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LOS CAMBIOS QUE AFINA EL GOBIERNO A LA CONSULTA INDÍGENA
Modificar el reglamento que rige las consultas por el convenio 169 en el análisis de proyectos sería una propuesta de Economía para destrabar las inversiones. Se estudia separar el mecanismo del sistema de evaluación ambiental y realizar un «mapeo» de pueblos originarios.
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ERA parte de los temas que la entonces candidata a la presidencia Michelle Bachelet conversó con las comunidades indígenas y lo incluyó en el programa de gobierno. Pero no se había vuelto a tocar. Sin embargo, el fallo adverso de la Corte Suprema de inicios de octubre pasado, que paralizó el proyecto minero El Morro, agilizó la discusión. De hecho, esta semana, como parte del paquete de medidas que la mandataria dará a conocer para reactivar las inversiones, se incluirá una fórmula para mejorar el proceso de consulta indígena.
La idea que se planteará será que este procedimiento, clave para la aprobación de proyectos de inversión, no sea realizado por el Servicio de Impacto Ambiental (SEA), sino que se desarrolle a través de una nueva institución de consulta nacional. Esto permitirá, estiman en el Ejecutivo, entregar más certezas a los inversionistas y descomprimir las labores del SEA. La visión del Ejecutivo es que la entidad no está cumpliendo bien su labor y está sobrecargada con la realización de la consulta, lo que no ha sido fácil de coordinar, pese a la existencia del reglamento Decreto Supremo 40 que regula este proceso dentro del análisis ambiental de los proyectos de inversión.
“El decreto 40 ha sido observado por las comunidades indígenas en distintos momentos. Su perfeccionamiento lo hemos conversado con el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, y también a nivel de las subsecretarías para revisar lo que existe. Esto, porque hoy está resultando ineficiente, pues terminan judicializándose buena parte de las iniciativas”, explica la ministra de Desarrollo Social (MDS), María Fernanda Villegas.
Agrega que el decreto, firmado en diciembre de 2013 y que comenzó a operar en marzo pasado, no cumple una condición importante: que la consulta a los pueblos originarios se haga de manera previa a la etapa de participación ciudadana.
Villegas indica que han existido varias conversaciones al interior del gobierno para ver la forma en que este proceso se puede realizar de manera más eficiente. “Lo concreto es distinguir las consultas de participación ciudadana que tienen los procesos de inversión, de las consultas indígenas. Son dos cosas totalmente distintas”, dice.
PREOCUPACIÓN GREMIAL
El tema se comenzó a tratar con fuerza en las carteras económicas y sectoriales desde septiembre pasado, cuenta una fuente de gobierno. El proceso, que está siendo liderado por Economía, también ha reunido las visiones de Hacienda, Minería, Energía y Agricultura.
Hoy, el 44,7% de los proyectos energéticos y el 18,4% de los mineros tramitados en el SEA están relacionados con el convenio 169 y 35,6% de las iniciativas de energía y 26,7% de las mineras están judicializadas por este proceso (ver infografía), según un estudio que hizo el ex asesor especial de Asuntos Indígenas del gobierno de Sebastián Piñera, Matías Abogabir, a solicitud de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
En el gremio hay preocupación por el impacto de la consulta indígena. Por eso han realizado reuniones directamente con Hacienda. De hecho, el miércoles último las seis ramas de la CPC más el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, René Muga, y el gerente de estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel, se reunieron con el equipo económico para analizar la llamada agenda “anti trabas”. Cada gremio entregó su visión sobre las barreras existentes y una de las conclusiones fue que el convenio 169 es el gran tema que está impidiendo la ejecución de proyectos, cuenta un asistente a la cita.
La semana pasada la mesa de ministros económicos también se reunió para avanzar en las propuestas que se presentarán en los próximos días. Uno de los puntos que se trató fue el convenio 169, señala un integrante de la mesa. “Se revisó documentación y se conversó sobre el 169. Existen varias opiniones, pero la más lógica es sacar el proceso de consulta del SEA. Es un trabajo muy complejo y hoy el SEA está sobrecargado”, dice.
