Valentina Durán y la gestión ambiental basada en la equidad

Asistió al primer curso de Derecho Ambiental que se dictó en el país en 1994, en las salas de la Universidad de Chile, y ahora es docente de esta cátedra.  Su primer trabajo como abogada ambientalista lo hizo en la Conama, y hoy es socia de un estudios de abogadas que se dedicada a temas de sustentabilidad, y presidenta de una consultora dedicada al mismo tema. Este año integró la Comisión de Medioambiente del Comando de Michelle Bachelet, y acá hace una revisión a los resultados de ésta, que terminaron en el programa presidencial de la candidata de la Nueva Mayoría.

¿De qué se trata la idea de tener una gestión ambiental basada en la equidad?

La desigualdad en todas sus expresiones es una gran fuente de descontento social y su combate ha sido un eje muy importante en el discurso y motivaciones de Michelle Bachelet. Y la desigualdad también se expresa cuando hablamos de medioambiente. Está ampliamente demostrado y todos podemos apreciar cómo el deterioro ambiental y la contaminación afectan directamente y con mayor gravedad a la calidad de vida y la salud de la población más vulnerable. ¿Quiénes? Los más pobres, los niños, los ancianos que sufren cada invierno con los episodios críticos de calidad del aire, los pequeños agricultores, productores y pescadores cuya subsistencia depende de la calidad de los elementos del medio ambiente y de la disponibilidad de los recursos naturales, los trabajadores informales que se exponen a riesgos.  Esta desigualdad brutal, además de ser injusta, genera un clima de inestabilidad que dificulta la inversión.

Michelle Bachelet ha dicho que el desarrollo no es verdadero si no es inclusivo y sustentable y esto significa no sólo que debemos equilibrar el crecimiento económico y la protección ambiental, sino también, hacerlo con equidad social, con las generaciones presentes y también con las futuras.

En concreto, una gestión ambiental basada en la equidad o en la justicia ambiental quiere decir privilegiar el diálogo entre todos los sectores, reduciendo las asimetrías existentes, y nivelando la cancha. La experiencia nos muestra que lo barato cuesta caro en todo sentido.

Tres medidas concretas ilustran esta gestión ambiental basada en la equidad: (1) Se establecerán nuevos mecanismos institucionales y recursos para dar orientación efectiva, mediación y defensa ambiental ciudadana, que facilite la solución de problemas ambientales locales. (2) Además, para aquellas comunidades potencialmente afectadas por un proyecto sometido a evaluación ambiental, se diseñará una  instancia de apoyo técnico para analizar y entender las  implicancias de la eventual instalación de esa actividad, y para facilitar una participación informada en la evaluación ambiental. (3) En cuanto a pasivos ambientales, el impulso a un plan nacional de gestión de situaciones graves de contaminación existente, con la más amplia participación y un plan integral para disminuir, hasta erradicar, la grave exposición a sustancias y pesticidas tóxicos que existan en aquellos territorios de grave exposición o con graves efectos heredados.

¿Cuáles tienen que ser las primeras medidas para que el Estado ejecute una mejor y más equitativa política ambiental?

En su anterior gobierno, Michelle Bachelet logró sacar adelante en un tiempo récord, la ley que reformó la institucionalidad ambiental, creando por primera vez un Ministerio del Medio Ambiente, separándolo del nuevo Servicio de Evaluación Ambiental, y, muy importante, creando la Superintendencia del Medio Ambiente que se dedica exclusivamente a la fiscalización ambiental orientada a lograr el mayor cumplimiento ambiental. También presentó el proyecto de creación de los Tribunales Ambientales que se aprobó durante este gobierno.

Esta reforma del 2010 requiere ser profundizada y completada,  dándole mayores recursos a las instituciones creadas. Además hay dos áreas que son de la mayor urgencia y que inspiran las medidas de los 100 primeros días en la gestión ambiental.

Primero: Recorriendo el país la ex presidenta ha quedado alarmada por los graves problemas de calidad del aire en Santiago y en regiones. Al menos 10 millones de personas están expuestas a una concentración promedio anual de MP 2,5 superior a la norma. Más de 4000 personas mueren prematuramente al año por enfermedades cardiopulmonares asociadas a la exposición crónica a MP 2,5, que es el contaminante más dañino. Existe un porcentaje significativo de comunas que no cumplen la normativa vigente.

Por ello el compromiso es que en los primeros 100 días se iniciará el proceso de renovación de los planes de prevención y descontaminación en aquellos casos más urgentes, para incorporar las medidas más efectivas según las mejores tecnologías y prácticas hoy disponibles, para publicarlos dentro los dos primeros años.

Segundo: Y hay una pata coja que es la Biodiversidad. La reforma preveía que el enero de 2011 el gobierno tenía que presentar un proyecto de ley que creaba el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En marzo de 2011 se presentó ese proyecto de ley, pero su tramitación, tras casi tres años, sigue detenida.

Por eso en los 100 primeros días Michelle Bachelet impulsará en el Congreso la creación de un Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas dotado de herramientas para conocer, valorar, proteger y restaurar la biodiversidad a lo largo del país, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

El impacto del fenómeno del calentamiento global en el mundo va en constante aumento, ¿cuál es la situación de Chile, y con qué tipo de políticas publicas se enfrenta el problema?

