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Dura respuesta de HidroAysén a Comité de Ministros: Decisión es «extemporánea, dilatoria y desprolija»
De esta forma, la iniciativa hidroeléctrica que se proyecta en la Undécima Región reaccionó a la determinación del gobierno saliente de solicitar nuevos estudios ambientales para que se zanje -por parte del nuevo gobierno- el futuro de esta mega obra.
Una dura respuesta al gobierno saliente emitió hoy el directorio de HidroAysén tras analizar la resolución del Comité de Ministros que a fines de enero pasado solicitó nuevos estudios para dar luz verde al proyecto. En una carta pública, la directiva de la firma calificó la decisión de la instancia gubernamental de «extemporánea, dilatoria y desprolija» acusándola de «debilitar la institucionalidad ambiental» del país, tras lo cual señaló que evalúa acciones para reencausar todo el proceso.
«Tras dos años y medio de espera, HidroAysén ha sido notificado recién en el día de ayer de la resolución adoptada el pasado jueves 30 de enero por el Comité de Ministros, la que incluye la solicitud de dos nuevos estudios sobre el proyecto. Ello, a pesar de que las materias solicitadas por la autoridad fueron objeto de diversos estudios elaborados por instituciones especializadas, informes que fueron entregados durante la tramitación ambiental que duró más de dos años y revisados por 36 servicios públicos y por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental», dijo la empresa.
Agregó que ese proceso permitió que HidroAysén obtuviera su aprobación ambiental y la Resolución de Calificación Ambiental en mayo de 2011, la que fue «ratificada en su totalidad» por los tribunales y la Corte Suprema, entre 2011 y 2012.
La «decisión y forma de proceder del Comité de Ministros debilita la institucionalidad ambiental, primero, al obviar los plazos que la propia ley establece con precisión, y luego, al imponer estudios extemporáneos», expresó la firma controlada por Endesa y Colbún.
El directorio de Hidroaysén acusó que el Comité de Ministros demoró dos años y medio en analizar 35 reclamaciones, «algo que según la ley debía ocurrir en un lapso de 60 días», para finalmente «esquivar un pronunciamiento». Ante este escenario advirtió que «HidroAysén evalúa las acciones posibles concurrentes a reencauzar (el proceso medioambiental) en su marco legal e institucional»
Tras los nuevos requerimientos solicitados por el Comité de Ministros de la administración de Sebastián Piñera se estima que los estudios respectivos tardarán del orden de un año, con lo cual será la administración de Michelle Bachelet y sus ministros, los que terminen por zanjar cual será el futuro de llevar a cabo la mega obra hidroeléctrica.
Llamado al nuevo gobierno
De esta forma, HidroAysén afirmó que el desarrollo del potencial hidroeléctrico de los ríos del sur de Chile «debe ser materia de una política energética de Estado», en la que participen diversos actores (Poder Ejecutivo, Congreso, organizaciones sociales y medio ambientales y sector privado), de forma de definir los lineamientos «para tender a una matriz energética más sustentable, segura y competitiva que la actual, cuestión que esperamos sea una prioridad de las próximas autoridades».
En sus descargos, HidroAysén señaló que los nuevos estudios solicitados por el actual Comité de Ministros saliente apuntan a aspectos que ya fueron considerados en varios otros estudios entregados por la compañía y autorizados por las diversas instancias a la firma. Específicamente, en el caso de los nuevos estudios solicitados por los Ministros en el ámbito de la hidrología y sobre los modelos hidráulicos, respecto de los cuales el proyecto presentó más de diez informes sobre la materia.
Adicionalmente, el directorio de Hidroaysén descartó la existencia de eventuales efectos nocivos para la población local por la llegada de trabajadores del proyecto a la zona, señalando que el campamento con mayor número de trabajadores estará a más de 80 kilómetros del centro más poblado (Villa O’Higgins) y el campamento más próximo a un centro urbano se emplazará a 35 kilómetros de Cochrane, con un contingente que como máximo llegará a las 2.500 personas y «nunca» a los 5.000 operarios que señalan el propio Consejo de Ministros y quienes se oponen al proyecto.
Fuente:lasegunda.com