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Tribunal Ambiental decide que CEA de Coquimbo deberá volver a revisar proyecto Dominga

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El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, resolvió acoger el recurso de reclamación presentado por la empresa Andes Iron en contra de la decisión del Comité de Ministros que en agosto rechazó el permiso ambiental del proyecto minero portuario Dominga, y decidió que la instancia previa que negó dicha aprobación, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, vuelva a revisarlo.


El fallo ordena “retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación, de manera tal que se proceda en una nueva votación – esta vez ajustada a derecho- de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo”.

 Según la empresa, propiedad de las familias Délano y Garcés, la resolución tomada en agosto por el Comité de Ministros – y que dio origen a un conflicto al interior del gobierno que terminó con la inédita renuncia del equipo económico de la administración de Michelle Bachelet: los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, de Economía, Luis Felipe Céspedes y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco – tuvo vicios en su proceso.

El Tribunal Ambiental tenía tres opciones, rechazar el recurso o, en el caso que aceptara la tesis de que hubo vicios en el proceso, retrotraer la iniciativa a una etapa anterior de su tramitación ambiental la que podía ser marzo de 2017, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Coquimbo rechazó el permiso ambiental del proyecto, o a agosto de 2017, cuando el Comité de Ministros tomó la misma decisión.

 El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto por US$2.500 millones y que considera el desarrollo de una mina de hierro y cobre además de un puerto que se emplazarían en la comuna de la Higuera, en la Cuarta Región, fue presentado a evaluación en septiembre de 2013.

Tras un largo proceso de tramitación el CEA de Coquimbo, presidido por el intendente e integrado por los seremis regionales  que participan de la instancia, decidió rechazar la iniciativa en una polémica votación, ya que previamente el Servicio de Evaluación Ambiental regional había recomendado aprobar el proyecto.

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