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Eléctricas critican cambio a cobro de patentes por no uso
En medio de la discusión de la reforma al Código de Aguas, empresas como Colbún siguen revisando sus derechos.
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Mientras la discusión de la reforma al Código de Aguas sigue en el Senado, con sesiones ayer y hoy en la comisión de Recursos Hídricos, las empresas eléctricas están revisando la situación de sus derechos de agua que están sujetos al cobro de patentes por no uso.
Una menor perspectiva de desarrollo para los proyectos hidroeléctricos, debido a la bajaen los precios de la energía que restan rentabilidad a estas inversiones, así como el incremento del cargo asociado a las patentes por no uso, que este año se cuadruplicó respecto del nivel de 2007, cuando se inició este cobro, influyó en que grandes del sector como Enel, AES Gener y otras como Electro Austral, ligada al empresario Isidoro Quiroga, resolvieron devolver parte de sus derechos, considerando que el valor de estos activos se ha reducido y el pago de patentes a la espera de poder concretar un proyecto hoy aparece más como un costo posible de rebajar.
Lo mismo está sucediendo con otras empresas, como Colbún que consultada declaró estar “permanentemente revisando sus derechos de agua”.
Reforma y patentes
En paralelo y mientras el gobierno ha abierto la puerta a revisar algunos aspectos de la polémica reforma al Código de Aguas, la Asociación Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas A.G. (Apemec), planteó una crítica a la modificación al tratamiento de los derechos que permanecen sin uso y que en la práctica además de una importante alza del monto a pagar por las patentes, establece que al octavo año sin explotación éstas caducarán.
“Un estudio que hicimos sobre este sistema nos indica que se requiere un diagnóstico mucho más profundo del que se ha hecho hasta ahora en el marco de la reforma al Código de Aguas, porque los hechos y los números avalan que el sistema en la forma en que fue concebido originalmente, en el año 2005, está funcionando”, asegura el director ejecutivo del gremio Rafael Loyola.
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Añade que es necesario evaluar bien el sistema “para no afectar derechos adquiridos y nuevas inversiones en materia hidroeléctrica”.
Precisa que la intención de este instrumento no es la recaudación fiscal, sino que busca que los recursos hídricos sean desarrollados o en su defecto devueltos al Estado, lo que al décimo año de funcionamiento del sistema se ha conseguido. “Siempre habrá derechos por los que se pagará patente, porque al titular le interesa conservarlos como un insumo”, aclara.
Las cifras indican que si en 2016 -y sin considerar las renuncias de Enel y AES Gener, por ejemplo-, se pagó sólo el 55% de las patentes, a diferencia de 2007, primer año de vigencia en que sólo el 1% de las patentes quedó impaga.
Loyola plantea que algunos elementos de este sistema son perfectibles, como hacer obligatoria la inscripción de los derechos en el Conservador, lo que activa el mecanismo de cobro, pero plantea que es un error plantear una reforma “tan radical en este caso, sin una evaluación más profunda de por medio”, plantea.
Los cambios que se proponen, precisa, en la práctica hacen que “hoy un titular de derechos que ha estado pagando y que a partir de la reforma pagará una patente más alta, además se expondrá a que le caduquen su derecho en ocho años, si es que no ha podido concretar las obras asociadas al proyecto, por ejemplo, porque está a la espera del desarrollo de una línea de transmisión o esperando una Resolución de Calificación Ambiental”.
Apunta además que el alza de la patente es retroactiva, al momento en que se constituyó el derecho y “finalmente, redundará en la caducidad al cabo del octavo año sin explotar, si no le ha sido posible construir su proyecto”, puntualiza Loyola.
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Fuente: Diario Financiero