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Derechos de Agua: ROYALTY Y CADUCIDAD, LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE IMPULSA EL GOBIERNO
En la semana que comienza, el Ejecutivo ingresará al Congreso las indicaciones al Código de Aguas. Además, trabaja en cinco proyectos de ley adicionales, que limitarán a 30 años los otorgamientos futuros, fijarán el pago de un royalty por uso y las causales de caducidad.
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La austeridad de la oficina de calle Amunátegui que ocupa Reinaldo Ruiz, no revela la trascendencia de la labor que el delegado presidencial para los recursos hídricos viene realizando desde hace varios meses. En el tercer piso de un antiguo edificio céntrico -en cuya puerta un papel escrito a máquina da cuenta de la oficina de la autoridad- Ruiz lidera un equipo técnico que está diseñando la que será la mayor reforma al Código de Aguas que está vigente desde 1981.
Se trata de uno de los proyectos prioritarios anunciados por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta anual del 21 de mayo y que toca de manera directa a los sectores agrícola, minero y energético.
Si bien en 2005 el Código de Aguas fue modificado, lo que está impulsando la administración Bachelet está lejos de ser una reformulación cosmética; se trata, más bien, de un cambio profundo, estructural y sustantivo a la gestión del agua. Entre otros aspectos, la propuesta que trabaja el gobierno considera el establecimiento de un royalty por el uso del agua, la limitación a 30 años para los nuevos derechos de aprovechamiento que se otorguen y la determinación de causales para caducar los derechos otorgados que no se utilicen.
“No estamos planteando medidas de expropiación. Nunca hemos hablado de estatizar. Sí es una reforma profunda, que no sólo va a modificar el otorgamiento de los derechos futuros de agua, también va a tener un efecto retroactivo respecto de causales de extinción, limitaciones y de restricción de los derechos”, explica Ruiz.
Según el economista, lo que busca el Ejecutivo es promover el uso efectivo de los derechos de agua. “Hoy, el Código de Aguas favorece y fomenta la concentración y la especulación. Está inspirado en que el mercado es un buen asignador del recurso. Eso significa que quien pone las lucas se lo lleva y nos parece que respecto de este factor, eso no puede seguir”, puntualiza.
También -agrega- se dará prioridad al consumo humano por sobre el derecho de propiedad del recurso que tienen personas naturales y el sector privado. Para ello, se requiere asegurar la prevalencia del agua como un bien nacional de uso público, por lo que se deberá recurrir a un cambio constitucional.
Aunque no hay cifras oficiales, Ruiz menciona que se calcula que, actualmente, existen en Chile “50 mil derechos otorgados en aguas superficiales, otros 50 mil derechos concedidos en aguas subterráneas, entre 200 mil y 400 mil derechos que se han otorgado por resoluciones judiciales y distintas vías, y unas 800 mil transacciones”. Y lo que resta por entregar, dice, algunas estimaciones lo cifran en torno al 10%, aunque, aclara, “yo creo que debe ser un poco más que eso”.
Los próximos días serán claves para avanzar en las transformaciones que se planean poner en marcha. En la semana que comienza, el Ejecutivo ingresará las indicaciones a la moción parlamentaria que desde hace más de dos años está en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados.
Esta será una de las vías que usará la actual administración para perfeccionar el sistema de otorgamiento de los permisos hídricos. En paralelo a la discusión de las indicaciones, el gobierno trabaja en cinco proyectos de ley adicionales relacionados con fiscalización y sanciones, el régimen concesional, una ley especial de glaciares, el régimen económico tarifario y la gestión integrada de cuencas.
* Royalty al agua
El Ejecutivo quiere introducir tres principios fundamentales en el marco jurídico: que el propietario de un derecho de agua pague por su uso, que la autoridad tenga la facultad de caducar el derecho de aprovechamiento otorgado en caso de no se usado y que los nuevos derechos otorgados tengan un plazo determinado.
“La gente va a tener que pagar por usar este recurso del cual obtiene un beneficio productivo, recurso que el Estado se lo otorga gratuitamente, pero que le pertenece a toda la nación. Es como un royalty, lo mismo que se hizo con la minería”, precisa Ruiz. Hoy, al contrario, el titular de un derecho de agua paga una patente únicamente en caso de no uso, indica.
