Cartera de proyectos de inversión judicializada cae a la mitad en los últimos tres años

Cada vez queda más atrás la tendencia de judicialización de los grandes proyectos de inversión que son tramitados en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.

Al 20 de septiembre de 2016, la cartera de proyectos judicializados acumula un total de US$19.500 millones en inversión, la mitad de los US$40.000 millones que informara la Corporación de Bienes de Capital (CBC), monto impulsado también por la crisis de costos que sufre la minera.

Hoy la situación es distinta. Según cifras del SEA, en marzo de 2014 eran más de 80 las iniciativas judicializadas debido principalmente a cuestionamientos en la aplicación de la consulta indígena, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para el director del servicio, Jorge Troncoso la caída en el litigio ambiental llegó para quedarse debido a una mayor consolidación de la estructura técnica-jurídica surgida en los últimos años. Más aun si se toman en cuenta las últimas sentencias de la Corte Suprema que ratifican la validez de los Tribunales Ambientales y la posición del SEA. Ejemplo de ello es el fallo en el marco de la tramitación ambiental del proyecto Rancagua Express de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Este dictamen favoreció al SEA_y a la empresa.

Si bien baja la judicialización en tribunales ordinarios, persiste ahora en tribunales ambientales.

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Entre marzo de 2014 y el 20 de septiembre de este año se cuentan 27 proyectos judicializados vía recursos de protección. En tanto, 28 iniciativas han sido judicializadas mediante reclamaciones en Tribunales Ambientales. Cuatro de ellas han sido judicializados a través de ambos medios de impugnación.

En tribunales ordinarios cuatro causas siguen vigentes y 23 han sido terminadas. Mientras que en tribunales ambientales 21 causas siguen vigentes y 7 han terminado.

“El SEA ha profundizado su revisión de los procesos de evaluación lo que ha redundado en RCAs más robustas que finalmente resisten de mejor manera la judicialización de los tribunales”, sostuvo Patricio Leyton, abogado socio de FerradaNehme.

En tanto el Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Ricardo Irarrázabal explicó que “el problema no es la judicialización. El problema es cuando existe y no están las vías idóneas para que sean bien resueltos”.

Proyectos pendientes. Entre los proyectos pendientes de definición por parte de los tribunales ordinarios y ambientales está HidroAyén. Endesa junto a Colbún acudieron a la Corte de Apelaciones de Santiago en defensa de los derechos de agua adicionales que requiere la iniciativa de generación eléctrica. Mientras en vía paralela, está pendiente la definición del Tribunal Ambiental de Santiago sobre el proyecto.

Por su parte, Empresas Copec, holding controlado por el Grupo Angelini, sigue a la espera de los alegatos que deberán llevarse a cabo en las próximas semanas en la Corte Suprema por los cuestionamientos al proyecto MAPA. Se trata de la mayor inversión de Arauco en Chile y su definición aún sigue pendiente por parte del directorio.