Las definiciones sectoriales que enfrentará el nuevo gobierno de Michelle Bachelet

Una serie de importantes desafíos se ha planteado el próximo gobierno, sobre todo en materias sensibles, como la energía o materias tributarias.

Una serie de importantes desafíos se ha planteado el próximo gobierno de la presidenta electa Michelle Bachelet, sobre todo en materias sensibles, como por ejemplo en energía o en materia tributaria, donde las críticas a las propuesta de reforma se han hecho sentir desde diversos sectores.

En este escenario el rol que desempeñen los ministerios será clave, y figuras como el futuro ministro de Hacienda, Alberto Arenas, serán determinantes para sacar adelante los cambios anunciados. Junto a él, el futuro titular de Economía, Luis Felipe Céspedes, o el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, y la nueva ministra del Trabajo, Javiera Blanco, deberán asumir la conducción de sus carteras con la claridad necesaria para satisfacer las demandas de cada sector en particular.

Establecer un plan de acción para consensuar a los actores involucrados, evaluar las alternativas para acelerar la puesta en marcha de proyectos generadores de energía, pero a su vez, implementar medidas que reduzcan los efectos medio ambientales negativos de los mismos proyectos, será el foco de la agenda que la cartera dará a conocer durante sus primeros tres meses en La Moneda.
Además de lograr la entrada de proyectos energéticos que sean sustentables, la administración que comienza hoy su gestión, buscará formas de «proveer abastecimiento de gas a centrales de ciclo combinado (…) incluyendo la promoción de un sistema de compras coordinadas de volúmenes atractivos para encontrar mejores ofertas de precios de GNL, con el objeto de reducir la potencial escasez de energía en el período 2016-2018», según establece el programa.
Proyectos energéticos paralizados Punta Alcalde, Castilla e Hidroaysén son parte de los aproximadamente US$ 40 mil millones paralizados por proyectos energéticos y mineros en stand by. Las empresas que invierten en generadoras se han topado con la nueva institucionalidad ambiental que puesta en marcha en los últimos años, como el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales. Así, muchos proyectos han quedado suspendidos en los nuevos tribunales.

Resistencia ciudadana
Por otra parte, los proyectos también se encuentran con una fuerte oposición ciudadana. Ante esto, la nueva administración interpreta que en la percepción ciudadana, el desarrollo eléctrico «ha sido crecientemente asociado con deterioro ambiental y costos sociales para algunas comunidades». Como respuesta a la ciudadanía inquieta y empoderada por el cuidado medioambiental, Bachelet también especifica que promoverán un desarrollo energético «seguro, eficiente y con precios razonables, que aproveche nuestros recursos renovables en forma sustentable y no contaminante».
En lo práctico, la cartera que liderará Máximo Pacheco pretende implementar, en el corto plazo, la Ley de Fomento de las ERNC, la de Fomento de la Energía Distribuida y la de Concesiones y Servidumbres Eléctricas.

Reforma tributaria: la principal batalla

Actuar con responsabilidad fiscal para generar estabilidad macroeconómica y mejorar de manera sustentable el bienestar de ciudadanos y ciudadanas, es uno de los compromisos que el programa de gobierno de Michelle Bachelet le entrega al Ministerio de Hacienda.
De hecho esta cartera será la que deberá llevar adelante la anunciada reforma tributaria que la presidenta tiene en carpeta, como un mecanismo para ayudar a reducir la desigualdad entre los chilenos y asegurar ingresos para las reformas que contiene su programa.
En ese sentido, el ministro de la cartera, Alberto Arenas, ya confirmó que aunque exista un crecimiento más moderado de la economía la reforma tributaria se llevará a cabo de todas maneras dado que es un compromiso que asumió la presidenta.
Esta reforma contempla cuatro objetivos, el primero es aumentar la carga tributaria para financiar los futuros gastos permanentes de la reforma educacional, otras políticas de protección social y el actual déficit en las cuentas fiscales. Lo segundo apunta a mejorar la distribución de los ingresos avanzando en la equidad tributaria. Además, el programa apunta a introducir nuevos incentivos al ahorro y la inversión
El plan de gobierno define que la meta de recaudación se alcanzará «del conjunto de las medidas de la Reforma Tributaria que será de 3% del PIB. Esta meta se descompone en 2,5% del PIB provenientes de cambios a la estructura tributaria y 0,5% del PIB de medidas que reducen la evasión y la elusión».
Pero se estima que el escenario no será el más fácil, dado que las críticas han apuntado a que estas iniciativas pueden afectar la inversión. Es más, incluso el saliente ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha puesto algunas señales de alerta dado que la promesa de cambios impositivos podrían estar afectando las expectativas y, por consiguiente, las decisiones de inversión en el país.
A esto se suma que aún no hay claridad del grueso de la reforma, lo que aumenta la incertidumbre del sector privado que se vería perjudicado por la iniciativa.