¿Cómo se calculará el pago? Es un tema aún por definir. “Hemos pensado que debería cobrarse por el volumen utilizado. Y naturalmente que no todos deberían pagarlo, entre ellos, los programas de agua potable rural y los pequeños productores o agricultores que tienen derechos de aprovechamiento de agua superficiales de unos 10 litros por segundo”, detalla.
Los recursos recaudados irán a mejorar el sistema de información. “Hay que tener un sistema de información completo y lo más actualizado posible, donde sepamos quién usa el agua, dónde la está usando, cuánta agua se está transando, quién no la está usando, qué personas tienen derechos de aprovechamientos y cómo se están transando estos derechos. Hoy no tenemos claridad respecto de eso”, sostiene.
* Derechos por 30 años
La duración de los futuros derechos de agua que se otorguen también forma parte de la propuesta del gobierno. Hoy, los derechos se entregan a perpetuidad. “Se está estableciendo un plazo máximo de 30 años para los derechos consuntivos y no consuntivos, que serán renovables, pero sujetos a una evaluación y a una auditoría de la misma institución que los otorga, que podrá ser la Dirección General de Aguas (DGA) o la entidad que surja de este reordenamiento institucional”, adelanta Ruiz y menciona ejemplos de países vecinos. “En Brasil se otorgan por un plazo de entre tres y 35 años, y en México, entre cinco y 30 años”.
Los derechos otorgados previo a la entrada en vigencia de la norma no serán modificados y quedarán a perpetuidad, aunque sí estarán sujetos a causales de extinción. “El código actual protege mucho el derecho de propiedad del titular y si no lo usa, no podemos hacer nada, aparte de que pague una patente”, indica la autoridad. El diseño del Ejecutivo apunta a establecer un plazo para caducar el derecho en caso de no uso. “Para los derechos nuevos, el plazo será de cuatro años y para los antiguos, entre 12 y 14 años”, señala.
Con los cambios que se quieren implementar, para el gobierno no tendría sentido mantener el pago de patente por no uso. “Si se establece un pago por uso y sanciones a los que no lo usan, no tiene ningún sentido seguir con el pago de patentes”, subraya. Y agrega que también se trabaja en una propuesta para eliminar los remates que hace la DGA, subastas que se producen cuando hay más de un interesado en solicitar un derecho de agua.
El cronograma para introducir los cambios no está del todo definido, aunque en el gobierno aseguran que será un proceso gradual. “No creo que vayan a entrar todos los proyectos de ley juntos, primero nos vamos a concentrar en la reforma al código, con las indicaciones que se van a presentar referidas a los usos de los derechos, el orden de prelación del uso, las limitaciones al derecho de aprovechamiento, causales de extinción, en qué consisten los derechos provisionales, cuando se extinguen, cuando pasan a ser derechos permanentes”, etc. No obstante, la aspiración es que, a mediados de 2015, todas las iniciativas estén ingresadas al Parlamento y la reforma al código aprobada. “Me gustaría que esto avanzara mucho más rápido, pero hay que compatibilizarlo con la agenda del propio Parlamento. Es más realista pensar los cambios al código deberán estar aprobados el próximo año”, señala Ruiz.
De más largo aliento, cree, es darle forma a una nueva institucionalidad que esté sólo abocada al tema del agua, que podría ser una subsecretaria o un comité interministerial. “Es necesaria, pero también se podría avanzar en un período de transición. No estoy convencido de que se tenga que crear una institución inmediatamente”, afirma.
* Las dudas de los privados
En el sector privado no esconden su preocupación por la reforma que prepara el gobierno. “Esperamos que más allá de las modificaciones necesarias de hacer, no se genere incertidumbre en la titularidad de los derechos de agua y se afecte el desarrollo de proyectos futuros”, sostiene René Muga, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras.
Y explica. “Los proyectos hidroeléctricos requieren años de maduración y planificación hasta ejecutarse, es difícil asignarle un período estándar al derecho de agua”.
En el gobierno, por su parte, entregan un mensaje de tranquilidad. “No debería producir ningún tipo de incertidumbre ni incerteza jurídica. Va a ocurrir todo lo contrario, lo que queremos es promover la certeza de la disponibilidad del recurso. El que usa bien el agua no tiene nada que temer”, señala Ruiz.