El cambio climático, reconocido como el mayor problema ambiental global, tiene también un grave impacto nacional. Somos altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, que impacta y amenaza cada día más a la biodiversidad, paisaje, y a la vida diaria de los chilenos. Se predice que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) continuarán aumentando en forma significativa, siendo el consumo de energía en el país, el que más aporta a estas emisiones.

Debemos configurar nuestra gestión ambiental en forma coherente con la importancia del desafío que implica el fenómeno del cambio climático. Hemos propuesto que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad pase a denominarse “Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático”. Este órgano debe elaborar, con la máxima celeridad posible, un nuevo plan nacional de cambio climático con una visión transversal e integrada, en adaptación, mitigación de impactos y creación de capacidades, orientando las medidas adoptadas hacia una economía baja en carbono que beneficiarán doblemente a Chile: aportarán tanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como a la calidad del aire que respiramos en Chile y a la calidad de vida de los chilenos.

La meta mínima es cumplir el compromiso de emisiones de gases de efecto invernadero, asumido por Michelle Bachelet en nombre de Chile el 2009 en la XV Conferencia de las Partes de Cambio Climático, de reducción de emisiones en un 20% al 2020 sobre la línea de base del año 2007.

Ésta es una tarea de Estado y se recogerá todo lo avanzado hasta ahora para avanzar con paso decidido porque tenemos que llegar al 2015 con un compromiso vinculante que ofrecer al mundo en la Conferencia de las Partes que se celebrará en París, y ser capaces de cumplirlo.

¿Cuál es la evaluación que haces sobre el uso y el respeto que le da el mundo público y privado a nuestros recursos naturales; y específicamente al agua? ¿Cuáles deben ser los lineamientos de las políticas sobre el uso de este elemento?

Nuestra economía se ha basado en la extracción y uso de nuestros recursos naturales.  Pero estamos frente a un modelo que se agotó. En cuanto al mercado de los derechos de aguas, el resultado es que ni siquiera el Estado sabe bien cuales ni cuántos son, no se resguarda nuestro patrimonio ambiental, el mundo rural no tiene suficiente acceso al agua, y tenemos acuíferos sobre explotados de manera dramática y en definitiva no se aseguran los usos sociales del agua. La institucionalidad pública en este ámbito es insuficiente y no efectiva para cumplir los roles fundamentales de planificación, normativo, de fomento, diseño de política, regulación y fiscalización.

El Estado tiene que asumir su responsabilidad para que aprovechemos nuestros recursos en forma adecuada y sustentable. Y en esto la reforma política y la nueva Constitución son fundamentales. En cuanto a las aguas, estamos frente a un modelo que se agotó, y el cambio climático nos anuncia que la escasez hídrica que hoy enfrentamos no hará más que aumentar. ¿Cómo les explicaremos a nuestros nietos que no hicimos nada frente a esto?

Por eso las medidas van desde la Nueva Constitución, hasta acciones urgentes a iniciar en los 100 primeros días de gobierno. En una nueva Constitución, junto con el derecho de propiedad y la libre iniciativa económica, el Estado deberá tener el dominio pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos y mineros y derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales. De un punto de vista jurídico, la Nueva Constitución deberá reconocer las aguas como bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares. La ley debe poder reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas para asegurar la disponibilidad, calidad, seguridad y continuidad del recurso hídrico para todas las personas y usos. Hoy tenemos acuíferos agotados, como en Copiapó, donde estuve recientemente en un foro, y situaciones graves en todo el país, que arriesgan severamente nuestra seguridad y sustentabilidad.

Entre las medidas más inmediatas, hay un compromiso para los primeros 100 días de Gobierno, de nombrar un Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, con dedicación exclusiva, a fin de identificar y avanzar en soluciones a la escasez de agua en el país. Existen a lo largo del programa otras medidas, como las Mesas Territoriales del Agua, para realizar los diagnósticos y adoptar las medidas necesarias tanto a nivel nacional como en cada cuenca.

Las ciudades chilenas sufren cada día más por los efectos de la contaminación, ¿cómo se avanza hacia una mayor fiscalización y una normativa menos vulnerable? Ya sea en ruidos, residuos, olores, etc.

Además de los problemas con la calidad del aire, tenemos que diversos estudios han analizado la presencia de sitios con suelos contaminados en distintas zonas del país, sin embargo, existe insuficiente información sobre este riesgo generado por distintas industrias y actividades a lo largo de nuestra historia. Adicionalmente, un 64%, de los suelos disponibles presentan erosión. Generamos 17 millones de toneladas anuales de residuos municipales e industriales. Más del 60% se disponen en rellenos sanitarios cumpliendo la reglamentación vigente, 20% en vertederos que cumplen estándares de los años 80, y el restante 20% se dispone aún en basurales o vertederos ilegales. Estamos expuestos a niveles de ruido que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

