“TENEMOS QUE SACARNOS DE LA CABEZA EL PARADIGMA DE QUE EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE SE CONTRAPONE CON EL DESARROLLO ECONÓMICO”.

Luego que el Presidente Gabriel Boric firmara el mensaje para la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, considerado pionero en materia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, la ministra de Medio Ambiente comenta acerca de la importancia de este pacto. «Esta es una deuda que teníamos con nosotros mismos como país y con el trabajo que se ha impulsado junto a diferentes organizaciones sociales», dice.

La mañana de este viernes, 18 de marzo, a una semana de haber asumido el gobierno, Gabriel Boric firmó el mensaje presidencial para la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, una de sus promesas de campaña en materia de medioambiente.

“Hoy día estamos aquí avanzando con el acuerdo de Escazú, mañana lo haremos por el reencuentro entre los pueblos que habitan nuestro territorio, por las pensiones dignas”, sostuvo el mandatario en La Moneda. Ahora el Congreso debe aprobar la adhesión de Chile al Acuerdo.

Promovido en su génesis por Costa Rica y Chile, el pacto -considerado pionero en materia ambiental- busca mejorar el acceso a la información, a la justicia y la participación pública en temas medioambientales en países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, en septiembre de 2018 la entonces ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció la postergación de la firma.

Dos años después, en septiembre de 2020, el Ejecutivo ratificó la decisión de no adherir al pacto. Explicitó cuatro razones para ello: que el acuerdo introducía una serie de principios no definidos que condicionarán la legislación ambiental; que implicaría cambios en la legislación que generarían incertidumbre jurídica; que introducía obligaciones para el Estado “ambiguas, amplias e indefinidas” que dificultaban su cumplimiento y, además, que exponía a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y su “carácter ambiguo”.

La medida fue duramente criticada por distintas organizaciones sociales y parlamentarios, particularmente por el entonces presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Félix González (Partido Ecologista), quien planteó que el gobierno de Sebastián Piñera optaba por “defender al empresariado”.

Ahora, tras la firma del mensaje presidencial, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, comentó a The Clinic sobre la importancia de unirse a este pacto y ahondó en otras materias, como Dominga. “La arremetida de conflictos socioambientales es un síntoma de que algunos proyectos no han seguido el camino correcto en cuanto a participación y acceso a la información y responde, precisamente, según mi punto de vista, a la necesidad de ser parte de Escazú”, sostuvo.

– ¿Qué significa para Chile, que en algún momento fue el principal impulsor del Acuerdo de Escazú, finalmente adherir a este?

Esta es una deuda que teníamos con nosotros mismos como país y con el trabajo que se ha impulsado junto a diferentes organizaciones sociales. Estamos saldando una deuda con un trabajo que nosotros mismos impulsamos. Adherir a Escazú es darle el curso natural al trabajo que ha liderado el mismo ministerio del Medio Ambiente para garantizar el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río sobre democracia ambiental.

“El Acuerdo de Escazú garantiza tres derechos fundamentales: el acceso a la información, el acceso a la participación y el acceso a la justicia. Estos tres derechos van a facilitar que las decisiones que se tomen tengan la mejor evidencia posible, lo que permite una mejor implementación del cuidado de la naturaleza, que es el mandato que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, y del derecho humano de vivir en un ambiente sano. En particular, esto también está completamente alineado con cómo se toman las decisiones en torno al Acuerdo de París para enfrentar la crisis del cambio climático, por lo que conversa con los lineamientos internacionales que señalan que, para enfrentar estos problemas complejos, como la crisis climática, la de biodiversidad y la social, se requiere de la garantía activa de los tres derechos mencionados”.

– Con esta adhesión, ¿cómo llegamos, como país, a la próxima COP, que se realiza en abril?

Para entonces todavía no vamos a ser parte del acuerdo, por lo que las conversaciones están orientadas a que Chile va a participar como un invitado especial, porque esa conferencia se va a realizar en la ciudad de Santiago. Hay simbólicamente un valor especial de esta COP, ya que da conclusión a un trabajo que quedó truncado los últimos cuatro años.

