Multas ambientales de la SMA se duplicaron en 2015 y el sector minero lidera las sanciones

El año pasado, las sanciones emitidas por el organismo fiscalizador superaron los US$40 millones, mientras en 2014 alcanzaron los US$19 millones y en 2013, US$16 millones. Casi dos de cada tres pesos de multa estuvieron dirigidos a las empresas mineras.

.

.

.

El tercer año de funcionamiento de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) se hizo sentir, sobre todo para las empresas mineras.

Durante los doce meses de 2015, la entidad fiscalizadora inició más de 140 procesos sancionatorios y emitió multas por US$43,9 millones -más de 50.000 UTA- de los cuales más del 60% fueron dirigidas a empresas mineras. Se trata de cifras récord, que dan cuenta del importante aumento en la actividad que está teniendo este organismo, ligado a la nueva institucionalidad ambiental.

Por lo mismo, expertos en la materia aseguran que el crecimiento en los procesos sancionatorios y multas no se relaciona directamente con un peor desempeño ambiental de las empresas, sino más bien con una rigidez de los instrumentos evaluadores y con una mayor atención ciudadana hacia el ejercicio de las compañías.

De esta manera, si en 2013 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) cursó 12 multas por unas 3.444 unidades tributarias anuales (UTA), el año siguiente este monto se quintuplicó con 30 multas por 17.766 UTA. No obstante, el récord se lo lleva 2015 las multas sancionatorias que superaron las 100 por más de 50.000 UTA.

Esto se explica, en parte, por un crecimiento del 30% en los procesos iniciados: durante el año pasado la entidad puso en marcha 142 procesos, 30 más que en 2013 y 70 más de los anotados en 2013.

Por sectores, minería siguió liderando el ranking de sectores más afectos a las multas. Si se toman los datos hasta el 31 de octubre, la minería tenía el 68% de las multas, seguido de lejos por energía (18%) e infraestructura de transporte, con el 5% (ver gráfico).

Dentro de los procesos más connotados estuvo la multa de 14.745 UTA -equivalentes a $7.620 millones aproximadamente- en contra del proyecto minero Caserones ubicado en la Región de Atacama por diversas infracciones, entre ellas, no implementar medidas de mitigación para prevenir la contaminación de aguas subterráneas. Además, multó con 7.361 UTA -equivalentes a $3.842 millones- a Los Bronces de Anglo American Sur, al tiempo que ordenó la clausura del Depósito de Estériles Donoso mientras la minera no implemente una solución definitiva para el manejo de drenajes ácidos.

Durante 2015, también se aplicó una multa de 4.313,3 UTA – $2.226 millones- en contra la minera Pampa Camarones, ubicado en la Región de Arica y Parinacota, por infracciones vinculadas a daño ambiental irreparable sobre patrimonio arqueológico, mal manejo de residuos y no implementación de medidas de mitigación para fauna silvestre.

Las cifras consolidadas de 2015 serán dadas a conocer publicamente el próximo 24 de marzo en la cuenta pública de la SMA. Actualmente, el desempeño del organismo está siendo auditado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), que el próximo 10 de marzo informará si los indicadores internos están correctos.

Razones del alza

Según explicó el ex subsecretario del Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, el crecimiento en las multas no está directamente relacionado por el desempeño ambiental de las empresas, sino que estaría más bien vinculado a una mayor fiscalización del organismo y por los rígidos criterios bajo los cuales las empresas están sometidos.

“La primera conclusión que uno podría obtener es que existen bastantes incumplimientos por parte de las empresas. Efectivamente es posible que así sea. Pero, a la vez, hay problemas que tienen que ver con la forma en que están redactadas las resoluciones de calificación ambiental, algo que hace que muchas veces el cumplimientos de las obligaciones no sea nada fácil por parte de las mismas empresas y que tampoco sea fácil de fiscalizaciones por parte de la SMA”, indicó.

“Hay un problema estructural con la resolución de calificación ambiental, y ese problema es que su flexibilidad o adecuación a lo que son los cambios que naturalmente van teniendo los proyectos es bastante complejo. No existe un mecanismo expreso en la ley que te permita generar una suerte de flexibilidad de la RCA o que ella se vaya modificando a medida que la gestión ambiental vaya cambiando”, agregó.

A su juicio, el hecho de la que la minería lidere las multas cursadas se relaciona con los ejes de trabajo que tiene la SMA.

“Es el sector que es más fiscalizado y eso lo establece la misma SMA a inicios de año en que formula lo que es su programa de fiscalización ambiental. Prácticamente todos los años el sector que ha sido más fiscalizado ha sido el sector minero y obviamente ese análisis tiene que ver con situaciones de mayor riesgo ambiental dentro de las distintas actividades económicas”, comentó.

Este punto no fue compartido por el abogado Cristián Gandarillas del estudio Gandarillas, Montt, Del Río & Krause, quién planteó que una mayor fiscalización para el sector minero tiene directa relación con la atención ciudadana.

Esto ha generado a su vez que la SMA esté “sobrepasada de trabajo”, explicó.

“Les entorpece un poco que sea un organismo público que ha aumentado su trabajo exponencialmente en este último tiempo, y no sé si estén en las óptimas condiciones de poder ejercer toda la labor fiscalizadora que han tenido en el último tiempo”, argumentó.

.

Fuente:Pulso 
www.chiledesarrollosustentable.cl