Productividad, INE y fortalecer Sernac, los retos de Economía

La semana pasada se realizó la primera reunión del comité económico de ministros que busa generar herramientas para impulsar la economía, elevar la productividad y abordar temas clave como la energía. En esa ocasión, el futuro titular de Economía, Luis Felipe Céspedes fue nombrado secretario técnico de ese comité que, de acuerdo al programa de gobierno, buscará lanzar una Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento Económico, que busca principalmente trabajar en las áreas de políticas de competencia, donde se pretende fortalecer la institucionalidad pública pro competencia y de protección a los consumidores, lo que daría mayor impulso al crecimiento económico.
En cuanto al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la cartera buscará defender en el Congreso un proyecto de ley que busca fortalecer la entidad, a fin de ganar atribuciones «reales y efectivas» para defender los derechos de los consumidores. Además, pretende dotar a la institución de facultades para fiscalizar, multar, interpretar la ley y dictar normativas.
Uno de los temas más complejos que deberá enfrentar Céspedes en su gestión es la crisis de credibilidad que vivió el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) debido a los cuestionamientos del Censo. Se espera que el nuevo gobierno envíe con prontitud señales para reafirmar la autonomía de la entidad y que además clarifique si realizará un nuevo Censo, tras los polémicos resultados del último proceso. De acuerdo a lo señalado, el nuevo gobierno pretende repetir el proceso entre 2015 y 2016, pese a que el director del INE, Juan Eduardo Coeymans, ha afirmado que los datos recogidos sirven para la confección de políticas públicas.
Por otro lado, la cartera trabajará en la modernización del Estado para que sea capaz de responder con rapidez a los ciudadanos y así, integrar a los mejores profesionales y técnicos al servicio público, lo que además aseguraría según el programa, un uso eficiente de los recursos públicos y una atención de calidad para las personas. Por último, el desarrollo productivo y la innovación también son objetivos que destaca el programa como metas a trabajar durante los 100 primeros días de gobierno para que la economía sea «realmente» moderna y dinámica.

Seguridad e indígenas
Para el ministerio del Interior, Bachelet ha fijado la meta de plantear reformas que permitan reducir los delitos, ya que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la población, que se expresa en la mayoría de los sondeos de opinión pública. A eso se suman los escasos avances que logró la administración Piñera, pese a que fue una de sus banderas antes de llegar a La Moneda.
Para esto, Bachelet plantea el plan «Seguridad para todos» donde se fortalecerá el rol municipal en seguridad ciudadana y de cooperación con la policía y la Justicia. Por otra parte, se impulsará el programa «Juntos más seguros» para apoyar las comunas vulnerables y barrios críticos.
En otra arista, en cuanto a los pueblos originarios, se busca incluir «plenamente» a los pueblos indígenas, respetando sus derechos colectivos, para que tengan participación. Al inicio del gobierno se anunciaría la Agenda para el Desarrollo de los Pueblos Originarios, que incorporará, entre otras, las áreas de educación, salud, tierras y desarrollo productivo de los pueblos indígenas.

Integración con la región
Revertir el déficit de integración entre los países sudamericanos es uno de los principales desafíos que tendrá que asumir el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.
La presidenta Bachelet ha hecho especial hincapié en poder mejorar las relaciones con los países de la región y buscar una integración más profunda. «La política exterior de Chile en el próximo gobierno debe contribuir a lograr una mayor unidad regional. Debemos fortalecer nuestra participación en los distintos mecanismos de integración actualmente existentes en América Latina y, en especial en América del Sur, así como constituir a este bloque de países como una región», es el énfasis del programa.
Para esto deberán generar instancias de entendimiento «por sobre las barreras ideológicas», un ejemplo de ese trabajo podría ser «Unasur, que debe constituirse en un punto de confluencia de las iniciativas de integración de América del Sur, mientras Celac debe ser una instancia de coordinación política en la región.