– En muchos casos, cuando se habla de medioambiente, hay preocupaciones desde ciertas industrias o polos económicos. Sin embargo, esta semana la OCDE planteó que el Acuerdo de Escazú generaría un clima de inversiones sostenibles. ¿Cómo lo ve usted estos procesos y cruces entre la economía y el medio ambiente?

Creo que tenemos que sacarnos de la cabeza el paradigma de que el cuidado del medioambiente se contrapone con el desarrollo económico. Es una falsa dicotomía, muy del siglo XX; eso es el pasado. Tenemos la convicción de que el desarrollo económico no es desarrollo sin el cuidado del medioambiente.

– A lo largo de los últimos años, Chile ha firmado y ratificado una serie de acuerdos ambientales. ¿Cómo pretenden hacer -en la práctica- para que este realmente se lleve a práctica y garantice no solo la protección del medioambiente, sino también de activistas y comunidades?

Después de esta firma y adhesión, lo que corresponde es hacer un análisis de las brechas que tenemos en Chile para el cumplimiento de Escazú. Con eso, implementar un plan de acción para subsanar estas brechas que identifiquemos. Ese es el trabajo concreto que se viene durante este año. Muchas de esas brechas no son sólo legislativas, sino que muchos de los cambios requieren de voluntad política para mejorar las prácticas y procesos de la institucionalidad ambiental, y estaremos dedicándonos a analizarlas para su mejora.

– Sin embargo, la defensa del medioambiente se encuentra con muchas trabas en su camino. Vemos que incluso en el pleno de la Convención solo se aprobó en particular un párrafo de los 40 artículos de la Comisión del Medioambiente. ¿Cómo ve usted este proceso?

Estamos muy atentos y con mucho interés siguiendo la Convención, porque cualquier cambio constitucional, o aquello que quede escrito, nos va a tocar implementarlo como Ministerio. Creo que no hay que sacar conclusiones tan tempranamente. Lo que sí es importante señalar es que valoramos el énfasis y la intención que se ve de que sea una Constitución Ecológica.

– Hoy hay una serie de temas medioambientales dando vuelta, y que implica una clara disyuntiva entre apoyar a grandes proyectos o respaldar a comunidades que los rechazan. ¿Cuál es su postura, por ejemplo, frente al proyecto Dominga? ¿Cómo pretende, desde el ministerio, actuar ante iniciativas como esta que generan tanta división?

Existe una institucionalidad que debe ser respetada. A mí, como ministra, no me corresponde comentar sobre ningún proyecto de inversión en particular, dado que presido el Comité de Ministros y mi rol es pronunciarme precisamente en esa instancia. Como señalé, existe una falsa dicotomía entre el cuidado del medioambiente y el desarrollo económico. La arremetida de conflictos socioambientales es un síntoma de que algunos proyectos no han seguido el camino correcto en cuanto a participación y acceso a la información y responde, precisamente, según mi punto de vista, a la necesidad de ser parte de Escazú, dado que se basa en los principios de participación, justicia ambiental y acceso a la información, con lo que se respalda la legitimidad en la toma de decisiones.

– En los últimos días ha hecho eco en redes sociales los rayados, ruidos y basura de turistas chilenos en diferentes parques nacionales, en un país donde el patrimonio natural es clave para el turismo. ¿Qué medidas piensa tomar al respecto? ¿Es una preocupación del Ministerio?

Sí lo es, por lo mismo empujamos con fuerza el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). El SBAP sería un servicio público enfocado en la protección de la naturaleza, orientado a resolver la dispersión institucional de la administración de parques nacionales, reservas y santuarios y dedicado a enfrentar la gran crisis de pérdida de biodiversidad en todo el país y a mejorar el financiamiento del sistema de áreas protegidas. La conservación y gestión de nuestra biodiversidad y sus áreas protegidas son una inversión estratégica para el país que generará un mayor bienestar y calidad de vida para sus habitantes: potenciará el desarrollo de turismo sustentable y será un motor de desarrollo e integración regional.