Que exista mayor claridad sobre el alcance del convenio también es una de las peticiones de la Sofofa. El presidente de la entidad, Hermann von Mühlenbrock, señaló que al final lo que importa es tener un buen reglamento, “porque cuando las cosas no están claras y precisas generan incertidumbre. Se generan interpretaciones que dos personas la pueden leer de manera distinta y eso fue lo que pasó en este caso (El Morro)”.
Los gremios mineros -Sonami y Consejo Minero- también han manifestado su preocupación al Ministerio de Minería. “El fallo de El Morro generó mucho ruido en la industria y produjo una incertidumbre innecesaria”, indican fuentes del sector. De hecho, recientemente el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que el sector precisa criterios claros sobre el estándar de la consulta indígena para dar certezas, tanto a comunidades como a inversionistas. En 2012, Villarino ya había enviado una señal de alerta sobre el impacto del convenio en el marco de la cena anual de las grandes mineras. En la oportunidad, dijo que “los derechos de estos pueblos no pueden estar por sobre la legislación vigente que rige a todos los chilenos”.
NUEVA ORGANIZACIÓN
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, establece un marco de reconocimiento y protección a los pueblos originarios. En el caso de Chile, su tramitación parlamentaria se inició en 1991 y en marzo de 2008 el Congreso lo aprobó, entrando en vigencia en septiembre de 2009.
En marzo de 2013 se comenzó a trabajar la forma en que se aplicaría en Chile. Para eso se conformó una mesa de trabajo donde estaban presentes el gobierno, liderado por Abogabir y el MDS, y representantes de los pueblos originarios. La discusión no estuvo exenta de controversias. En el transcurso de las conversaciones varios representantes de las comunidades indígenas se bajaron de la instancia.
En esa mesa se estableció que la consulta enfocada a la afectación que pudieran tener los proyectos de inversión en las comunidades originarias debía ser desarrollada por el SEA. “El reglamento fue fruto de un trabajo de mucho tiempo, fue muy difícil llegar a acuerdo. En ese momento hubo que decidir cómo se hacía la consulta y esta fue la forma de hacerla (a través del SEA) y se decidió que era lo mejor, porque es el organismo que tiene más experiencia en el desarrollo de participaciones ciudadanas”, recuerda la ex ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
La idea de crear un organismo nacional de consulta para el 169 nació de la comunidad indígena. Así lo explican en el ministerio de Energía, donde indican que “como tal, es una inquietud que ha sido recogida para su análisis, tal como otras. Pero, por ahora, el gobierno no ha definido nada en la materia”.
Este nuevo organismo, explica una fuente de gobierno, permitiría organizar el proceso de participación de las comunidades, identificarlas, convocarlas y también consensuar los posibles acuerdos que se tomen entre ellos y el sector privado. “Lo que se necesita es dar garantía jurídica y para eso es necesario crear una estructura específica que se haga cargo de las consultas”, afirman cercanos a La Moneda.
Para poder materializarlo, cuenta una fuente del Ejecutivo, será necesario presentar un proyecto de ley en el Congreso. Sin embargo, estima que la tramitación no debería extenderse, pues en el Parlamento hay conciencia de la urgencia que requeriría. La meta del gobierno es que con todas las medidas propuestas esta semana, las inversiones comiencen a reactivarse durante 2015.
ZONA DE INFLUENCIA
Otro tema que será propuesto es la realización de una especie de “mapeo” de las comunidades indígenas, de tal manera que cuando la empresa llegue a un territorio sepa con antelación el número de comunidades que existe en la zona donde planea desarrollar su proyecto. “Esta es una petición que nos han hecho los gremios. La idea es establecer un mapa formal de comunidades. Con este levantamiento de comunidades se le dará más certeza jurídica a los inversionistas, porque conocerán su área de influencia”, explica un integrante de la mesa económica.
