REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS ES DESPACHADA A LEY TRAS 11 AÑOS EN EL CONGRESO

Este miércoles el proyecto llegó a la Cámara Alta a su tercer trámite y fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

Tuvo que pasar más de una década para que el proyecto -ingresado el 17 de marzo de 2011- viera cambios sustantivos al interior del Congreso. Y este miércoles, tras intensos años de debate, finalmente la Sala del Senado aprobó por unanimidad el texto final de la reforma del Código de Aguas. Una iniciativa que la convierte en uno de los proyectos medioambientales más importantes del último tiempo, y que a partir de los próximos días permitirá llevar adelante nuevas normas de regularización en lo que respecta a la industria sanitaria.

Así, el accionar de la Cámara Alta durante esta jornada repitió la misma tónica que se ha mantenido en instancias anteriores de debate -como la discusión en la Comisión Mixta referida al proyecto y la votación en la Cámara de Diputados-, en las cuales se han acordado amplios consensos en torno a distintas controversias como son las afectaciones a los derechos de propiedad originados previo a la ley.

Cabe destacar que a principios de este mes, la Comisión Mixta presidida por la Senadora Adriana Muñoz logró un consenso respecto de los 18 artículos pendientes que, hasta ese entonces, obstaculizaban su avance legislativo. Y este martes la reforma dio un paso clave al haber sido aprobada por la Cámara Baja por 129 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Es decir, prácticamente por unanimidad.

Y ahora, tras el visto bueno por parte del Senado, sólo resta la promulgación por parte del Ejecutivo para la posterior puesta en marcha del proyecto que, bajo la mirada de expertos, responde a las principales inquietudes planteadas por ciertos miembros de la Convención Constitucional: El establecimiento de garantías al consumo humano, y la eliminación del carácter indefinido de los derechos de aprovechamiento.

Durante la instancia en la Sala, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, agradeció particularmente a la Senadora Muñoz y al resto de los integrantes de la Comisión Mixta por lograr acuerdos unánimes.

Además, frente al escenario de sequía sostuvo que «estamos frente a una crisis hídrica que es realmente crítica. La situación en que nos encontramos en materia de agua en los campos y en las ciudades, para la agricultura y el consumo humano (…) realmente no tiene parangón con ninguna otra situación que hayamos vivido históricamente. Y todo indica que esto va a continuar».

Y agregó que «esto que se está aprobando hoy es un cambio enorme en las herramientas que va a disponer el Estado para poder gestionar adecuadamente el agua de aquí en adelante». 

Principales cambios

Una de las principales modificaciones y que refleja gran parte del espíritu del proyecto es el cambio al modelo de concesiones. Pues, a partir de esta ley los derechos de propiedad serán otorgados a un plazo de 30 años, es decir, serán temporales. Y se establece que siempre prevalecerá el uso humano «tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento». 

Asimismo, se fija que tanto los derechos que hayan sido originados previo a esta norma, como aquellos concebidos a posteriori, deberán cumplir con las reglas dictadas de igual manera. Y estarán sujetos a caducidad en caso de comprobarse un uso no efectivo de los recursos, y de la no inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador.

Además, el proyecto amplía la protección de turberas a partir de la prohibición de la construcción de sistemas de drenaje en las zonas identificadas como protegidas por el inventario nacional de humedales del ministerio de Medio Ambiente (MMA). Lo anterior, en la provincia de Chiloé, y en las regiones de Aysén y de Magallanes.

Y por último, el texto dispone de mayores límites a concesionarios mineros respecto del uso de aguas. En cuanto a este punto, el proyecto establece que las aguas que sean halladas deberán ser registradas ante la Dirección General de Aguas (DGA), y su uso no podrá «poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos», lo que deberá ser verificado por la DGA.