En el sector privado existe una crítica transversal respecto del funcionamiento de la regulación vigente. En la industria agrícola indican que no es necesario realizar cambios tan profundos, sino que focalizar el esfuerzo del Ejecutivo en hacer que la legislación vigente opere mejor. “Hay que comenzar a administrar los recursos con la legislación vigente, que no ha sido utilizada. Hay mucho más acuerdo en que se haga operar la ley que hoy existe”, plantea el presidente de la SNA, Patricio Crespo.
Esta visión es compartida por el ex director de la Odepa y académico de la Universidad Católica, Gustavo Rojas. “El Estado no ha tomado su rol para proteger el recurso con la institucionalidad vigente, entonces hagamos eso primero”, dice.
Para Crespo, lo que más inquieta al rubro agrícola es la modificación al estatuto jurídico del derecho de aprovechamiento, al quitarle la protección jurídica que le brinda el ser propietario titular. “Se abre la puerta para todas las demás restricciones al ejercicio del derecho”, critica. A su juicio, lo que quiere el gobierno es “extinguir derechos sin tener que pagar la correspondiente indemnización -que es el pago del valor comercial del bien si es expropiado- y para ello se requiere dar el rango constitucional al agua como un bien nacional de uso público, luego cambiar el estatuto jurídico del derecho de aprovechamiento de agua, quitándole la protección que le brinda la Constitución, al considerarlo un derecho de propiedad del titular”.
* Prioridades
En opinión de Gustavo Rojas, con los cambios que quiere impulsar la autoridad, el sector agrícola, que consume el 84% del agua, podría frenar su crecimiento. “No deberíamos tener modificaciones en los procesos de producción y exportación con los cambios que se están conociendo; en lo que sí podríamos tener un impacto es en las futuras inversiones. ¿Quién se atreverá a poner un parrón que le sale entre US$ 25 a US$ 35 mil por hectárea, si no tiene la seguridad de agua para los próximos 20 años?”, advierte y agrega que si se concreta la medida propuesta de especificar el uso que tiene el derecho de agua, todo el proceso será más engorroso. “Hoy, si se pide un derecho, éste se da por predio y dentro de él, el dueño del derecho hace lo que quiere con el agua, pero con los cambios, si tengo un derecho para regar un parrón y quiero ser eficiente y regar también cerezas, tendré que informarlo al gobierno y también pagarlo, y si no lo informo, eso puede ser una causal de caducidad, ya que no lo uso para el fin que lo solicité”, apunta.
Para la industria minera, que ocupa el 5% del agua fresca del país, el impacto de la reforma podría ser más acotado, ya que el sector está promoviendo el uso de agua de mar en las operaciones mineras, sostienen en la Sonami.
En el Consejo Minero comparten la intención del gobierno de priorizar el consumo humano, pero tienen dudas respecto de “si junto con ese “primer lugar” se está pensando en “segundas y terceras” prioridades de uso, en cuyo caso habría un serio riesgo de caer en discriminaciones entre sectores productivos”, sostiene el presidente ejecutivo Joaquín Villarino.
En el gremio también ven con inquietud si esa priorización no sólo se aplicara en situaciones o momentos calificados de escasez, “sino como un criterio permanente para la asignación o reasignación de derechos de aprovechamiento, porque se abriría un espacio de arbitrariedad que debemos evitar”.
Fuente: latercera.com
Conversación
EtMday 2024: CHILE SE POSICIONA COMO LÍDER EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LATINOAMÉRICA
Desarrollo Sostenible
COP29: Chile impulsa un programa para reducir las emisiones de Metano
A través de una declaración a la que ya han adscrito Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay, Panamá y Perú, estos países se comprometen a incluir en sus NDC en 2025 medidas para reducir emisiones de metano a través de la gestión más efectiva de los residuos orgánicos. Esto se puede implementar, por ejemplo, a partir del cierre paulatino de basurales irregulares, entre otras medidas que potencian la economía circular.
Una importante propuesta para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) está promoviendo Chile en la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático. En la Reunión ministerial del Compromiso Mundial sobre el Metano, realizada hoy en la COP29 de Bakú, en Azerbaiyán, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, presentó un programa para gestionar de forma más efectiva los residuos orgánicos, evitando generar grandes emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero (GEI) más potentes y de rápido impacto en la atmósfera, el clima, la salud humana y los ecosistemas.