A nivel nacional se han realizado 29 procesos de consulta indígena desde 2009 hasta hoy. Esas inversiones suman US$ 15 mil millones, según el estudio de Abogabir. A la fecha sólo seis han iniciado la fase de construcción. Las 23 restantes, que suman desembolsos por US$ 13.067 millones, están enfrentando procesos de consulta, trámites administrativos o derechamente judicializadas.
En la actualidad, uno de los procesos más complejos que se está desarrollando es la consulta con la comunidad mapuche en la Región de Los Ríos para la central Neltume de Endesa. Hoy el proceso suma más de 500 días.
En Minería, el yacimiento de BHP Billiton, Cerro Colorado, en la I Región, también está en proceso. Las conversaciones se podrían extender, pues las comunidades aymaras están reacias a llegar a acuerdo con la empresa.
VISIÓN DE LOS PUEBLOS
Para los pueblos originarios, la consulta indígena no cumple con el estándar internacional, explica José Aylwin, del Observatorio Ciudadano. “Las organizaciones de pueblos indígenas y de derechos humanos, de la sociedad civil, miembros del Congreso e incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuestionaron este reglamento por sus vicios de forma, en particular por no involucrar a las instituciones representativas de estos pueblos”, señala.
Agrega que el reglamento limita el proceso sólo a estudios de impacto ambiental (EIA), dejando fuera a las declaraciones (DIA). Además, indica que el reglamento sostiene que el no alcanzar un acuerdo o consentimiento con los pueblos indígenas no implica la afectación de la consulta. “Ello es contrario a la interpretación que hacen los órganos de la OIT”, dice.
Aylwin opina que el reglamento debe ser reelaborado: “Es importante que a través de los procesos de consulta, los pueblos indígenas puedan incidir en las medidas, en este caso ambientales, susceptibles de afectarles directamente”.
Para Benítez hay que darle tiempo al reglamento antes de modificarlo. “En este proceso siempre alguien no quedará conforme, entonces, más que cambiar el reglamento, hay que pensar ¿qué significa el convenio 169? Significa que uno tiene el deber de consultar de buena fe, llegar a un acuerdo, pero este punto no es mandatorio, porque a veces no se llega nunca a acuerdo. Acá se está llevando al extremo que hay que lograr acuerdos, pero como para ciertos grupos el único acuerdo es lo que ellos quieren, ese acuerdo es imposible”, reflexiona la ex ministra Benítez.
Fuente:La Tercera
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EtMday 2024: CHILE SE POSICIONA COMO LÍDER EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LATINOAMÉRICA
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FONDO DE RESPUESTA A PÉRDIDAS Y DAÑOS LISTO PARA ACEPTAR CONTRIBUCIONES
Suecia prometió en la COP29 unos 19 millones de dólares adicionales en fondos para pérdidas y daños, lo que eleva el total de fondos prometidos a más de 720 millones de dólares
El Fondo para la respuesta a las pérdidas y los daños ya está listo para aceptar contribuciones tras la firma de documentos clave. El Fondo servirá como salvavidas al brindar apoyo crítico y urgente a quienes se ven afectados por las devastadoras consecuencias del cambio climático. Una vez alcanzado este importante hito, se espera que el Fondo comience a financiar proyectos en 2025.
En una ceremonia celebrada en la COP29 en Bakú se celebró la firma del Acuerdo de Fideicomiso y del Acuerdo de Sede de la Secretaría entre la Junta del Fondo para la Respuesta a Pérdidas y Daños y el Banco Mundial, así como el Acuerdo de País Anfitrión entre la Junta del Fondo y el país anfitrión de la Junta del Fondo, la República de Filipinas. La Presidencia está trabajando con todos los países que han prometido dinero para completar sus acuerdos de contribución lo antes posible.
