PLAN BUSCA RESGUARDAR ECOSISTEMAS EN CERROS DE 30 COMUNAS DE LA ZONA CENTRAL

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Más del 63% del territorio chileno es montañoso, según un estudio realizado por la Organización de Naciones Unidas. Esta alta proporción equivale a 477.670 hectáreas de terrenos emplazados en altura, que convierten al país en el cuarto con mayor superficie de montaña del continente, tras Perú, Bolivia y Argentina.Pese a esta evidencia, Chile vive como si no estuviera inserto entre montañas. Una muestra contundente de ello la da la actual normativa territorial: el país es uno de los pocos de Sudamérica sin una legislación clara y bien articulada para proteger los ecosistemas de montaña.Esta situación ha permitido que en los valiosos cerros y cordones montañosos de todo el país proliferen faenas mineras, predios agrícolas, actividades turísticas e inmobiliarias que, en algunos casos, han deteriorado irreversiblemente especies de flora y fauna en extinción, como el sapo espinoso, la avellanita, el roble de Santiago, el belloto del norte o animales que empiezan a escasear en la precordillera, como pumas y guanacos.

“Los ecosistemas de montaña son frágiles, porque son territorios con un suelo muy delgado, en pendientes fuertes. Por eso son muy lábiles a fenómenos de precipitaciones intensas o la actividad sísmica, lo que produce deslizamientos o aluviones. Son además territorios muy dinámicos, acumuladores de agua, que prestan servicio a las actividades que se realizan en los valles. Por todo ello, son muy relevantes”, explica Jaime Rovira, jefe de la unidad de ecosistema y planificación del territorio del Ministerio de Medio Ambiente.

Por todo ello, a partir de este año se buscará revertir la desprotección normativa que viven los cerros y dotarlos de un plan para resguardarlos. La estrategia durará inicialmente cinco años y tendrá un costo de US$ 24,6 millones (US$ 19 millones aportados por el Gobierno, municipios y empresas privadas como los centros de esquí; además de otros US$ 5,6 millones entregados por el fondo global para el medio ambiente).

Consiste en la protección de 1,2 millones de hectáreas de territorio, distribuidas en todos los cerros ubicados en 30 comunas de la Región Metropolitana (entre ellas, Vitacura, La Reina, Las Condes, La Florida, San Bernardo y Peñalolén) y Valparaíso (San Antonio, Santo Domingo, Casablanca, Olmué, Quilpué y Cartagena).

“Se escogió a esos territorios porque tienen biodiversidad de alto valor en sus montañas, las que están expuestas además a las actividades de casi la mitad de la población del país”, señala el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier.

En los terrenos donde se iniciará el plan -en fase piloto- se creará un nuevo sistema de planificación, que designará nuevos usos de suelo. Con ese instrumento, los municipios podrán crear ordenanzas ambientales que restringirán nuevas actividades productivas o inmobiliarias, por ejemplo, que puedan poner en riesgo los ecosistemas respectivos.

Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación Parque Cordillera -que agrupa a siete municipios con montaña de la región- llamó a tener “algún espacio de participación y que nos inviten a aportar por nuestro conocimiento en un tema en el que llevamos 20 años trabajando”.

“Distrito” especial

Una vez que las medidas aplicadas se evalúen al término de los cinco años, se formulará un plan para extenderlas a todas las comunas con cerros o montañas del país.

La estrategia incluirá también un nuevo sistema de fiscalización y seguimiento de la flora y fauna y se creará una inédita figura denominada “Distrito de conservación de suelos, aguas y bosques”. Con ella, se apuntará a la recuperación de territorios afectados por la degradación de suelos con planes de manejo que permitirán entregar financiamiento a privados afectados.

POBLACIÓN

Según la ONU, en Chile casi 3,6 millones de personas (21,7% del total) viven en zonas de precordillera o cordillera. Cerros isla incluidos

La iniciativa también incluye a los 26 cerros isla que están en riesgo de perder su protección como espacios públicos, por la ley que genera su desafectación progresiva.

La ley buscaba que los terrenos que tenían un gravamen para ser utilizados como futuras calles o áreas verdes se materializaran como tales. Para ello les puso un plazo perentorio, que ha ido venciéndose desde 2010 y termina de caducar en febrero de 2015. Para revertir esta situación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está tramitando una ley de afectaciones, que devolverá el carácter público de estos terrenos, y buscará compensar a particulares afectados por tener una propiedad donde cruza uno de estos suelos reservados para futuras ampliaciones, calles nuevas y parques.

 Fuente/diario.elmercurio
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