FUNDICIONES EMITEN MÁS AZUFRE QUE LAS TERMOELÉCTRICAS PERO NO PAGARÁN IMPUESTOS VERDES

En el país operan siete de estas instalaciones de la minería del cobre, y cinco son del Estado. Un estudio del Ministerio de Medio Ambiente advierte que el SO2 puede producir problemas respiratorios y cardiovasculares en la población.

Los impuestos verdes incluidos en el proyecto de reforma tributaria presentada por el Ejecutivo sacaron ronchas entre las empresas generadoras, las que han manifestado que el nuevo gravamen aumentará los costos de la energía, lo que será traspasado, de una forma u otra, a los clientes.

Molestia también provocó en esta industria lo que denominan como un gravamen discriminatorio. El texto indica que pagarán un impuesto adicional las calderas o turbinas con una potencia de 50 megawatts térmicos (MWt) o superior que emitan una serie de contaminantes locales y globales, como el dióxido de carbono (CO2).

Esta redacción del proyecto dejaría libre de este pago adicional a las fundiciones de cobre, fuentes importantes de contaminantes locales. De acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en la administración Piñera -pero que aún está disponible en el portal de la cartera-, sólo una gran fundición emite la misma cantidad de dióxido de azufre (SO2) que todo el parque termoeléctrico instalado en Chile.

Según destaca el mismo informe, el SO2 puede producir problemas respiratorios y cardiovasculares en la población.

En el país funcionan siete fundiciones de cobre, las mayoría de ellas propiedad del Estado a través de Codelco (Caletones, Potrerillos, Chuquicamata y Ventanas) y Enami (Paipote). También existe la fundición Alto Norte (Xstrata) y Chagres (Anglo American) en manos de privados.

Eso sí, el estudio de Medio Ambiente no considera la reducción de contaminantes que acarreará la puesta en marcha de la nueva norma de emisiones para fundiciones que fue publicada en diciembre pasado . Para adecuarse a las nuevas reglas, Codelco delineó un agresivo plan de inversiones para mejorar sus instalaciones (ver recuadro).

De todas formas, pese a las nuevas reglas que aplicarán a las fundiciones, todavía estas instalaciones emitirán contaminantes locales catalogados como dañinos para la salud.

Las voces de los privados

Uno de los principales opositores a los impuestos verdes ha sido el gerente general de AES Gener, Luis Felipe Cerón, quien sostiene que, como está redactado, el tributo es «absolutamente discriminatorio, si el impuesto es a fuentes emisoras, debieran considerarse todas las fuentes».

Para el ejecutivo la imposición del gravamen, tal como está expresado, «no aporta desde el punto de vista medioambiental».

¿Por qué, entonces, el impuesto sería pagado principalmente por las termoeléctricas? «Es difícil de entender, y en particular siendo que es la única actividad industrial que tiene normas de emisión. Tendría más sentido que hubiera normas de emisión a otras actividades que no tienen antes de pensar en impuestos de este tipo», responde Cerón.

Opinión similar plantea el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, René Muga, quien señala que «si la idea es proponer un impuesto a las emisiones de CO2 y contaminantes locales, debieran considerarse todas las fuentes que la emiten y no sólo algunas como se desprenden del proyecto de ley que habla sólo de turbinas y calderas (…) El proyecto no dice eso y excluye, por ejemplo, hornos y fundiciones».

Para el experto en temas medioambientales e investigador asociado del CEP, Ricardo Katz, la propuesta del ejecutivo introduce aspectos discriminatorios porque no grava a todas las fuentes emisoras fijas, sino que solo a turbinas y calderas y las de mayor tamaño. Además, deja una gran cantidad de temas a ser regulados vía reglamento.

Katz señala que los impuestos verdes son un instrumento de gestión ambiental positivo, pero que deben aplicarse a todas las fuentes emisoras que sean posibles de medir. «El impuesto es una medida apropiada, es un instrumento económico correctamente utilizado para gestionar la calidad ambiental, pero debería ser como todo impuesto lo menos discriminatorio posible y orientado a las emisiones que causan los efectos que se quieren controlar».

¿Cuánto recaudará?

Otra de las dudas planteadas por el tributo es cuánto, efectivamente, recaudará. Para los contaminantes locales el proyecto establece un impuesto de US$0,1 por tonelada emitida de cada uno los componentes gravados.

Según cálculos de Katz, para una central térmica moderna de una potencia de 700 MW por concepto de contaminantes locales se pagaría US$931 por año, aunque eso se sumaría por el factor de efectos sobre la salud, lo que todavía es una incógnita porque dependerá de un reglamento que deberá elaborar el ministerio de Medio Ambiente.

«Mi opinión es que los impuestos deben estar definidos por ley, entiendo que hay veces que se dejan aspectos para reglamentos posteriores, pero creo que la ley debiera definir lo mejor posible el impuesto», opina Katz.

En el caso de las emisiones de CO2, el mismo experto indica que para esa misma central el valor anual del impuesto oscilaría en un rango de US$10 millones a US$20 millones.

Badenier: «Sincera precios»

Desde el Ministerio del Medio Ambiente descartan que el gravamen sea discriminatorio, señalando que esto viene a internalizar los costos ambientales.

El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, responde que «la reforma tributaria viene a sincerar los precios de manera de internalizar adecuadamente los costos ambientales de la actividad económica. En la actualidad, las fuentes fijas, y especialmente las termoeléctricas a carbón, no internalizan adecuadamente sus costos ambientales».

«El Estado cuenta con diversos instrumentos para controlar la contaminación. Estos se aplican considerando su eficacia, eficiencia y capacidad de implementación. El objetivo central de la política ambiental es incentivar a las fuentes a internalizar plenamente sus costos ambientales», agrega.

El secretario de Estado destaca el impuesto es un mecanismo de gestión ambiental efectivo, por lo que descarta que esté destinado sólo a recaudar.

Codelco invierte más de US$1.000 millones para reducir emisiones

Un plan de inversiones que supera US$1.000 millones para disminuir las emisiones desde sus fundiciones es el que elaboró Codelco.

Según cálculos que ha entregado la estatal, disminuirán en casi 100 mil toneladas sus emisiones anuales de dióxido de azufre (SO2) y en alrededor de 1.300 toneladas las de arsénico. Así, por ejemplo, cuando finalicen las inversiones, Caletones -fundición ubicada en la División El Teniente- reducirá sus emisiones de SO2 en 21% comparado con el año 2011 y 65% las de arsénico.

Fuente:lasegunda.com