En el evento de hoy, Suecia prometió 200 millones de coronas suecas (aproximadamente 19 millones de dólares) al Fondo, sujeto a la aprobación del gobierno. Esta importante contribución eleva el total de fondos prometidos a más de 720 millones de dólares. La Presidencia de la COP29 agradeció a Suecia por responder al llamado a la acción y sigue instando a que se hagan más promesas al Fondo para satisfacer mejor las necesidades de las comunidades que se encuentran en la primera línea del cambio climático.
Las pérdidas y los daños han sido una prioridad clave en el plan de la Presidencia de la COP29 para aumentar la ambición y permitir la acción. La Presidencia ha impulsado avances en todos los aspectos del panorama de pérdidas y daños a lo largo del año.
El triunfo vital de hoy para las comunidades vulnerables al cambio climático es el resultado de años de trabajo a través de fronteras y organizaciones. Las Partes lograron avances significativos en la COP27 en Egipto y la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos al establecer y poner en funcionamiento el Fondo. Este año, la Presidencia de la COP29 ha trabajado intensamente con la Junta del Fondo y el Banco Mundial, junto con los países donantes, para completar los preparativos para el avance de hoy.
Esto incluye la celebración de la tercera reunión de la Junta del Fondo en Azerbaiyán en septiembre, donde se lograron avances significativos para poner en funcionamiento el Fondo, sentando las bases para desembolsar el apoyo financiero tan necesario a partir de 2025. La elección de Ibrahima Cheikh Diong como Director Ejecutivo del Fondo mejoró aún más la institucionalización del Fondo.
Estos avances cobrarán impulso a medida que las Partes trabajen para alcanzar un paquete equilibrado de resultados en la COP29.
Fuente/COP29
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“Este avance nos permitirá convertir finalmente las promesas en apoyo real, lo que significa que la financiación podrá fluir en 2025. Deberíamos reflexionar sobre lo que este avance significará para la gente real. Significa que se reconstruirán casas, se reasentará a la gente y se salvarán vidas y medios de subsistencia”, dijo el presidente de la COP29, Mukhtar Babayev. “Pero nuestro trabajo no ha terminado. Ahora, el Fondo necesita identificar proyectos para que fluya el apoyo. Todos los países que han prometido dinero deben completar sus acuerdos de contribución. Y necesitamos más promesas para poder satisfacer las necesidades urgentes de las víctimas del cambio climático”.
“Hoy se demostró una vez más el poder de la solidaridad mundial para impulsar la acción climática. Debemos mantener el impulso para garantizar que el Fondo llegue a los países necesitados con urgencia”, dijo Ibrahima Cheikh Diong, Director Ejecutivo del Fondo para la Respuesta a las Pérdidas y los Daños. “Esperamos que la COP29 sea fructífera y que impulse aún más nuestra labor”, concluyó.
El presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, afirmó: “El Fondo para Pérdidas y Daños es fundamental porque brinda apoyo financiero a los países vulnerables que enfrentan los impactos más severos del cambio climático. El Banco Mundial se enorgullece de haber cumplido con su parte, con una urgencia acorde con el momento”.
El evento de hoy contó con la presencia del Presidente de la COP29, Mukhtar Babayev; el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell; el Director Ejecutivo del Fondo para la Respuesta a las Pérdidas y los Daños, Ibrahima Cheikh Diong; el Director Ejecutivo del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg; el Vicepresidente de Financiación para el Desarrollo del Banco Mundial, Akihiko Nishio; y representantes de las Partes y de las Presidencias de la COP27 y la COP28. El negociador principal de la COP29, Yalchin Rafiyev, pronunció las palabras finales.
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PANEL DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA CELEBRADO EN LA ZONA VERDE DE LA COP29
Junto con las negociaciones oficiales en la Zona Azul, la Zona Verde de la COP29, supervisada por la Presidencia de la COP29, continuó con su programa de eventos públicos el segundo día. El 12 de noviembre se celebró una mesa redonda conjunta sobre sostenibilidad corporativa, organizada por la Compañía Operativa de Azerbaiyán de la COP29 y el Banco Internacional de Azerbaiyán, socio bancario principal de la COP29.