Alineado con el Compromiso Global de Metano -y en respuesta a un llamado de la presidencia de la COP para abordar con acciones de mediano o corto plazo el calentamiento global, cumpliendo con el compromiso de mantener en 1.5 la temperatura- esta propuesta busca enfocar los esfuerzos de los países en la correcta gestión de los residuos vegetales en basurales irregulares.
“Declaración sobre la reducción del metano y la gestión de residuos en las NDCs en América Latina y el Caribe”, es el nombre de la iniciativa para respaldar la propuesta que surgió como una necesidad de los países de la región durante el pasado Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, realizada en Brasil en septiembre pasado y que presidió la Ministra Rojas.
El documento fue consolidado por la secretaria de Estado y en esta COP29 ha sido respaldado hasta ahora por Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Perú. En él se destaca un Programa Regional de Cooperación para el Cierre de Vertederos Ilegales, una iniciativa que busca cerrar progresivamente los basurales irregulares a cielo abierto, reemplazándolos por rellenos sanitarios con infraestructura adecuada para el manejo de residuos orgánicos, promoviendo una transición que prioriza prácticas de economía circular.
“Estamos felices porque en la COP29 de Cambio Climático, Chile hoy promueve un esfuerzo regional para reducir las emisiones de metano. Junto a nuestros vecinos de América Latina y el Caribe, acabamos de impulsar un programa que contribuirá a un futuro más limpio y sostenible. Contamos con el compromiso político de quienes han respaldo esta declaración para trabajar en la incorporación de esta medidas en las siguientes NDC como contribución a la urgencia climática”, señaló la ministra Maisa Rojas.
La estrategia, basada en un enfoque de “Evitar, Desviar, Valorizar e Infraestructura” (ADVI, por sus siglas en inglés), busca prevenir la generación de residuos orgánicos, mejorar las condiciones de los vertederos existentes y construir rellenos sanitarios de alto estándar. Según su hoja de ruta, la región podría reducir las emisiones de metano, además de los efectos negativos de los vertederos en la salud humana y el medioambiente.
La propuesta promovida por Chile también incluye la incorporación de las y los recicladores de base en la cadena de valor de los residuos, creando empleos en sectores clave para la economía circular, además de abordar la justicia ambiental y la inclusión social.
Dentro de los aspectos clave del programa está la creación de mecanismos financieros innovadores, desarrollados en colaboración con organismos como el Global Methane Hub y la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC). Así, se proporcionará a los gobiernos nacionales y locales el financiamiento y las capacidades necesarias para desarrollar y sostener infraestructuras críticas en la gestión de residuos, además de incluir en el proceso a recicladores y comunidades que dependen de esta actividad.
“El metano es un potente gas de efecto invernadero y este esfuerzo conjunto demuestra que, cuando hay voluntad, podemos unirnos para resolver este y otros problemas medioambientales. Seguiremos avanzando hacia una gestión de residuos que sea más eficiente y que nos permita a todas y todos, seguir disfrutando de un planeta más saludable”, añadió la Ministra Rojas.
En este sentido, la secretaria de Estado agregó que “en América Latina y el Caribe, alrededor del 45% de todos los residuos generados aún terminan en basurales irregulares, incluyendo más de 10 mil vertederos identificados en los países de la región”.
El programa cuenta con el apoyo de organismos internacionales como el PNUMA y la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC). Al implementarlo, se espera reducir la cantidad de basurales y vertederos irregulares mejorando la infraestructura de disposición final y fomentando la inclusión social de recicladores, así como también, desviar y valorizar los residuos orgánicos disminuyendo las emisiones de metano en un 35% para 2030 y hasta un 55% para 2050.
Qué es el metano
El metano se genera cuando los residuos vegetales y orgánicos se descomponen en vertederos, así como en las aguas residuales. Este GEI contribuye aproximadamente al 30% del calentamiento global causado por el hombre desde la era preindustrial.
Este gas también es un precursor del ozono troposférico que afecta la calidad del aire y, por ende, perjudica la salud de las comunidades. Además, interrumpe la fotosíntesis, reduciendo la producción de cultivos y dañando los ecosistemas.
