Diputados concluyen que hubo fraude en elección CUT y piden al Gobierno querellarse

Informe final de la Comisión investigadora de la Cámara recomienda que la Contraloría confirme si la Dirección del Trabajo tiene competencias para supervigilar sindicatos y dotar al mundo sindical de normas de transparencia activa y elección directa.

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El 27 de octubre del año pasado se constituyó la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados para analizar el cumplimiento de la normativa vigente por parte de la Dirección del Trabajo (DT), en relación a la supervigilancia de las organizaciones sindicales y el mantenimiento de sus registros de afiliados, a raíz de las denuncias sobre manipulación de padrones electorales en las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de agosto de ese año.

Luego de ocho sesiones de trabajo, que incluyeron la exposición de dirigentes sindicales, la DT, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón, la instancia fiscalizadora concluyó esta semana la redacción de su informe final, con juicios y recomendaciones respecto del controvertido proceso electoral, que culminó con dos demandas en la justicia electoral, el alejamiento de gremios importantes de la multisindical, la constitución de una mesa directiva transitoria y la repetición de los comicios el próximo 20 de abril.

En un documento de 44 páginas, que tentativamente sería sometido a revisión de la Sala de la Cámara Baja la próxima semana, la Comisión Investigadora que presidió el diputado Juan Luis Castro (PS) constató en primer lugar: “Que el proceso eleccionario de la CUT dejó en evidencia serias y graves deficiencias o irregularidades, algunas de ellas, eventualmente constitutivas de delitos, que ameritan ser investigadas acuciosamente por el Ministerio Público por constituir, en caso de ser acreditados, fraude a la fe pública”.

Una segunda conclusión apunta a que la DT frente a la modificación legal introducida por la ley N° 19.759, se inhibió voluntariamente de la función que le encomienda el artículo 1°, letra d) del D.F.L. N° 2, de 1967, Orgánica de dicho servicio, “esto es, la supervigilancia del funcionamiento de los organismo sindicales y de conciliación de acuerdo con las normas que los rigen, al estimar que dicha disposición, a pesar de carecer de texto expreso para ello, ha sido derogada tácitamente” por la reforma laboral del año 2001.

En tercer orden, deja constancia que la DT hizo una denuncia ante el Ministerio Público, tras constatar que dos certificados de organizaciones sindicales sujetas a registro ante el servicio eran falsos.

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La Comisión, en cuarto lugar, acordó que “sin querer afectar la necesaria autonomía sindical de las organizaciones de trabajadores, estimó que dejar entregado sólo a ellas las nóminas actualizadas de sus afiliados y dejándoles la obligación de mantener ellas mismas un registro al día de éstos, por una parte, y por otra, obligando a la DT a certificar, sin poder verificar de modo alguna su efectividad, su vigencia y número de socios, permite la ocurrencia de las irregularidades denunciadas”.

Finalmente, los diputados creen que “el principio de autonomía sindical debe confrontarse con los modernos estándares de transparencia que la sociedad entera pide y exige hoy a las instituciones políticas, económicas, de servicios a la comunidad y de representación ciudadana”, por lo que se propone dotar de normas de transparencia activa a las organizaciones sindicales.

La Comisión aprobó por unanimidad las conclusiones números 2, 4 y 5. La primera conclusión fue respaldada por 7 votos a favor y 3 abstenciones de los diputados Daniel Núñez (PC), Raúl Saldívar (PS) y Matías Walker (DC), en tanto, el tercer acuerdo fue aprobado por seis votos a favor y tres en contra, de los diputados UDI Felipe de Mussy y Patricio Melero y Nicolás Mockeberg (RN).

En materia de proposiciones, la Comisión planteó consagrar en la legislación laboral normas que permitan dar un curso expedito a la caducidad de organizaciones que dejan de representar a trabajadores que inicialmente la constituyeron; elaborar mecanismos transparentes de elección de dirigencias, como elecciones directas; y aumentar la dotación de fiscalizadores de la Dirección del Trabajo.

También se propuso que la DT pida a la Contraloría que interprete el alcance de su legislación orgánica que establece que el servicio tiene la función de supervigilar a las organizaciones sindicales, y finalmente pide al Ministerio del Trabajo que adopte las medidas necesarias para que la DT se querelle contra quienes resulten responsables del delito de fraude que ya fue denunciado a la Fiscalía.

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Fuente:Pulso 
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