La creación de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tuvo detractores que no querían un organismo con facultades robustas capaz de ingresar a un establecimiento, detener o clausurar una actividad contaminante o imponer multas disuasivas. Pero afortunadamente Michelle Bachelet sacó adelante esta iniciativa, en línea de las recomendaciones de la OCDE, y hoy la SMA tiene todas las facultades necesarias y sólo requiere de mayores recursos, autonomía y presencia nacional completa para poder desplegar una estrategia de fiscalización que promueva el cumplimiento ambiental que es fundamental en un estado de derecho. La fiscalización responde a diseños de política para que idealmente los regulados reciban las señales suficientes de que más vale cumplir que esperar a ser sorprendido. En mi actividad privada constato todos los días el efecto que tuvo esta nueva institucionalidad. Hoy todos, algunos más y otros menos, están preocupados y ocupados viendo cómo cumplir o regularizar sus situaciones. Porque los riesgos de sanciones y de imagen son altos.

Y si lo relacionamos con la calidad de vida, la mayor parte de las denuncias que recibe la SMA se refieren a ruidos y olores, por lo tanto, esto debe tener una reacción tanto en términos de coordinar y mejorar la fiscalización, para lograr mejores niveles de cumplimiento, como para completar la normativa, aún insuficiente especialmente en materia de olores. También en términos de equidad, es importante que  la SMA se concentre en aquellas zonas más afectadas por cargas ambientales.

¿Cómo es posible que la contaminación de Santiago no sea una discusión política de primera línea?

Cada invierno la contaminación atmosférica se transforma en un tema de primera línea y probablemente el invierno de 2014 no será la excepción. Los costos en términos de muertes prematuras y atención de salud son enormes. Hemos avanzado, pero las soluciones son caras y requieren de la mayor decisión y coordinación, poniendo por delante la salud de las personas. Es importante que la autoridad entregue información completa, transparente y fidedigna sobre las concentraciones de contaminación, las fuentes y los episodios críticos, que se decreten a la brevedad las zonas latentes y saturadas, que se actualicen las normas y que se renueven los planes de prevención y descontaminación, no sólo en Santiago sino en el resto del país.

Necesitamos avanzar hacia planes efectivos incorporando nuevas medidas estructurales para enfrentar la contaminación, sobre la base de lo que nos dicen los estudios y la ciencia. Hoy los combustibles que más nos afectan son también los más baratos: la leña y el diésel. La leña, usada en el 5% de los hogares de Santiago, aporta hasta el 45% de las emisiones primarias de material particulado, y hasta un 70% en invierno. Las fuentes móviles diésel aportan 25 veces más PM2.5 que los gasolineros. El 2012 la OMS declaró el humo diésel como cancerígeno categoría A, a la par con el plutonio y el humo de cigarro.

Como parte de la reforma tributaria el programa plantea un impuesto a los vehículos de mayor consumo de diésel, además de una serie de medidas destinadas a mejorar el transporte público como la integración de las bicicletas, además del fuerte impulso a las energías renovables no convencionales.

Junto con reformas estructurales, debemos mejorar la fiscalización con una estrategia liderada por la Superintendencia, y considerar que las tecnologías actuales nos permiten por ejemplo incorporar activamente a los ciudadanos como colaboradores de la fiscalización, a un bajo costo.

¿Qué se debe considerar patrimonio natural? ¿Cuál es la mejor estrategia para protegerlo y promoverlo?

La diversidad biológica es parte del patrimonio natural y cultural de Chile. Constituye la base del desarrollo nacional en la medida que provee los recursos naturales, bienes y servicios de los cuales depende nuestro bienestar y el de las futuras generaciones, nuestra calidad de vida y propia identidad nacional. Por nuestro aislamiento, tenemos especies y ecosistemas únicos en el mundo, sobre los cuales tenemos poca información y muchas presiones y amenazas de grave pérdida de biodiversidad.

En su anterior gobierno, Michelle Bachelet creó o gestionó la creación de tres parques nacionales, un parque marino, un monumento natural, una reserva nacional, cinco santuarios de la naturaleza y tres sitios Ramsar. Pero no es suficiente, la biodiversidad requiere ser conocida, valorada y protegida tanto en áreas protegidas como fuera de ellas, a través de instituciones y herramientas efectivas. Por eso es urgente completar la reforma para contar con una ley de protección de biodiversidad que entregue estas funciones a un Servicio. Por eso se plantea también reforzar la investigación nacional en este ámbito.

Todavía algunos creen, negando toda evidencia, que la protección del medio ambiente es un lujo que países en desarrollo no se pueden permitir. Esa idea es obsoleta. El medioambiente es condición de bienestar.

Hoy el turismo en torno a los parques nacionales y a nuestros paisajes y recursos naturales puede ser una importante carta económica de nuestro país. Todavía algunos creen, negando toda evidencia, que la protección del medio ambiente es un lujo que países en desarrollo no se pueden permitir. Esa idea es obsoleta. El medioambiente es condición de bienestar. No es un lomo de toro. La mirada sabia y que le hace bien al país es aquella que entiende que tenemos que invertir en más y mejor medioambiente y que ello no es un impedimento para el crecimiento económico.

Fuente: www.sentidoscomunes.cl