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Desarrollo Sostenible
Zona Verde de COP29: ACOGE UN PANEL SOBRE LA CREACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA UN FUTURO VERDE
Junto con la Zona Azul de la COP29, se siguen celebrando una serie de eventos en la Zona Verde, una plataforma dinámica para que las distintas partes interesadas compartan sus perspectivas, organizada y gestionada por la Presidencia de la COP29. El 18 de noviembre, la empresa operadora de la COP29 en Azerbaiyán y NEQSOL Holding, socio sinérgico de la COP29, celebraron una sesión de panel conjunta en la Zona Verde.
El panel de debate, centrado en la creación de capital humano para un futuro verde, exploró el papel del capital humano, en particular de los niños y los jóvenes, en la construcción de un futuro sostenible y con bajas emisiones de carbono.
Moderado por Avery Johnston, director del Centro de Descarbonización Global de KPMG, el panel incluyó a Tarja Kaarina Halonen, undécima presidenta de Finlandia (2000-2012); el Dr. Fariz Ismailzadeh, director del Instituto para el Desarrollo y la Diplomacia (IDD), vicerrector de la Universidad ADA y miembro del Parlamento; Maria Osbeck, asesora regional de UNICEF sobre sostenibilidad y clima para Europa del Este y Asia Central; e Imran Ahmadzadeh, director financiero de NEQSOL Holding y director de NEQSOL Holding Azerbaijan.
Los panelistas destacaron la necesidad de soluciones innovadoras y de apoyo a las economías sostenibles, habida cuenta de los desafíos sin precedentes que plantea el cambio climático. Subrayaron la importancia de dotar a las generaciones futuras de los conocimientos, las aptitudes y la conciencia ambiental necesarios para abordar estas cuestiones.
Si se hace hincapié en la educación y el desarrollo de capacidades, se puede empoderar a los jóvenes para que contribuyan a un futuro sostenible y lideren la transición ecológica.
Además, los panelistas discutieron estrategias para promover habilidades verdes, fomentar economías verdes y aumentar el capital humano sostenible e inclusivo a través de la colaboración entre gobiernos, organizaciones y el sector privado.
Además de este evento, organizado conjuntamente por la COP29 Azerbaijan Operating Company y NEQSOL Holding, la Zona Verde de la COP29 albergó varios otros eventos a lo largo del día, organizados por empresas y organizaciones locales e internacionales.
En estos eventos se debatieron temas como la promoción de la sostenibilidad en la educación superior, el impacto del cambio climático en el capital humano, la creación de empleos ambientalmente sostenibles, el intercambio de mejores prácticas sobre soluciones climáticas entre instituciones financieras y el sector real, y los efectos del cambio climático en la salud mental y física.
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Desarrollo Sostenible
LA ENERGÍA Y LA PAZ SON EL FOCO DE ATENCIÓN EN EL QUINTO DÍA DE LA COP29
La Presidencia de la COP29 lanza oficialmente las Iniciativas Energéticas de la COP29 y solicita el respaldo al Compromiso Global de Almacenamiento y Redes de Energía de la COP29, al Compromiso de Zonas y Corredores de Energía Verde de la COP29 y a la Declaración del Hidrógeno de la COP29
La Presidencia de la COP29 aborda el nexo crucial entre el cambio climático, los conflictos y las necesidades humanitarias a través del Llamamiento de Bakú sobre Acción Climática para la Paz, el Socorro y la Recuperación y el establecimiento del Centro de Acción por el Clima y la Paz de Bakú
Hoy, en la COP29, delegados y representantes de los sectores público y privado y de la sociedad civil se reunieron para apoyar iniciativas y acciones centradas en la energía y la paz, el socorro y la recuperación. En consonancia con la visión de la COP29 de aumentar la ambición y posibilitar la acción, estos compromisos sientan una base sólida para que podamos medir el progreso, enviar señales contundentes al mercado para dirigir los flujos financieros y fomentar un sentido de responsabilidad compartida y urgencia en todos los sectores de la sociedad.
