LA OTRA AGENDA DEL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE EN ARICA

Proyecto minero de manganeso “Los Pumas”:Previo al lanzamiento del inédito libro “Diagnóstico Levantamiento de la Biodiversidad de la Región de Arica y Parinacota”, Pablo Badenier se reuníó con organizaciones reclamantes en el proyecto minero Los Pumas que ahora está en manos del Comité de Ministros, donde su cartera es la que preside.

.

.

.

Casi dos horas duró la reunión entre el Ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier y representantes de organizaciones de Arica y Parinacota, que interpusieron recursos de reclamación ante el Comité de Ministros, que buscan dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto minero de manganeso “Los Pumas”.

Cabe recordar que el 12 de agosto la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que dejó sin efecto la calificación ambiental favorable del proyecto minero Los Pumas, una vez que acogió el recurso de protección presentado en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la Comisión de Evaluación Ambiental, presidido por el entonces intendente José Durana.

“Quería conocer yo en particular como presidente de Comité de Ministro de primera fuente la opinión que tiene los reclamante y sus fundamentos, fue una reunión franca donde explicamos cuál es la labor de Comité. Nosotros al igual que como lo hemos hecho con otros proyectos, vamos a revisar el mérito de esos recursos de reclamación y nos vamos a pronunciar como lo hemos hecho con los proyectos que llegan a estas instancia”, dijo Badenier al referirse a los 8 recursos de reclamación que fueron declarados admisibles.

En la cita la Junta de Vigilancia del río Lluta argumentó aspectos técnicos por los que el proyecto es inviable. Por ejemplo, la incorrecta pendiente en el embalse de realce, la inexistencia de la línea volcánica y la falta de descripción de la falla Copaquilla Ticnamar.

En tanto, la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales se refirió al cuestionado Decreto Supremo n°66 sobre la regulación de la consulta previa indígena y los efectos de la minería en la región, donde hay demandas al Estado por los episodios de contaminación y daños a la salud de la ciudadanía sucedidos en la región.

Con respecto a la preocupación ciudadana que retomó las acciones públicas contra el proyecto, Badenier sostuvo: “Queremos transmitir a la ciudadanía es que la institucionalidad ambiental en el gobierno funciona, es nuestro deber aplicar el rigor técnico, respetar el procedimiento y pronunciarnos sobre los proyectos”.

Ministro, hay cierta desconfianza por lo que sucedió con el proyecto Paguanta en Tarapacá donde la ciudadanía manifestó su descontento…

“Efectivamente en Paguanta hubo un pronunciamiento del Comité de Ministros que aprobó el proyecto (…) en el caso de Hidroaysén se acogieron los recursos de reclamación de la ciudadanía y el proyecto finalmente quedo sin efecto su resolución de calificación ambiental otorgada. Importa le merito técnico, los procedimientos y el fondo del asunto, y con toda transparencia y claridad nos vamos a reunir con la ciudadanía para que entienda el proceder del Comité de Ministros”.

Consulta indígena

Otra preocupación es la aplicación del Convenio 169 de la OIT con respecto a la consulta previa, informada y de buena fe, una vez que en el caso del reglamento Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se somete a la participación ciudadana según la Ley de Medio Ambiente.

“Hoy en día tenemos un reglamento de consulta indígena que está vigente, nos podrá gustar o no, tener más o menos observaciones, y nosotros lo vamos a respetar en el procedimiento del propio Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y ya habrá tiempo de plantear las modificaciones que nos parece razonable en términos de mejorar el procedimiento.

Creemos en los procesos de consulta, de participación ciudadana, los proyectos después de los procesos de consulta son mejores proyectos que antes de la consulta”.

Pero ya vemos lo que paso con Neltume, por ejemplo, que se judicializó, ¿acaso puede ser la tónica?

“No somos quién para inhibir el derecho de los ciudadanos de hacer uso de recurso de protección si siente que sus derechos constituciones son vulnerados, respetamos que puedan accionar judicialmente si hay mérito para ello”.
Por Leyla Noriega Zegarra.

 Fuente/diario.elmorrocotudo
 https://www.facebook.com/ChiledesarrollosustentableCDS