Se aprueba veto que excluye consulta indígena y protección de áreas verdes por ley de concesiones

El Gobierno cumplió el compromiso suscrito por el ministro de Energía, Jorge Bunster, de presentar un veto supresivo al proyecto de ley de concesiones eléctricas que elimina los artículos relativos a la Consulta a los Pueblos Indígenas y la protección a las Áreas Silvestres con la finalidad de facilitar la aprobación de la iniciativa en el Parlamento.

En medio de la discusión de una amplia agenda de iniciativas energéticas se tramita el proyecto de ley de Concesiones Eléctricas que, pese a la resistencia de los ambientalistas, ha encontrado un alto consenso en ambas Cámaras del Congreso. No obstante, la iniciativa sufrió un retraso mayor a lo esperado por dos artículos que trabaron la discusión: la forma de aplicar la Consulta que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la vía para brindar protección a las áreas silvestres.

Así, para evitar que el debate se siguiera dilatando, se optó por ingresar un veto que dejara afuera estos elementos. Este debe ser respaldado por ambas ramas del Congreso durante esta semana para publicar a la brevedad la ley.

En tanto, Juan Pablo Orrego, director de la ONG Ecosistemas, explicó el porqué esta jugada les parece compleja: “Se elimina un articulado que era muy malo, pero un poco como que el argumento es, y por lo tanto, que funcionen las instituciones que ya están y que funcionen las leyes que ya están. En ambos temas es bastante controvertido. Yo diría más bien que en la Convención de Washington hay muchos ejemplos, en que no ha bastado para proteger los parques. Las áreas protegidas de este país se va a dejar en el fondo funcionando el Status Quo y eso no es muy bueno”.

Cabe señalar que la Convención de Washington que cita Orrego es la herramienta internacional que apunta a proteger las áreas silvestres, la misma que –afirma- hoy está siendo omitida en la tramitación de un proyecto emblemático como es HidroAysén que inundaría el Parque Nacional Laguna San Rafael, declarado reserva de la biósfera.

Aquí, otro incumplimiento a tratados internacionales pasa por la exclusión del Convenio 169 de la iniciativa, cuando actualmente no existen reglamentos que puedan habilitar la Consulta a los Pueblos. Si bien el Ejecutivo trabajó en una mesa con dirigentes indígenas para buscar una vía, ésta no llegó a un 100% de acuerdo, y aún no se ha presentado formalmente el reglamento.

Este trabajo no excluye la responsabilidad que tendrían los distintos poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de diseñar la forma de habilitar la herramienta, tal como indicó Cecilia Flores, presidenta del Consejo Nacional Aymara y quien ha colaborado directamente en el proceso de establecer un reglamento claro que habilite el Convenio cuando Chile lo aprobó ya hace cinco años.

Por esto, la dirigente del pueblo Aymara precisó que “la tramitación parlamentaria también tiene que acogerse al Convenio y va por separado en el sentido de que ellos tienen que crear una forma de consulta como tal, porque quien consulta es el ente que dispone de las medidas administrativas o de la ley en este caso y se excluye en la consulta o lo que dice el convenio dentro de un proyecto sigue su tramitación. Es lo mismo que han estado haciendo con todos los proyectos de inversión que han estado realizando sin previa consulta, es decir, siguen ignorando el Convenio 169″.

Para ambientalistas y pueblos originarios el “mantener las cosas como están para acelerar la tramitación” no es el camino correcto, cuando existen críticas al contenido del esta Ley de Concesiones, la que va unida al proyecto de Carretera Eléctrica Pública y la interconexión del Sistema Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SIN), iniciativas que, sostienen, son impulsadas por las empresas eléctricas y que buscan perpetuar el actual modelo energético.
por Paula Correa A.
Fuente:radio.uchile
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