Número de familias en campamentos crece 41,6% durante últimos cinco años

“Nos cansamos de ser allegados o que no nos alcanzara para arrendar”, dice Guillermo Castro, uno de los voceros del campamento Medialuna de Lampa. Aquí, hoy habitan unas 200 familias, provenientes en su mayoría de la zona norte de Santiago. “No nos queremos quedar en estos terrenos, sabemos que tienen dueños. Queremos una casa propia”, agrega Castro.

Este asentamiento en Lampa es uno de los 88 nuevos campamentos que existen en el país durante los últimos cinco años, según alerta el último informe de Techo Chile. Según este reporte, la cantidad de familias que viven sin acceso regular a agua potable, luz eléctrica o alcantarillado ha crecido en 41,6%, alcanzando a las 38.770 familias (ver infografía). “La cantidad de familias está aumentando. Son dos mil más que hace un año. Y es porque es muy fácil entrar, pero muy difícil encontrar una solución para salir”, afirma Valentina Latorre, directora social de Techo Chile.

Asegura que el fenómeno no sólo tiene que ver con la disponibilidad de viviendas sociales. “También hay otros factores determinantes, como la precarización del empleo, el aumento del costo de la vida, la baja calidad de educación, el poco nivel de instrucción laboral e incluso la violencia intrafamiliar”, explica.

“Basta que se dé una de estas detonantes para que una familia se vaya completa a vivir a un campamento”, agrega. Uno de estos detonantes es la migración. Por este motivo, las regiones del norte, y particularmente Antofagasta, reflejan el mayor aumento de familias y enclaves (ver recuadro).

“Los migrantes son los más vulnerables dentro de la vulnerabilidad de las familias de campamentos, ya que no tienen redes familiares. Algunos ni siquiera hablan el idioma. Y en Antofagasta esto se complejiza por el alto valor y la poca disponibilidad de suelo, que ha impedido el desarrollo de proyectos sociales”, afirma Benito Baranda, presidente de la Fundación América Solidaria (ver entrevista).

Catastro

El programa Campamentos, que lleva adelante la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Vivienda (Minvu), ha focalizado su accionar en base al Mapa Social de Campamentos, un catastro levantado el año 2011 que registra un universo de 657 asentamientos y 27.378 familias. De ellos, el gobierno ha concretado una solución para 233 de estos enclaves, mientras que 5.293 familias han recibido o están proceso de recibir una casa propia.

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Como asegura la ministra Paulina Saball, “la gestión de estos campamentos se ha realizado buscando distintas soluciones. Una es la radicación, cuando se puede obtener la propiedad del terreno, ya sea porque era de Bienes Nacionales, del Serviu o porque fue posible comprarlo a un privado. La otra solución es la relocalización, entregando una solución habitacional en proyectos emplazados en otros lugares, pero también buscando darle un nuevo uso a ese terreno que dejan, para que no sea objeto de una nueva toma”.

La secretaria de Estado valora que la cantidad de campamentos que se forman han bajado respecto de las décadas de 1990 y 2000, cuando se establecieron cerca del 50% de estas ocupaciones. Además, asegura que han existido algunas situaciones que “han generado mayor precariedad habitacional en muchos lugares de país, como el terremoto del 27-F y otros fenómenos como la alta migración en el norte”.

No obstante, según el estudio de Techo, habría cerca de 16 mil familias que no están en el catastro oficial del Minvu, ya sea porque entraron después o porque no fueron contabilizadas por razones metodológicas. De ese modo, estarían fuera de las acciones del gobierno en la materia.

“El Estado tiene la misión de revisar estas cifras y entregar una solución a todas las personas”, agrega la directora de Techo. Y advierte que esta “no es sólo una vivienda. Se debe apostar por una coordinación de diversos ministerios, como Desarrollo Social y Trabajo, para pensar en programas que aborden la problemática de manera conjunta”.

Para el director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno, “el Estado debe proponer una política más agresiva que disponga de un stock de suelo, ya que la poca disponibilidad de terreno y sus altos costos influyen en la cantidad de proyectos que se ofrecen, tanto para las familias que actualmente viven en campamentos como para los que residen bajo la problemática del hacinamiento y/o como allegados”.

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