diésel utilizado en transportes. Se debería tender a igualar al valor que rige para la gasolina y eliminar las exenciones que hoy se aplican a los vehículos de mayor tamaño, incluyendo transportes de carga y pasajeros. Así se castigaría el uso y no la mera propiedad de un vehículo diésel pequeño, evitando además tener que diferenciar si los vehículos se usan o no para fines comerciales o productivos, según pretende hacerlo ahora el gobierno.

Fijar impuestos a las emisiones contaminantes de fuentes fijas es correcto. Pero hay varios problemas: se castiga a las grandes fuentes, dejando fuera las pequeñas que usualmente -y en su conjunto- son más contaminantes; se proponen cargos diferenciados por comunas que serán difíciles de definir y aplicar; se recarga el valor de la electricidad cuando tenemos precios elevados y crecientes; se desincentivan una vez más las fuentes térmicas de base que determinan los precios, habiéndose recientemente elevado las normas técnicas y fijado una ambiciosa meta de participación de energías renovables no convencionales.

No hay que descartar la aplicación de impuestos a las fuentes fijas, pero se deben tener claros los efectos antes de fijarlos. Hay que analizar cuán conveniente es que Chile establezca unilateralmente impuestos a los gases de efecto invernadero sin compromisos similares de los países que más emiten en el mundo. Asimismo, se debe tener en cuenta la ganancia de capital que tendrán los propietarios de otras fuentes de energía al subir las tarifas. Un criterio de justicia tributaria implicaría aplicar también tributos al uso de recursos naturales renovables escasos, para compensar parcialmente a la sociedad por el mayor precio que deberá pagar por la energía. Por ejemplo, mediante el cobro de patentes por derechos de aprovechamiento no consuntivos de agua, con independencia de si dichos derechos se explotan.

La urgencia por captar mayores recursos fiscales no debe impedir que los “impuestos verdes” sean consistentes también con los objetivos ambientales y económicos. Eventualmente convendrá desagregar el proyecto de ley y analizar con más detención las reformas referidas al cuidado del medioambiente.
Por Alejandro Jadresic Marinovic, ingeniero, economista, ex ministro de Economía.
Fuente/diariolatercera
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