AFP estatal y diálogo laboral
En materia de trabajo, el programa buscaría un equilibro en el ámbito laboral y mayor relación entre empleadores y trabajadores para así terminar los empleos precarios e informales.
Además, en los primeros 100 días de gobierno se enviará un proyecto de ley que crea una AFP estatal, que permitiría una mayor competencia de precios y la atención preferente de grupos de la población de menor interés para las AFP existentes.
Por otra parte, daría más importancia a los sindicatos, fortaleciendo su participación, la negociación colectiva y una «justa distribución de ganancias». Además, plantea elevar el monto del salario mínimo y abogar por el pago de gratificaciones y generar una mayor productividad. En otro ámbito, se busca el perfeccionamiento del Seguro de Cesantía, donde se evaluarían ajustes en el esquema de financiamiento del seguro para generar incentivos a los empleadores que registran menores niveles de rotación laboral de sus trabajadores.

Encuesta Casen y ficha de protección social
La entrega de datos de Casen 2011 levantó dudas y la credibilidad de la encuesta quedó en entredicho. Hoy se demanda información estadística representativa de la distribución socioeconómica de la población. Al respecto, la ministra designada María Fernanda Villegas deberá liderar la idea del programa respecto a aplicar la Casen intercalando medición nacional/regional, cada dos años, con otras de bienestar comunal, cada cuatro. A la Ficha de Protección Social (FPS) se le demanda más precisión y actualización, para una efectiva asignación de recursos estatales. La modificación de este instrumento quedó pendiente con Piñera, que alcanzó a cambiar el diseño pero no a implementarla.
En lo práctico, el programa de Bachelet busca ajustar los procesos operativos para identificar y ordenar por estrato a las familias del país, «implementando un nuevo modelo de cálculo del puntaje que recoja los recursos provenientes de los ingresos y el consumo familiar en función de las necesidades del hogar, corrigiendo así la fórmula de Capacidad Generadora de Ingresos». A esto se suma la «implementación en plenitud» el Convenio 169 y la creación del ministerio de Asuntos Indígenas.

Potenciar la competitividad del agro
Reimpulsar la competitividad del agro es uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo ministro de Agricultura, Carlos Furche. Así lo planteó el próximo secretario de Estado en entrevista con DF, algo en que coincidió la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) al momento de definir cuáles deben ser las prioridades del sector de cara a la nueva administración. Para esto definen tres áreas claves: Capital Humano, Inversión e Innovación, y Mercados más transparentes que aseguren una competencia justa. En ese sentido, el programa de la presidenta Bachelet recoge como uno de sus objetivos avanzar en un proyecto inclusivo, incorporando a los pequeños productores, jóvenes y mujeres indígenas, y poniendo especial énfasis en la agricultura familiar campesina. «Requerimos potenciar nuestros recursos humanos, romper con el crecimiento desigual y excluyente que se observa en algunos sectores, y atacar los problemas que presentan los pequeños productores», asegura el programa.

Fortalecer concesiones para avanzar en infraestructura
La pérdida de competitividad de la economía ha generado diversas críticas sobre todo respecto de la capacidad que tiene Chile para seguir creciendo. En este escenario resulta primordial el fortalecimiento del Ministerio de Obras Públicas para llevar adelante la labor encomendada por la presidenta electa Michelle Bachelet al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. El programa plantea que, si bien se critica la fragmentación institucional en infraestructura de transporte, ya que reduce la rentabilidad y aumenta los costos logísticos y de contaminación, la nueva administración plantea una «visión multimodal, incorporando el transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo (…) un diseño de los mecanismos de reordenamiento institucional». El programa busca reafirmar la modalidad de concesiones de obras públicas para autopistas urbanas, con la participación privada que permiten aumentar la «eficacia en la provisión de los servicios de infraestructura de transporte». Sin embargo, este punto deberá ser abordado con urgencia, para hacer frente a las críticas que existen actualmente respecto del sistema operante.

Fuente:df.cl