Rally Dakar: Arqueólogos insisten en Tribunales por «graves daños patrimoniales» y emplazan a nuevo gobierno

Nueva acción legal incorpora argumentos del Convenio 169 de la OIT, que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios en el caso de actividades que los afectan directamente.

Un nuevo recurso de protección -ya acogido a trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago- y el emplazamiento al nuevo gobierno que asumirá en marzo, son las herramientas con las que arqueólogos, ecologistas y representantes de pueblos originarios buscan terminar con los «daños irreparables» que a su juicio ha producido el paso del Rally Dakar por nuestro país.

La competencia -que actualmente desarrolla su sexta versión consecutiva en suelo chileno, tras debutar el año 2009-, ha dañado más de 200 sitios arqueológicos, afirma la abogada y vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos, Paola González.

«Un oficio del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), en diciembre de 2012, denunciaba graves daños patrimoniales en 207 sitios, tras las primeras tres versiones. A eso se sumaron otros 24 sitios el mismo 2012 y 12 más el año 2013», dijo, agregando que las cifras además han sido criticadas por incompletas.

Entre los principales casos denunciados están los daños a antiguos geoglifos, a vestigios de poblados indígenas o las huellas de vehículos que marcaron el Camino del Inca en 2013.

Problema de forma, no de fondo

Con estos antecedentes la fundación «Patrimonio Nuestro» junto al Colegio de Arqueólogos y a la Sociedad Chilena de Arqueología presentaron un recurso el año pasado, el que la semana pasada la Corte Suprema rechazó porque no tenían «legitimación» para presentarla.

«No se pronunciaron sobre el fondo, sobre las responsabilidades, los graves daños ni la necesidad de que el Dakar se evalúe en el sistema de impacto ambiental», reclama González. En definitiva, dice, fue un problema de forma y no de fondo.

Los críticos a la competencia reclaman que en 6 años no se han tomado medidas, pese a que el daño al patrimonio está penado con cárcel y multas. «El Consejo de Defensa del Estado (CDE), que debe actuar en estos casos, no lo hace porque no puede hacerlo contra otro organismo público, en este caso el Instituto Nacional del Deporte», afirma González.

«Así, hay una situación de impunidad que se mantiene hasta hoy y no hay visos de que esto vaya a parar».

De hecho el propio Consejo de Monumentos Nacionales, en un oficio fechado en diciembre de 2012, pedía la intervención del CDE.

Acciones legales

Tras el rechazo en la Suprema, los detractores presentaron un nuevo recurso de protección contra el ministro de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle (como co-organizador) sumando el antecedente del convenio 169 de la OIT, que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios en el caso de actividades que los afectan directamente.

La acción legal ya fue acogida a trámite y en ella se hizo parte también la Mesa de Pueblos Originarios Unidos (POU).

González dice que fue en el primer gobierno de la presidenta electa Michelle Bachelet cuando Chile ratificó este convenio y en esa administración también ingresó el Dakar al país. «En su gobierno se inició esta debacle para los monumentos nacionales chilenos, entonces es momento que se tomen cartas en el asunto y se hagan profundas mejoras, para evitar que esta destrucción siga adelante».

Reúnen más de mil firmas

El director del Museo de Arte Precolombino, Carlos Aldunate, y el presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología (SChA), Mauricio Uribe, también se suman a las críticas.

Hoy la arqueóloga Francisca Fernández -junto a representantes de la SchA- entregó en el Ministerio del Deporte más de mil firmas en contra.

Y señalan que, por ejemplo, Ecuador rechazó ser parte del trazado y Perú se marginó este año precisamente por el rechazo que provoca el daño patrimonial.

Y el 30 de diciembre se presentó un recurso de protección -que aún no se resuelva- para impedir que la meta final de la competencia (programada para el sábado) sea en la Plaza Sotomayor, porque es el núcleo central del área con protección del Patrimonio de la Humanidad decretada por la UNESCO.

ASO: «Rutas se planifican 10 meses antes»

ASO, firma organizadora del Dakar, aseguró que «no se realiza nada sin consultar previamente».
«Las rutas para cada edición comienzan a planificarse 10 meses antes, es decir en marzo. Se comienza a trabajar junto con arqueólogos .Se hace un estudio bien planificado. Todo se revisa cinco veces al año y si hay dudas se vuelven a hacer los estudios. Ese es el protocolo», aseguró una fuente de la organización a ‘La Segunda’, agregando que «todos los estudios están respaldados por el gobierno y son legales».

En su web oficial afirman que «en Argentina, se consulta al Ministerio del Medio Ambiente y cada provincia por donde pasa la competencia. En Bolivia, el Ministerio de Cultura y del Medio Ambiente evaluó y validó las rutas propuestas por la organización y en Chile, los principales interlocutores son el CMN (Consejo de Monumentos Nacionales), el MMA (Ministerio Medio Ambiente) y las instituciones regionales».
por:diarioLaSegunda jueves, 16 de enero de 2014
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