El evento, titulado “Sostenibilidad corporativa y acción climática”, se centró en el papel crucial de las empresas en la mitigación de los impactos del cambio climático y sus esfuerzos por alcanzar los objetivos globales de cero emisiones netas de carbono. Entre los oradores se encontraban Samir Mammadov, representante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; Taleh Tahirli, vicepresidente del consejo de administración y director de transformación de ABB; Kaushik Burman, director ejecutivo de Spiro; Tahir Gozel, presidente de Qarabag FK; y Maria Peres, socia principal de GreenSpace Tech Hub de Deloitte en Brasil y socia de Innovation and Ventures.
Los paneles de discusión destacaron el intercambio y la integración de las mejores prácticas en sostenibilidad, fortaleciendo los esfuerzos para combatir el cambio climático, en particular dada la adopción por parte del sector privado de los principios de sostenibilidad como estrategias comerciales centrales.
Entre los temas tratados se encuentran la transición a una economía con bajas emisiones de carbono, las cadenas de suministro sostenibles y la innovación en tecnologías ecológicas. En el evento se mostraron estrategias y asociaciones exitosas, se alentó a las empresas a integrar la sostenibilidad en sus operaciones y se demostró el poder del sector privado para construir un futuro sostenible.
La Zona Verde, que atrajo un gran interés público durante el segundo día de la conferencia, contó con un rico programa de eventos, entre los que se incluyeron debates sobre el papel de las mujeres jóvenes en la lucha contra la injusticia climática en las comunidades vulnerables; el liderazgo de los jóvenes en materia de biodiversidad y acción climática; el papel de las comunidades locales en la conservación de la biodiversidad; la importancia de la diversidad de perspectivas en la acción climática; y la creación de sinergias entre el clima y la naturaleza. Expertos locales e internacionales participaron en estos eventos, organizados por una variedad de partes interesadas.
COP29
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COMIENZA LA COP29 EN AZERBAIYÁN EN MEDIO DE ALTA TENSIÓN ENTRE LAS PARTES NEGOCIADORAS
El ambiente diplomático en Bakú era crispado, y la previsión es que pocos líderes acudirán a la tradicional cumbre climática de dos días que acompaña las COP.
La conferencia anual sobre el cambio climático (COP29) se abrió este lunes en Bakú (Azerbaiyán) con tensiones negociadoras que retrasaban la aprobación de la agenda, cuyo punto principal es la aprobación de una nueva financiación en favor de los países más vulnerables.
Menos de una semana después de la amplia victoria electoral del republicano Donald Trump en Estados Unidos, el ambiente diplomático en Bakú era crispado, y la previsión es que pocos líderes acudirán a la tradicional cumbre climática de dos días que acompaña las COP.
La gran cita anual del clima, bajo los auspicios de la ONU, se celebra de aquí al viernes 22 de noviembre mientras que el mundo se dirige a batir otro récord de temperatura.
«Nos encaminamos hacia la ruina. Y no se trata de problemas futuros. El cambio climático ya está aquí», alertó en la apertura el presidente de la COP29, el ministro de Ecología de Azerbaiyán, Mujtar Babaiev. «Llegó el momento de la verdad», añadió.
Tras esta introducción, los casi 200 países presentes en Bakú debían aproban su agenda de trabajo, pero las diferencias persistían sobre varios puntos, según fuentes coincidentes.
Y Estados Unidos, el segundo emisor mundial de gases de efecto invernadero, podría volver a abandonar el Acuerdo de París, firmado en 2015, base de todas las negociaciones, como ya hizo Trump durante su primer mandato presidencial (2017-2021).
Declarado escéptico del cambio climático, Trump podría decretar esa salida al asumir el poder en enero, decisión que se formalizaría un año después.
«Quiero decirles que aunque el gobierno federal en Estados Unidos, bajo Donald Trump, puede poner la acción climática en segundo plano, el trabajo continuará, con pasión y compromiso», aseguró el actual enviado especial del clima del gobierno de Joe Biden, John Podesta.
