Vivianne Blanlot: «Ha habido un período más que prudente para que los organismos comprendan la norma»

La presidenta del Consejo para la Transparencia y ex ministra del primer mandato de Michelle Bachelet, Vivianne Blanlot, analiza las cifras tras seis años de aplicación de la ley y explica las causas detrás del aumento de sanciones.

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Las cifras demuestran que la solicitud de realización de sumarios por el Consejo a Contraloría ha ido al alza. ¿Cómo se explica el aumento?

El Consejo, al inicio de la implementación de la ley, mantuvo criterios más tolerantes frente a bajos índices de cumplimiento, particularmente en cuanto a Transparencia Activa. Tras seis años de vigencia de la Ley de Transparencia, el Consejo entiende que ha habido un período más que prudente para que los organismos comprendan la norma y su implementación, tarea que ha sido apoyada por el Consejo mediante múltiples herramientas de capacitación y tecnológicas. De este modo, los criterios para aplicar multas han cambiado paulatinamente, y se ha aplicado estándares más exigentes.

¿Se ha endurecido la fiscalización?

En estos seis años hemos ido incorporando nuevas instituciones a los procesos fiscalizadores. Es así como, por ejemplo, acabamos de fiscalizar por primera vez a las Secretarías Regionales Ministeriales de las áreas más sensibles para la ciudadanía, como son Salud, Educación, Trabajo y Vivienda. Además, hemos hecho foco en algunas temáticas de especial interés ciudadano. No obstante, hemos elevado la exigencia, de modo que han tendido a realizarse más sumarios.

¿Ha influido el desarrollo de la actual crisis política  en el aumento de sanciones y la deficiencia de entrega de información en algunas instituciones?

No. El Consejo se guía por políticas de fiscalización y sanciones establecidas desde hace años.

¿Las sanciones y las multas han sido efectivas a la hora de evitar que organismos se nieguen a entregar información? 

El sistema sancionatorio, que en el caso de la Ley de Transparencia contempla multas a los jefes del servicio, contribuye al buen cumplimiento de la ley.

Los alcaldes son los funcionarios más sancionados, ¿cómo se explica esto? ¿Son menos eficaces los sistemas de transparencia a nivel comunal?

En el caso de las municipalidades, a ellas les ha costado más implementar la Ley de Transparencia, lo que se evidencia en que, por ejemplo, son las instituciones públicas que obtienen más bajos resultados en nuestros procesos fiscalizadores.

Esto se debe a que se encontraban menos preparadas que los organismos de la administración central para dar cumplimiento a esta política pública. Frente a esta necesidad, el Consejo ha asumido un rol de promotor y facilitador, poniendo a su disposición un Modelo de Gestión en Transparencia Municipal que les entrega las herramientas y capacitación necesarias para elevar sus niveles de cumplimiento.

¿Cuáles son las expectativas del Consejo en materia de multas y sanciones por incumplimiento? ¿Disminuir la solicitud de sumarios o aumentar la recaudación por multas?

Nunca ha sido la finalidad de Consejo sancionar ni recaudar recursos por esta vía. Las sanciones están establecidas para favorecer el cumplimiento de la ley y esa es la principal expectativa que tiene esta institución.

¿Cree que las atribuciones del Consejo son suficientes en materia de fiscalización y que tiene todas las herramientas necesarias para asegurar la aplicación de la ley?

En el ámbito de los sujetos obligados actualmente por la ley, contamos con las herramientas suficientes para cumplir con nuestra labor.

¿Qué elemento le gustaría incorporar o modificar para perfeccionar la legislación de transparencia?

Con ocasión del debate de la agenda de transparencia y probidad, el Consejo ha hecho múltiples propuestas en esta materia. Principalmente hemos apostado por la implementación de un Sistema Integral de Transparencia, que someta a todos los poderes del Estado a la Ley de Transparencia, bajo la supervisión de un único órgano de control.

Fuente:Pulso 
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