La crítica mirada empresarial a las reformas impulsadas por Bachelet

En un mensaje a la Nación de la semana pasada, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que en septiembre de este año comenzará un «proceso constituyente» que desembocará en una nueva Carta Magna. Asimismo, estableció un plazo máximo de 45 días para impulsar iniciativas sobre probidad a propósito de casos como SQM y Pent

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Tras vender su participación en D&S, hoy Walmart Chile, el empresario Nicolás Ibáñez reparte sus días entre EEUU y Europa, buscando nuevas inversiones. Pese a esto, mantiene contacto permanente con Chile, y sigue de cerca lo que está ocurriendo en el país con casos como Penta y SQM.

Está viviendo en EEUU, ¿cómo se ve a Chile desde el extranjero?, ¿como un país más corrupto?

No, yo diría que todo lo contrario. El hecho de que haya un cierto revuelo muestra que es algo que al país le preocupa. Lo que sí está afectado es la imagen de la Presidenta por la participación del hijo en el Caso Caval. Ahí aparece como la clásica figura latinoamericana donde la familia y los amigos se apitutan. Creo que fue un error garrafal de criterio poner al hijo en esa posición. Este es un tema que se comenta. Ella se veía como una persona bien intencionada.

Lo otro que sí se comenta en Estados Unidos es su doble estándar cuando se habla de Cuba y Venezuela. El hecho de que ella no haya levantado la voz y no haya condenado la dictadura de los Castro y la dictadura chavista de Maduro es algo que sí le ha afectado. Aquí la gente pensaba que ella era una social demócrata, moderna, abierta de mente, pero claramente es una persona que ha vuelto un poco al pasado. O sea, pasamos a ser parte del grupo de países latinoamericanos típicos en materia de jefes de Estado. Además, estar pensando en una nueva constitución es algo muy propio de los países latinoamericanos.

¿Cómo evalúa las propuestas del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción?

Todo lo que se haga en materia de transparencia y probidad me parece muy bien. Sin embargo, no concuerdo con que el financiamiento de la política venga solamente por el Estado. Este financiamiento tiene que poder venir, una parte por el Estado, y otra parte desde personas naturales y empresas. De este modo, efectivamente habrá una vía expedita para renovar los cargos políticos y que haya una rotación sana. Si no, van a ser los apitutados de siempre los que mantienen los cargos y se reeligen.

El informe aconseja terminar con los aportes reservados y que sean sólo personas naturales las que pueda aportar, dejando fuera a las empresas.

Me parece muy bien el sistema que existe a través del Servel. Nosotros siempre aportamos así. Creo que es algo razonable, porque es algo completamente autónomo, confidencial y privado. La persona que recibe los aportes ni siquiera sabe de quién viene.

¿Qué puede pasar si todos pueden conocer quienes aportan a cada político?

Creo que hay que hacer un análisis comparado. Todo lo que signifique coartar las opciones no es lo ideal y concentrarlo solamente en aportes del Estado también me parece delicado. Las empresas también deberían poder hacer aportes. Evidentemente que hay que hacerlo bien y no a través de boletas raras. Ese es un tema que es inaceptable.

¿Dotar a las autoridades fiscalizadoras de mayores facultades como escuchas telefónicas y correos electrónicos puede resultar excesivo y vulnerar la privacidad de privados?

Hay que tener mucho cuidado con esto. Todo lo que significa fortalecer al Estado en materia de intervención en la vida de la sociedad civil debe ser muy cuidadoso. Obviamente en algunos casos específicos vinculados al terrorismo y al narcotráfico sí se justifica.

Se plantea además endurecer los permisos de construcción, limitar su duración a 3 años. Se dice que hoy es muy vulnerable este sistema, ¿esto puede afectar al desarrollo de negocios inmobiliarios?

Si uno pide un permiso de edificación es porque quiere hacer algo y que los permisos caduquen después de un tiempo, considerando que uno es dueño de un terreno con un proyecto, es cuestionable. Ahora, obviamente que hay un plazo para ejecutar, pero un permiso de construcción es un activo. Habría que pensarlo bien.

¿Qué prácticas cree que deben incorporarse en los gobiernos corporativos en Chile de manera urgente?

Diría que estos errores de criterio obedecen a las fallas de ciertos gobiernos corporativos, pero es una práctica mínima. La gran mayoría de las empresas en Chile funcionan muy bien y tienen gobiernos corporativos serios y transparentes. Creo que no hay mayores problemas.

¿Le parece que debe haber una mayor regulación sobre los directorios de las empresas abiertas a bolsa?

Para eso están los accionistas que pueden actuar. Si a los accionistas no les gusta el gobierno corporativo de una sociedad, tienen toda la libertad de no invertir en esas acciones”.

Fuente:Pulso 
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