Las iniciativas energéticas se centran en la energía verde, el hidrógeno y el almacenamiento global de energía
Durante la celebración de una mesa redonda de alto nivel sobre energía verde, hidrógeno y almacenamiento y redes energéticas mundiales, la Presidencia de la COP29 lanzó oficialmente tres iniciativas energéticas y pidió a las partes interesadas, tanto las que son Partes como las que no, que apoyen cada una de ellas. Estas iniciativas reflejan los esfuerzos de la Presidencia por impulsar los resultados del primer balance mundial sobre energía renovable e hidrógeno. Entre las iniciativas se incluyen las siguientes:
- Compromiso mundial de almacenamiento y redes de energía de la COP29 : los firmantes se comprometen a cumplir un objetivo colectivo de implementar 1500 GW de almacenamiento de energía a nivel mundial para 2030, más de seis veces la capacidad de 2022. También incluye el compromiso de agregar o renovar 25 millones de kilómetros de redes a nivel mundial para 2030, reconociendo la necesidad de agregar o renovar 65 millones de kilómetros adicionales para 2040.
- Compromiso de energía verde de la COP29: Zonas y corredores de energía verde : los firmantes se comprometen a promover zonas y corredores de energía verde para conectar fuentes de generación de energía verde abundante con las comunidades más necesitadas mediante el desarrollo de redes eléctricas interconectadas intrarregionales e interregionales más grandes. Estas redes permitirán la transmisión segura y rentable de electricidad a largas distancias.
- Declaración sobre el Hidrógeno de la COP29 : los firmantes se comprometen a aumentar la producción de hidrógeno renovable, limpio, de cero emisiones y con bajas emisiones de carbono y a acelerar la descarbonización de la producción actual de hidrógeno a partir de combustibles fósiles sin reducción de emisiones. Su objetivo es aumentar significativamente la producción de hidrógeno verde, que actualmente es de un millón de toneladas anuales, y reducir los 96 Mt de hidrógeno que se producen actualmente a partir de combustibles fósiles sin reducción de emisiones.
Cuando se le preguntó sobre las iniciativas, el Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, señaló: “Mientras el mundo avanza a toda velocidad hacia la Era de la Electricidad, el análisis de la AIE ha dejado muy claro que para cumplir con los objetivos energéticos y climáticos –incluido triplicar la capacidad mundial de energía renovable en esta década y fortalecer la seguridad energética– los países necesitan aumentar rápidamente el almacenamiento de energía y también expandir y modernizar sus redes eléctricas. El Compromiso Global de Almacenamiento y Redes de Energía de la COP29, que se basa en el trabajo de la AIE, marca un importante paso adelante. Instamos a los gobiernos de todo el mundo a que hagan del almacenamiento de energía y de las redes resilientes prioridades clave en sus esfuerzos por construir sistemas energéticos más seguros, asequibles y sostenibles”.
El Director General de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), Francesco La Camera, comentó: “Las iniciativas energéticas de la COP29 son vitales para mantener abierta la ventana hacia los 1,5 °C. En la COP28, los líderes mundiales se comprometieron con el objetivo global de triplicar la capacidad renovable para 2030. Alcanzar este objetivo requiere no solo aumentar la generación, sino también superar los desafíos asociados con la integración de las energías renovables en las redes. Las soluciones de almacenamiento, la expansión de la red y una inversión significativa son facilitadores críticos. Como organismo custodio del seguimiento del progreso hacia la triplicación de las energías renovables, en IRENA estamos convencidos de que el respaldo y la implementación de las iniciativas actuales por parte de los países se convertirán en la clave para avanzar en las transiciones energéticas alineadas con los objetivos del Acuerdo de París”.
Un llamado a actuar por la paz, el socorro y la recuperación
La Presidencia, en colaboración con Egipto, Italia, Alemania, Uganda, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, lanzó el Llamamiento de Bakú sobre Acción Climática para la Paz, el Socorro y la Recuperación , una iniciativa histórica destinada a abordar la urgente relación entre el cambio climático, los conflictos y las necesidades humanitarias. Se trata de una respuesta al creciente reconocimiento de que los efectos adversos del cambio climático (como la escasez de agua, la inseguridad alimentaria, la degradación de las tierras, los desplazamientos y las perturbaciones de los medios de vida) pueden actuar como catalizadores de los conflictos y la inestabilidad, especialmente en las regiones vulnerables.
