Super del Medio Ambiente revela su «eje estratégico»: Empresas que burlan el sistema de evaluación

Juan Carlos Monckeberg dice que instruyó actuar con dureza contra firmas que camuflan sus impactos. Cree que sanciones que impone su nueva institución servirán para «desjudicializar» el sector. Su institución comenzó a someter a proceso de sanción a las empresas contaminantes este año y ya tiene en el banquillo a 50 firmas.

Cree que, lejos de desincentivar la inversión, la consecuencia será una mayor confianza de la ciudadanía y de las propias compañías en las autoridades, lo que provocaría la desjudicialización de los conflictos en su esfera de acción.

«Mientras esté como superintendente del Medio Ambiente me las voy a jugar porque esta institución tenga credibilidad», sentencia Juan Carlos Monckeberg , luego de que «La Segunda Sábado» mostrase una radiografía de las firmas más contaminantes, los procesos de sanción a los que fueron sometidas y los castigos a los que se exponen quienes atropellan la naturaleza con casos tan insólitos, como el de una termoeléctrica que, literalmente, traga lobos marinos (Patache).

En Chile las empresas tienen dos opciones básicas cuando quieren levantar un proyecto: someterlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) o no hacerlo.

El primer caso involucra estudios y compromisos para mitigar y compensar los potenciales daños; mientras que el segundo se debe usar sólo cuando los impactos son menores.

Pero, según Monckeberg, existe una tercera posibilidad: dar curso a una iniciativa contaminante, camuflándola para aparentar que no lo es y así no someterla al SEIA, ahorrándose tiempo, dinero y la fiscalización de la recién creada Superintendencia.

Claro que de quedar al descubierto un atrevimiento así podría costar caro… hasta 10 mil UTA en los casos más extremos ($ 4.863.360.000).

¿Cómo abordan el tema de la elusión del SEIA?

Es eje estratégico. Tenemos atribuciones potentes en ese sentido, como requerir que ingresen… Siempre que detectamos antecedentes de elusión, ese proyecto tiene prioridad número uno para nosotros.

Así comenta el caso de la hidroeléctrica «ecológica» de Huilo Huilo, que está parada a la espera de recibir su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que la autorice para funcionar, so pena de clausura definitiva.

«Cuando creemos que un proyecto debe ingresar al sistema y no lo hace tratamos de entrar con toda la fuerza que nos entrega la ley», sentencia.

¿Cuál es la realidad hoy?

Hay una serie de proyectos que al no entrar al sistema no quedan mapeados en ningún lugar, no sabemos cuántos son, dónde están, ni qué impactos generan. Son casos complejos, donde hay opiniones jurídicas diversas, como el proyecto Santiago Downtown (complejo de edificios al lado de Torre Entel), donde daremos peleas en tribunales si nos llevan hasta allá. La idea es obligarlos a entrar al sistema, porque es muy grave que proyectos que deben tener permiso decidan no tenerlo.

Respecto de las prioridades que vienen, Monckeberg adelanta que «debiera ponerse énfasis a otros instrumentos, como la norma de calidad primaria y secundaria (ruido, calidad del aire y otras)».

Con ello se refiere a fiscalizar, por ejemplo, a Redes de Monitoreo de las Seremis de Medio Ambiente y Salud, responsables de las mediciones de contaminación de Santiago, Temuco y, próximamente, Rancagua.

¿Podría entrar con sus fiscalizadores en las instalaciones de monitoreo?

Sí y también tenemos un departamento de normalización y acreditación de laboratorios que hacen mediciones para las empresas. La idea es que nos reporten información fidedigna y estandarizada. Todos los laboratorios se tienen que acreditar ante la Superintendencia… Si se detecta que emitieron información falsa, entonces se los sancionará directamente y se les quitará la acreditación. Se quedarán sin mercado para suministrar sus servicios.

«Esperaría que la judicialización disminuyera»

Proyectos estratégicos en áreas como energía han sido paralizados por fallos de las cortes de justicia e incluso uno por un llamado directo del Presidente Piñera. El superintendente del Medio Ambiente cree que ese tipo de intervenciones extremas debiesen disminuir, a medida que se compruebe que su organismo funciona y que se transforma en un arma de disuasión importante para las empresas que atropellan sus obligaciones con la naturaleza y las personas.

Con el debut de la Superintendencia, ¿debiesen desjudicializarse los conflictos medioambientales?

Creo que sí, y en esto no estamos solos. En la medida en que el Servicio de Evaluación Ambiental evalúe bien los proyectos que se realizarán (para que imponga condiciones de funcionamiento adecuadas) y que nosotros sancionemos cuando no se cumpla, esperaría que se genere credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones y que la judicialización disminuyera… Entiendo que haya escépticos. En ese sentido explica que cuando en 1997 debutaron las Resoluciones de Calificación Ambiental, no había en Chile experiencia para evaluar un proyecto e imponerle exigencias. «Los permisos que se entregaban en 2000 son absolutamente distintos a los que se entregan hoy. Hay una evolución tremenda, entonces puede ser que el permiso (antiguo) no sea muy exigente», agrega.

En ese sentido revela que se produjeron vacíos que hoy son motivo de conflictos, como que en la RCA se establecía una condición para dar un permiso, pero no se ponía fecha para concretarla, por lo que tras más de una década de funcionamiento, hoy hay empresas que todavía no cumplen con lo pactado.

¿Le parece que un proyecto cumpla con una condición el último año de su vida útil?

No me parece sensato. Las medidas tienen su oportunidad y tienen su origen en mitigar los impactos. Si un proyecto se compromete a un filtro de manga, a relocalizar especies o un grupo humano, no me parece muy razonable que lo dejen para última hora, aprovechando un error o una falta de experiencia de los inicios.

Fuente:diariolasegunda

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