LAS POLÉMICAS INDICACIONES DEL GOBIERNO QUE RETRASAN LA REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

La modificación presentada ayer por el ejecutivo –con dos meses de demora- tiene el carácter de sustitiivo, por lo que la comisión de recursos hídricos deberá discutir y aprobar de nuevo un proyecto en el que ha trabajado todo el año. La teisis del lobby empresarial cobra aun mas fuerza.

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Con más de dos meses de retraso respecto al compromiso inicial, este martes el gobierno ingresó sus indicaciones al proyecto que modifica el Código de Aguas, que venía trabajándose en la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados.

El problema es que la modificación tenía carácter de sustitutivo, es decir, los cambios que presentó el Ejecutivo no se adicionaron al proyecto que ya estaba aprobado en más de un 90% de sus artículos, sino que lo reemplazó completamente.

De esta manera, los diputados deberán comenzar nuevamente desde cero: escuchar a actores interesados, presentar indicaciones, discutir sobre la admisibilidad de las indicaciones y votar artículo por artículo.

“Si estás de acuerdo con un proyecto, no lo sustituyes. Me da la idea de que no hay coincidencia entre el Ejecutivo y lo que nosotros habíamos trabajado. Aparentemente estábamos yendo demasiado lejos para ellos”, acusa la diputada PPD Cristina Girardi.

El retraso inicial en el envío de las indicaciones ya era interpretado como resultado de un fuerte lobby empresarial sobre la prometida reforma al Código de Aguas. Con esta polémica maniobra del gobierno, la situación no difiere mucho.

Bien nacional de uso público

El ministro Obras Públicas, Alberto Undurraga, inició su presentación de este martes en el Congreso señalando que la indicación presentada buscaba garantizar el recurso como bien nacional de uso público y que el polémico Código de Aguas de 1981 no responde a las necesidades del país ni a los estándares de legislación de agua que tiene la OCDE.

Posteriormente presentó las principales directrices del proyecto: se le permitirá a la DGA limitar derechos en función del interés público, habrán nuevos derechos de aprovechamiento con extensión de 30 años y el consumo humano del recurso se considerará de uso prioritario.Pero las criticas no se hicieron esperar y llegaron principalmente de las diputadas Yasna Provoste y Cristina Girardi.

“Me preguntaba mientras los escuchaba cuánto tiempo deberá pasar para que abordemos la transformación que es profunda (…) nunca pensamos que esta indicación sustitutiva iba a excluir un conjunto de voluntades ya expresadas por esta comisión, no de ahora, sino de hace largo tiempo”, afirmó Provoste.

En este sentido, Undurraga se defendió señalando que la indicación sustitutiva era la forma más simple de ingresarla a la comisión. “No hay intencionalidad detrás de esto, nos pareció que desde el punto de vista de técnica legislativa era lo más fácil”, aseguró.

Después de un arduo debate, la ministra (s) de la secretaría general de la Presidencia, Patricia Silva, quien puso todo en perspectiva: existe el actual Código de Aguas y la indicación del Ejecutivo. Sobre esto debe trabajar la comisión, todo lo demás es “referencial”.

La polémica aumentó. Debido al carácter sustitutivo, muchas de los artículos ya aprobados por la comisión fueron simplemente eliminados al no ser considerados por el Ejecutivo, uno de ellos es el que refiere a las “aguas del minero”.

El proyecto de los parlamentarios obligaba a que si una empresa minera encontraba agua durante una faena, tendría la obligación de informar al gobierno y de solicitar el derecho. Actualmente esto no ocurre y genera una desinformación administrativa en el balance de las cuencas y un desconocimiento sobre si estas afectan a otras aguas.

Finalmente el proyecto del Ejecutivo eliminó la indicación, ya que “no hay total convicción operacional”, justificó Undurraga.

“Hay una especie de aristocracia o nobleza de la minería que tiene un régimen especial, de que si encuentran agua no tienen que informarle a la autoridad ni solicitar el derecho. Es insólito. Para eso cualquiera que encuentre agua que no le informe a la autoridad. Se genera un régimen discriminatorio para el sector más poderoso. Es tremendamente grave y claramente responde al lobby”, acusa Sara Larraín, de Chile Sustentable.

Además, el proyecto del gobierno busca cambiar la entrega de derechos para que pasen a ser concesional, pero solo para quienes se les otorguen derechos nuevos. “El raspado de la olla”, según Sara Larraín, porque la mayoría de los derechos ya están entregados. Los anteriores no se tocan, tal como lo adelantó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, a este medio hace unas semanas.

“Si legislas para el mercado, le respondes al mercado”

“Creemos que la lógica de mercado tiene que supeditarse a la lógica de bien publico. Primero bien publico, después mercado. Pero eso no significa eliminar la lógica de mercado”, señaló ayer el ministro Undurraga.

Según Cristina Girardi, el gobierno vive una contradicción, porque reafirman el agua como bien nacional de uso público, pero al mismo tiempo es transable en el mercado. “Creo que en verdad les interesa mantener el mercado del agua”, afirma.

Consultada sobre si esta posición del Ejecutivo era una respuesta al lobby empresarial, la diputada es tajante: “Si tú legislas para el mercado es porque le estás respondiendo al mercado, a los que están transando en el mercado, los que son dueños y que les interesa mantener el derecho de agua como propiedad privada”.

Según señala un diputado de la comisión, lo que saldrá de esta reforma es solo una modificación al Código de Aguas, dentro de los marcos de la actual Constitución que sigue garantizando la propiedad privada del recurso. El ministro Undurraga volvió a enfatizar ayer en que dicho cambio constitucional será en el marco de la gran reforma que se prepara para el 2015.

Por ahora, el trabajo en la comisión empezará de nuevo, y los parlamentarios volverán a ingresar las indicaciones que no fueron consideradas por el Ejecutivo. Esto significa un retraso aún mayor para la dilatada reforma al Código de Aguas, que desde el anuncio de la presidenta el 21 de mayo pareciera estar en una constante postergación.

 Fuente/El Dínamo
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