El Llamamiento de Bakú se lanzó en el panel de alto nivel titulado “Clima y paz: posibilitar la acción conjunta para no dejar a nadie atrás” para inaugurar el Día de la Paz, el Alivio y la Recuperación de la COP29 , que reunió a ministros y enviados gubernamentales tanto del Norte como del Sur global para desarrollar una estrategia para aumentar la prevención de los conflictos inducidos por el clima y el apoyo a las naciones vulnerables al clima y los conflictos con grandes necesidades humanitarias.
El Llamamiento de Bakú se basa en las iniciativas climáticas y de paz impulsadas por presidencias anteriores de la COP y establece el Centro de Acción por el Clima y la Paz de Bakú , una plataforma cooperativa diseñada para facilitar la colaboración entre las iniciativas nacionales, regionales e internacionales de paz y clima. El Centro trabajará en sinergia con las iniciativas de paz y clima en curso, incluido el CRSP, el CRRP, la Iniciativa Clima para la Paz (C4P) y la dimensión climática del Plan Mattei para África, entre otros.
Llamamiento a la tregua de la COP
Hoy se dio a conocer el Llamamiento a la Tregua de la COP, que simboliza el papel de la cooperación y la paz como componentes indispensables de la acción climática global. 132 países se han sumado al Llamamiento, que cuenta con el apoyo de más de mil instituciones internacionales, representantes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y personalidades públicas influyentes. Su apoyo refleja un poderoso reconocimiento colectivo: el logro de la justicia climática y la consolidación de la paz son objetivos fundamentalmente interconectados.
Matchmaking para acelerar la descarbonización
La ONUDI y el Club del Clima también lanzaron hoy oficialmente la Plataforma Global de Emparejamiento (GMP) para la Descarbonización Industrial, que es una plataforma dedicada a acelerar la descarbonización en industrias con altas emisiones en presencia de organizaciones clave donantes y asociadas.
Como única plataforma de su tipo centrada específicamente en la descarbonización de los sectores industriales, la GMP está abierta a todas las economías emergentes y en desarrollo y conecta las necesidades específicas de cada país con la asistencia técnica y financiera mundial para reducir las emisiones en los sectores industriales con uso intensivo de energía y emisiones. La ONUDI y el Climate Club están aceptando ahora solicitudes formales de proyectos y programas de los países, así como manifestaciones de interés en convertirse en socios de la red por parte de instituciones y donantes.
Alianzas para la energía renovable en Asia Central
Hoy, IRENA y el Ministro de Energía de Azerbaiyán lanzaron formalmente la Asociación Acelerada para la Energía Renovable en Asia Central (APRECA), un marco de cooperación regional entre los países de Asia Central que acelera las inversiones y mejora la conectividad interregional para, en última instancia, acelerar la implementación y el comercio de energía renovable, fomentar la industrialización verde y maximizar los beneficios socioeconómicos en la región. La asociación fue propuesta a los ministros de energía de Kazajstán, la República Kirguisa, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Este anuncio da inicio a un foro de inversión de dos días en la COP29 centrado en las inversiones y la financiación de la transición energética en Asia Central.
Comunidad financiera apoya proyecto de hidrógeno renovable
Los representantes de las instituciones financieras internacionales y nacionales de desarrollo se comprometieron a apoyar colectivamente la Iniciativa Lighthouse de 10 GW, cuyo objetivo es fomentar la colaboración para que los proyectos de hidrógeno renovable de entre 100 MW y 1 GW en los mercados emergentes y los países en desarrollo (EMDC) lleguen a la fase de decisión final de inversión (FID) para 2030. La Iniciativa Lighthouse de 10 GW es una contribución a la “Agenda innovadora” centrada en la COP, que convoca a iniciativas y países para fortalecer la colaboración internacional con el fin de hacer que las tecnologías limpias y las soluciones sostenibles, incluido el hidrógeno, sean la opción más asequible, accesible y atractiva en sectores clave y en todas las regiones para 2030.
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Innovación
COP29: Chile lidera lanzamiento de pionera plataforma global para implementar tecnologías limpias
El anuncio lo hizo la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego de la segunda reunión del Climate Club, a la que asistió en representación del Presidente Gabriel Boric. La plataforma -operativa a partir de hoy- actúa como un puente entre las solicitudes de asistencia de economías emergentes y en desarrollo que quieren potenciar el desarrollo industrial verde, con recursos técnicos y financieros existentes o nuevos para llevar adelante el crecimiento limpio.