«Estados Unidos es una democracia» que hace menos de una semana eligió a un presidente «cuya relación con el cambio climático está dominada por las palabras ‘fraude’ y ‘combustibles fósiles'», añadió Podesta.
La COP29 debe demostrar que la cooperación mundial «no está en punto muerto», pidió el jefe del organismo de la ONU para el Clima, Simon Stiell.
Meses de negociaciones
La COP29 de Bakú ha sido denominada informalmente la «COP de la financiación», porque debe lidiar con el tema esencial de las ayudas que los países que más contribuyen al problema le deben aportar a las naciones más perjudicadas.
Durante meses los casi 200 países del Acuerdo de París han negociado un borrador de acuerdo para fijar una nueva cantidad de ayuda.
En 2009, en la COP15 de Copenhague, se acordó que los países industrializados entregarían 100.000 millones de dólares anuales, en ayuda directa o préstamos multilaterales. Transición
Ese volumen de ayuda se alcanzó con dos años de retraso, en 2022, y ahora los expertos afirman que se necesita como mínimo una cantidad diez veces superior.
Esa ayuda debe servir tanto para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, particularmente mediante una gigantesca reconversión energética mundial, como en la adaptación, es decir, la construcción de diques, la adaptación de los hogares a las temperaturas extremas…
Una región como América Latina emite menos del 10% de gases de efecto invernadero, pero es una de las que más impacto sufre por el calentamiento del planeta.
El financiamiento de la lucha climática no es «caridad» sino «del interés de todos», insistió Stiell, quien pidió un acuerdo «ambicioso».
Además de la cifra de la ayuda y del calendario, las naciones deben ponerse de acuerdo en quién paga. En 2009, el grupo de países que asumieron los 100.000 millones de dólares eran poco más de 30, y China se quedó afuera.
Ahora la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, quieren que Beijing asuma parte de la factura, lo que se anuncia difícil.
China, el principal emisor de gases, cuenta con su propia agenda de ayuda climática. Y por otro lado domina grandes sectores de la reconversión energética, como los metales raros.
El año pasado, en Dubái, los países lograron arrancar con dificultades una declaración final de la COP28 en la que se asumía, por primera vez, que los países debían emprender una «transición» hacia el fin de las energías fósiles.
Pero la Agencia Internacional de la Energía (AIE) recordó en su último informe anual que el 80% de la energía mundial sigue procediendo de esas fuentes (carbón, petróleo, gas).
Fuente/Emol
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COP16 DE BIODIVERSIDAD FINALIZA CON ACUERDOS HISTÓRICOS EN PROTECCIÓN DE LOS OCÉANOS.
La Conferencia de las Partes del Convenio Sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) finalizó el sábado en Cali, Colombia, tras la última plenaria que se extendió por casi 24 horas y dónde además se acordó crear un fondo multilateral para distribuir los beneficios económicos por el uso de la información digital de secuencias sobre recursos genéticos.
Tras una última plenaria que se extendió hasta el sábado, con casi 24 horas de discusión para cerrar los últimos acuerdos que quedaban sobre la mesa, el sábado finalizó la COP16 de Biodiversidad, realizada en Cali, Colombia.
Y lo hizo alcanzando valiosos acuerdos, como la creación – tras ocho años de negociaciones- de un marco para identificar y actualizar las áreas oceánicas cruciales para la salud de los océanos, una decisión ligada a las Áreas Marinas Ecológicamente o Biológicamente Significativas (EBSA, por sus siglas en inglés) y que son definidas por la CBD como zonas del océano donde “de un modo u otro se cumplen funciones importantes, con un significado ecológico y biológico claves para el buen funcionamiento de los océanos y los numerosos servicios ecosistémicos que prestan”.
