GOBIERNO REDUCE RIESGO GENERADORAS PARA ASEGURAR ÉXITO EN LICITACIONES ELÉCTRICAS

Autoridad ampliará plazos al menos a 5 años, posibilitando que las firmas aplacen o desechen contratos por judicialización de los proyectos.

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A fines de esta semana, el gobierno presentaría oficialmente las modificaciones que realizará a las licitaciones de suministro eléctrico para clientes regulados, las que han sido una piedra en el zapato para las distintas administraciones desde la quiebra de Campanario, en 2011.

El objetivo de la autoridad es bajar en 25% los precios de largo plazo de las licitaciones, desde los US$ 128 por MWh a los que se adjudicaron los últimos contratos, a un promedio entre US$ 96-98 MWh. Para esto, uno de los ejes será apostar a la llegada de nuevos actores, para lo cual flexibilizarán las condiciones que tendrán las generadoras que presenten ofertas.

Según señaló recientemente Andres Romero, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), aparte de ampliar de 3 a 5 años el plazo previo al inicio de la inyección de energía, el gobierno también contempla la opción de que las empresas posterguen el inicio del abastecimiento o incluso, desechen los contratos si sus proyectos de generación no logran cumplir los plazos establecidos para entrar en operación, producto de la judicialización, atraso en la construcción o la tramitación ambiental.

Este cambio es inédito. Hoy las empresas que se adjudican los contratos deben cumplirlos bajo cualquier condición, incluso si se pone en peligro su viabilidad económica.

“Queremos introducir cambios que no hagan a algún posible competidor interesante bajarse de una licitación porque piensa que pueda haber situaciones que no son imputables a él y no las va a poder manejar”, dijo Romero.

También se busca facilitar que los nuevos actores consigan financiamiento bancario para los proyectos, disminuyendo el riesgo. “Si un generador compromete su oferta y no llega con su proyecto, tiene que ir a comprar al spot, y ese riesgo es demasiado alto para un generador sin proyectos”, dice.

La iniciativa legal ingresaría al Congreso a mediados de agosto, y el llamado a licitación sería en marzo de 2015 y la adjudicación en 2016, mientras que la inyección de energía quedaría desde enero de 2021.

Especulación


En el gobierno saben que este traspaso de riesgo podría incentivar la especulación, por lo que incluirán clausulas que hagan onerosa su mala utilización.

Para postergar la entrega de energía o desechar un contrato -por motivos que no sean responsabilidad de la empresa- la ley establecerá condiciones, serán evaluadas técnicamente por un tercero “imparcial e independiente”, y luego visadas por la autoridad. Asimismo, ésta tendrá un costo -que hará las veces de multa- para la generadora que decida acogerse al mecanismo. En caso que no se cumplan estos requisitos para activar la cláusula de salida, el contrato deberá ser cumplido.

“La utilización de estas cláusulas irá acompañada por el cobro de boletas de garantía, que implican un alto costo de salida para la generadora si decide abandonar el contrato, sin importar la justificación”, explican en la CNE.

Asimismo, el retraso en la inyección de energía o la renuncia al contrato, deberá realizarse con tiempo suficiente para que sea posible realizar un nuevo proceso y adjudicarlo a un tercero.

“Esta medida está pensada para ser ejercida con una mínima antelación que permita relicitar el suministro de manera oportuna. De no cumplir con esta condición, no será aceptada la solicitud”, dicen en la CNE.

Fuente:df.cl 
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