‘El Contrato Social de la Energía: Electrificar para democratizar’

La Fundación Renovables reivindica que el precio de la electricidad responda al pago por uso y no por inversiones y que el sistema integre no solo a las renovables sino sobre todo al consumidor.

La Fundación Renovables ha presentado en Madrid el informe “El Contrato Social de la Energía: Electrificar para democratizar” que supone un paso conceptual importante y que, a la vez, engloba toda su aportación de ideas, propuestas y análisis publicados a lo largo de los últimos nueve años y que tienen en la consideración de la energía como un bien básico de primera necesidad cuyo acceso debe ser garantizado como servicio público, el punto de partida de su discurso.

El “think thank” ciudadano aporta esta iniciativa como base para el permanentemente reclamado Pacto de Estado de la Energía.

Entre las ideas más significativas figuran la reivindicación de que la señal precio responda al pago por uso y no por inversiones y la constatación de que el sector tradicional no podrá nunca protagonizar un cambio radical que va contra sus propios intereses.

Para la Fundación Renovables la electrificación de la demanda, de origen renovable, es la única vía para lograr un futuro sostenible bajo criterios de eficiencia, equidad, justicia social y pleno respeto al medio ambiente.

Ello exige rediseñar por completo el sistema eléctrico de nuestro país, evolucionando e innovando, de manera disruptiva, gracias a la tecnología ya disponible hasta alcanzar un nuevo sistema descentralizado y multidireccional, en el que la ciudadanía tenga capacidad de decisión tanto para comprar como para generar electricidad.

El informe se estructura en tres partes. En la primera, titulada “Razones para el cambio”, se repasan los motivos que justifican la necesidad de actuar para cambiar el sistema eléctrico.

Entre ellos encontramos: el no acceso universal a la energía y la persistencia de la lacra de la pobreza energética; la absoluta falta de transparencia en la fijación de precios y la flagrante asimetría en la asignación de los costes de un sistema que es opaco y nada democrático; el grave problema reputacional que tienen las empresas del sector; el control de la propiedad de las infraestructuras por parte de unas pocas manos; la perversa conversión de ciertos trámites administrativos en verdaderos bienes especulativos; la inexistencia de grados de libertad de los consumidores; la carencia de una política fiscal activa y finalista y la ineludible obligación de erradicar los combustibles fósiles y culminar a tiempo la transición energética, por razones de emergencia ambiental y en consecuencia social.

Efectuado el diagnóstico, el informe aborda en su segunda parte “Las palancas del cambio”, aquellos instrumentos o mecanismos que permiten sustituir ya el paradigma actual por otro.

Uno de ellos es sin duda la aparición de escenarios tecnológicos (internet de las cosas, blockchain, etc.) con capacidad para provocar el cambio de modelo de abajo a arriba, junto al hecho incontestable de que la propia necesidad de cambiar cada día goza de mayor aceptación social. En efecto, la preocupación de la sociedad cada vez es más determinante en la asunción de compromisos políticos frente a la presión real y efectiva de los lobbies empresariales.

Otro importante mecanismo que impulsa el cambio de modelo es que la generación de electricidad a partir de fuentes renovables de energía es, hoy día, más barata que el uso de combustibles fósiles. Y todo ello sin considerar las externalidades negativas que tienen las energías fósiles, por un lado, y los beneficios inducidos por el empleo de fuentes renovables autóctonas, por otro.

El autoconsumo, por su parte, supone un inigualable instrumento para el cambio, al abrir la puerta a una nueva forma de relacionarnos socialmente con la energía, convirtiendo al conjunto de la ciudadanía en gestora de su propia energía y afianzando nuevos comportamientos y responsabilidades.

Finalmente, el almacenamiento de electricidad en baterías será clave tanto para la electrificación de la demanda como, sobre todo, para la gestionabilidad del sistema y la reducción de inversiones de generación con baja utilización.

En la tercera parte, titulada “Los caminos del cambio”, el informe repasa aquellas actuaciones que debemos llevar a cabo para culminar con éxito la transformación del sistema energético, particularmente del sistema eléctrico.

Entre ellas: el diseño de una tarifa eléctrica transparente y con una señal precio real; la digitalización del propio sistema eléctrico; la consolidación de la figura del agregador de demanda; la corresponsabilidad en el cumplimiento de compromisos de cobertura de la demanda con renovables; el cambio de modelo en la propiedad y gestión de las infraestructuras; la reforma fiscal, que genere una política fiscal activa y finalista y la articulación de un nuevo modelo eléctrico en el que la electricidad esté considerada como un bien de primera necesidad y como un servicio público.

Como vehículo para lograrlo se propone “El Contrato Social de la Energía”. En él, la Fundación Renovables antepone las necesidades del conjunto de la sociedad a los intereses individuales, como exigencia de derechos, pero también de obligaciones, y apuesta de forma valiente por cambiar el orden moral del sistema actual, con un papel del Estado más comprometido y activo.

A partir de un concepto más social de la energía, la define como un servicio público y como un bien de utilidad pública cuyo acceso universal debe quedar garantizado, al menos, en su formato eléctrico a partir de fuentes renovables. Se detallan las bases y los derechos sobre los que pivota la propuesta del Contrato Social de la Energía, cuyo paso siguiente ha de ser alcanzar un Pacto de Estado de la Energía con el mayor consenso posible.

Finalmente, el informe presenta sus propuestas de actuaciones legislativas para desarrollar el referido Contrato Social, como la Ley de cambio climático, ley “paraguas” de un desarrollo normativo compacto que incluya, entre otras, la Ley de Reforma del Sector Eléctrico, una reforma fiscal que garantice la justicia social e intergeneracional y la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, asumiendo que el compromiso nace desde la necesaria actuación urbana.

En palabras de Fernando Ferrando “este es un modelo de todos y para todos, en el que el acuerdo social es base para que todos asumamos los derechos y las obligaciones que conlleva”.

Fuente/Ecoticias
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