El acuerdo –seguido de cerca por la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en su rol de Champion para temas de biodiversidad marina- fijó a las EBSAs ya estudiadas como base científica para las medidas de conservación, restauración y gestión de los ecosistemas marinos que se esperan generar, una acción clave para cumplir con la Meta 30×30.
Pero también se cerraron otras negociaciones de último momento, como la creación del “Fondo Cali”, que distribuirá los beneficios económicos que se obtienen del uso de información digital de secuencias sobre recursos genéticos (DSI, por sus siglas en inglés), que son las secuencias de ADN de un ser vivo y que permiten entender, por ejemplo, por qué una especie puede vivir en un ambiente extremo. De esta discusión, la ministra Maisa Rojas fue facilitadora en la pasada COP15, pavimentando el camino para lo que en Cali se alcanzó.
Otra histórica negociación que durante años han levantado los pueblos indígenas y que en esta COP fue priorizada por la presidencia fue la creación de un órgano subsidiario del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) para implementar el artículo 8j sobre conservación de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales. En esta misma línea, también se alcanzó el reconocimiento de los afrodescendientes como protectores de la biodiversidad.
La histórica inclusión fue una negociación priorizada por la presidencia de la COP, por lo que su éxito fue aplaudido por todo el plenario. Ahora, las comunidades locales y los pueblos indígenas serán un grupo de trabajo permanente en las negociaciones del Convenio y, además, serán asesores de la Secretaría, tal como los órganos de Implementación y el de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico.
Chile en la COP16
La ministra Rojas fue designada Champion de esta COP para destrabar las negociaciones sobre biodiversidad marina, costera e insular. En ese rol, la secretaria de Estado apoyó en las discusiones sobre EBSAS y Biodiversidad Marina Costera.
Además, la ministra Rojas continuó impulsando a los países a adherir al Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), que requiere la ratificación de 60 países para que entre en vigor: ya van 16. Lo hizo anunciando la iniciativa First Movers, que lidera Chile y está integrada por Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Nigeria, Palau y Seychelles.
“Es una carrera que hay que ganar. Sin este tratado no tenemos cómo proteger la alta mar, porque este instrumento brindará gobernanza en estas áreas. Necesitamos que entre en vigor rápidamente y eso fue lo que enfatizamos sobremanera en esta COP», enfatizó.
Durante esta COP16, Chile también presentó sus avances en materia de restauración de ecosistemas, el enfoque de género y de derechos humanos en los temas de protección de la biodiversidad y la valorización de ésta para el sector financiero, además de los avances en la instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo clave para el cumplimiento del Marco Global de Biodiversidad de Kumming-Montreal.
Una de las propuestas que generó interés en la COP fue el Compromiso por la Conservación de los Hongos, un innovador acuerdo presentado junto al Reino Unido y la Fundación Fungi, que busca posicionar a los hongos como un reino biológico independiente en las legislaciones y políticas públicas, priorizándolos dentro de los acuerdos multilaterales de biodiversidad, además de destacar el rol que cumplen para el funcionamiento de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático y del que Colombia, México, Costa Rica, Perú, Ecuador, España, Benín, Guinea y Camboya ya son parte.
Otro de los avances que presentó Chile en la COP, junto a más de 100 países, fueron sus Metas Nacionales alineadas al Marco Global de Biodiversidad, que se comprometió a cumplir al año 2030. “Nosotros nos comprometimos con 35 Metas Nacionales. Estas 35 metas son parte de nuestra Estrategia Nacional de Biodiversidad actualizada y alineada con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, la cual será sometida a consulta pública durante el año 2025”, enfatiza la secretaria de Estado.
Esta COP fue la más numerosa de todas, registrando una participación total de más de 30.000 personas. Chile, en tanto, contó por primera vez dentro del Convenio de Biodiversidad con su propio pabellón, que albergó 57 eventos, con una amplia participación de expertos nacionales e internacionales y de actores no estatales, el cual contribuyó de manera categórica a generar un espacio real y efectivo de conversación y puntos de encuentros en diferentes materias de conservación y sostenibilidad.
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