Informe duda que el país cumpla meta de reducción de emisiones

Reconoce avances en medidas contra el cambio climático, pero nota «cierta incertidumbre» al someter reducción a financiamiento externo.

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Entre el año 2000 y 2010, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) registradas en Chile aumentaron 23% (sin considerar las atribuibles al uso y cambio de uso del suelo), y aunque per cápita fueron las más bajas de la OCDE -por las diferencias de ingreso-, las proyecciones apuntan a un incremento a medida que el PIB per cápita se aproxime a la media del organismo (US$39.955). Hacia 2030, el país tendrá un PIB per cápita similar al que hoy tienen Francia (US$39.813) o España (US$34.521), pero su nivel de emisiones de GEI per cápita -sindicados como causantes del calentamiento global-, será más alto.

La proyección se desprende de la Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA), entregada ayer por la OCDE y Cepal, trabajo que analizó los avances que tuvo el país entre 2005 y 2015, en materia ambiental.

En lo relativo a cambio climático, la evaluación sostiene que Chile está adoptando muchas de las medidas necesarias para dar una respuesta normativa al fenómeno, pero advierte “cierta incertidumbre” en el grado de compromiso de la contribución nacional a la baja de emisiones -propuesta a la ONU como parte del Acuerdo de París-, al estar condicionada al financiamiento. Recomienda fortalecer y formalizar la base institucional de la política sobre el fenómeno -para hacerlo una responsabilidad más transversal- y asegurar el financiamiento para enfrentarlo, entre otras medidas.

La contribución chilena, presentada en diciembre a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), propone reducir en 30% las emisiones de CO2 por unidad de PIB al 2030, respecto de las emisiones de 2007, considerando el crecimiento económico. El país se comprometió a aumentar esa reducción hasta entre 35% a 45%, si consigue asistencia y financiamiento internacional.

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Según el informe, el establecimiento de condiciones de crecimiento y financiamiento “despierta cierta incertidumbre sobre el grado de compromiso” y, aunque la contribución atenuaría el alza de emisiones de GEI, “no las reduciría en términos absolutos”, por lo que recomienda adoptar una trayectoria de emisiones de largo plazo y coherente con la meta de cero emisiones netas a la segunda mitad de la década de 2050.

La EDA enfatiza, además, en que uno de los desafíos en el tema es asegurar un financiamiento sostenible para implementar las políticas sobre el cambio climático, teniendo el cuenta que el primer Plan de Acción (2008-2102) no lo tuvo y que es posible que, hacia 2017, el país no reúna las condiciones para recibir asistencia oficial para el desarrollo.

Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), dice que el diagnóstico es acertado y establece avanzar hacia mayores acciones en adaptación y mitigación a nivel sectorial. “Hay indicaciones para fortalecer la institucionalidad del cambio climático, lo que salta a la vista, pero es importante que sea la OCDE quien lo señale”, indica.

Agrega que en Chile no hay partida presupuestaria para el tema, a pesar de ser clave, y que el financiamiento no sólo es para costos, sino que permite implementar políticas que van a redituar en economías para el país, en materia de salud y actividades productivas, por ejemplo. “Es una inversión para un desarrollo más sustentable. Hay una debilidad en que Chile todavía no se atreve a tomar una política de financiamiento del cambio climático, que va a redundar en economía para el país”, dice.

El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, reafirmó el compromiso de bajar emisiones y dijo que Chile debe suscribir el Acuerdo de París para optar al Fondo Verde de la ONU, que apoyará la adaptación y mitigación con recursos internacionales. Aseguró que esperan firmarlo pronto (lo debe hacer la presidenta en Nueva York) para ratificarlo en el Congreso este año.

Fuente: La Tercera 
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