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Parlamentarios y Arquéologos solicitan al gobierno que Rally Dakar ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental
Según la Ley 19.300, toda actividad que pueda atentar contra un sitio arqueológico requiere de un estudio, sin embargo, éste nunca se ha realizado.
Este jueves en la Cámara, diputados de diversas bancadas junto a representantes del Colegio de Arqueólogos exigieron al gobierno que la próxima versión del Rally Dakar sea ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objeto de establecer medidas de mitigación eficaces y compensaciones pertinentes en caso de existir daño medioambiental.
El diputado Marcos Espinosa (PRSD), insistió en que el Rally Dakar debe continuar realizándose, pero siempre y cuando “la ley sea respetada. Aquí no se entiende por qué no se ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental, cuando la ley así lo exige. Las medidas de mitigación existen pero la instalación de coligues francamente llegan a ser medidas ridículas. Esa es mi preocupación”.
Según constata un oficio del Consejo de Monumentos Nacionales enviado al Ministerio de Educación, la afectación de sitios arqueológicos en 2011 superó los 120, mientras que en 2012, el 25% de éstos sufrió algún tipo de daño. En el mismo documento, el organismo técnico que resguarda el patrimonio nacional pide la intervención del Consejo de Defensa del Estado para que se pronuncie respecto a las responsabilidades jurídico-administrativas del CMM.
El diputado Marcelo Shilling (PS) llamó al Ejecutivo a ser más riguroso y respetuoso de la normativa vigente en materia de protección de nuestro bienes culturales y patrimoniales. “El Colegio de Arqueólogos que hoy nos ha acompañado, le ha hecho ver al gobierno en innumerables veces, el enorme daño que ha producido el Dakar en numerosos sitios arqueológicos de nuestro país. Lo mismo ha hecho el Consejo de Monumentos Nacionales que depende del Estado, o sea, si el gobierno no escucha al propio gobierno no sé a quién puede escuchar”.
“Se trata de una situación extremadamente grave, porque se ha puesto en jaque nuestro sistema jurídico-político, ya que un mismo ente del Estado se encuentra de manos atadas frente a las consecuencias negativas de este evento” sostuvo el diputado Espinosa.
La vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos, Paola González, denunció que “el Poder Judicial no ha acogido numerosas acciones legales que hemos entablado tanto nosotros como otras instituciones. No se ha hecho efectiva la responsabilidad por el daño de los sitios arqueológicos, situación que a nuestro juicio evidencia un quiebre institucional”.
La diputada PPD, Ximena Vidal, coincidió con sus colegas en el sentido de exigir a las autoridades pertinentes que se tomen las medidas de mitigación correspondientes. “Hasta ahora son medidas insuficientes, más del 25% de los sitios arqueológicos ha sido afectado y por eso, para nosotros es urgente que se tomen las medidas necesarias. Nosotros no estamos en contra que haya ingresos al país por la realización de Rally Dakar, aquí estamos hablando de costos que tal vez no tengamos cómo pagar por la desprotección que hacemos de nuestro patrimonio en el norte”.
Finalmente, la diputada Cristina Girardi (PPD) recalcó que el territorio en cuestión es patrimonio de todos los chilenos, y si el Estado no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, todos los chilenos debieran sentirse “en derecho a demandar al Estado por dañar nuestro patrimonio”. Afirmó que “es deber del Estado velar porque este patrimonio se resguarde”.
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