En el marco de la Cumbre de Líderes Mundiales para la Acción Climática (WLCAS) que se realiza en COP 29, la Ministra del Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas, representó al Presidente de la República, Gabriel Boric en la segunda reunión del Club del Clima, instancia presidida por los gobiernos de Chile y de Alemania que cuenta con la participación de líderes de 44 países, y que desde hace un año coordina acciones internacionales para promover la inversión verde y acelerar la descarbonización de la industria pesada, responsable de producir materiales y bienes que se comercializan intensamente en todo el mundo, y que generan una cuarta parte de las emisiones globales que tanto inciden en la crisis del cambio climático.
En ese contexto y considerando los objetivos del Acuerdo de París, la secretaria de Estado -que encabezó el encuentro junto a Anna Lührmann, Ministra de Estado en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania-, anunció el lanzamiento de una pionera plataforma global de gestión. Se llama Global Matchmaking Platform y tiene como objetivo facilitar a los países miembros del club como a los que no, el acceso a recursos técnicos y financieros internacionales que les permitan a las economías emergentes y en desarrollo implementar tecnologías y prácticas que reduzcan emisiones de carbono de manera más efectiva. Esto incluye asistencia para incorporar la descarbonización industrial en el diseño de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), asegurando que las políticas climáticas sean ambiciosas y coherentes a nivel global.
La ministra Rojas señaló que la plataforma está operativa desde hoy y actuará como un puente entre las solicitudes de las economías en desarrollo y emergentes y la oferta de apoyo de proveedores. De hecho, varios países ya han expresado interés en la Plataforma, con 7 proyectos piloto iniciales siendo explorados por Chile, Colombia, Indonesia, Kenia y Marruecos, entre otros.
“La puesta en marcha de la Global Matchmaking Platform representa un paso significativo hacia un futuro más sostenible y equitativo porque no solo ayudará a reducir las emisiones globales, sino que también fomentará el crecimiento económico verde y la creación de empleos de calidad en las economías emergentes y en desarrollo”, destacó Maisa Rojas en Baku.
El Club del Clima que nació en la COP28 de Dubai en 2023, hizo un llamado a su red de socios, la comunidad de donantes, financiadores e inversores para que contribuyan con apoyo y asistencia a través de esta Plataforma Global, de manera de fortalecer el camino hacia la neutralidad climática que se aspira conseguir al 2050.
“Muchos países están introduciendo políticas para acelerar una transición industrial limpia, con el fin de mantener el límite de temperatura de 1.5 grados. Sin embargo, existen diferentes niveles de ambición y diseños de instrumentos políticos. El desafío es estandarizar las políticas, de manera que las emisiones globales efectivamente disminuyan. Para eso, promover las inversiones verdes es clave”, señaló la autoridad ambiental chilena.
Luego la ministra Rojas agregó que, si bien “la reducción de emisiones de un sector clave como la industria pesada requiere liderazgo político y determinación, también es fundamental asegurarse de que se proporcionen los recursos adecuados”. “Global Matchmaking Platform apunta a esa dirección porque brinda a los países, acceso a financiamiento y a apoyo técnico en esta materia. El Climate Club ha dedicado parte de su trabajo a preparar la implementación de este espacio, donde los proveedores de apoyo y los países en desarrollo se reunirán para discutir formas de abordar estas necesidades. Esto no es simplemente un plan sino una plataforma que ya está operativa. Invitamos a todos los miembros del Club del Clima, así como a otros países en desarrollo que comparten la visión de la descarbonización industrial, a participar en esta plataforma y acceder a la red de proveedores de apoyo».
La ministra del Medio Ambiente destacó -además- el importante rol que ha cumplido el Club del Clima en apenas un año, así como también el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia Internacional de Energía (AIE), entre otras entidades que aúnan los esfuerzos y voluntades de miembros de diversas geografías y etapas de desarrollo, dispuestos a avanzar en la armonización internacional de las normas para los materiales básicos de emisiones casi nulas y bajas para el acero y el cemento.
La segunda reunión del Climate Club terminó con una declaración de sus miembros, quienes se comprometieron a ampliar los mercados líderes para materiales de emisiones casi nulas esta década, con el objetivo de hacer que la producción industrial descarbonizada sea la norma predeterminada para 2030.
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