Terremotos y medio ambiente, la urgencia de implementar una política integral

El megasismo del 27 de febrero de 2010 nos recordó que nuestro país se ve sometido periódicamente a eventos naturales extremos con enormes consecuencias para la población, así como para los ecosistemas y el medio ambiente, aspecto que muchas veces se pasan por alto a la hora de hacer evaluaciones en este ámbito.

Precisamente en esta área, Fundación Terram acaba de presentar los resultados de una investigación de dos años, respecto a las consecuencias en el medio ambiente del terremoto y tsunami de 2010, indagación que permitió detectar una serie de falencias en materia de política, a partir de las cuales hemos planteado doce recomendaciones que permitirían establecer objetivos, planes de acción y protocolos, involucrando a las distintas instituciones del Estado, integradas y articuladas con el resto de la sociedad.

Entre ellas, un punto esencial es que lo que se debe implementar es un sistema y no sólo una institución o autoridad responsable. Vale decir, si bien se deben limitar las responsabilidades y los ámbitos de acción locales de cada uno de los órganos de Estado, se debe avanzar en la construcción de un sistema donde se articule y se pueda coordinar el sistema público, social y privado a nivel local, regional y nacional.

Además, se debe otorgar la importancia que corresponde al ámbito de acción local, estableciendo un trabajo desde el ámbito municipal y comunitario, luego regional y finalmente nacional. Las unidades más básicas son aquellas que deben brindar la mayor información a la comunidad, y que deben tener un vínculo permanente con los habitantes y contar con capacidad de injerencia en la toma de decisiones.

Al mismo tiempo, debe existir una institucionalidad nacional que coordine a los servicios públicos sectoriales, que cuente con un presupuesto suficiente para implementar acciones de política pública a nivel nacional, apoyar la gestión territorial, así como contar con personal, equipamiento y presupuesto adicional para hacer frente a situaciones de emergencia. Debe existir una cabeza visible, un ente coordinador cuyo único rol sea gestionar situaciones de riesgos asociadas a desastres naturales.

Lamentablemente Chile no cuenta con una ley de ordenamiento territorial, sin embargo, es posible avanzar en este aspecto a través de instrumentos de planificación territorial. Como parte de estas instancias, se requiere que las variables asociadas a los riesgos de desastres naturales sean consideradas como un elemento prioritario frente a la manera en que se distribuyen los asentamientos humanos y al uso que se le da al suelo.

Junto con ello, se debe asegurar el levantamiento riguroso de información, es decir, actualizar y construir una base común de información, que permita tener datos en línea accesible a los servicios públicos para la toma de decisiones, así como para el ciudadano común.

Es necesario destinar recursos para investigación en temas relacionados con los desastres naturales en Chile. En el ámbito de los terremotos se evidencia claramente la falta de recursos, instrumentos, profesionales e investigación, pese a ser uno de los países más sísmicos del mundo. Se debe poner énfasis en la importancia de la construcción de mapas de riesgos y generación de planes de alerta para las comunidades. Se requiere una plataforma web que cuente con información oficial, rigurosa y con vocerías que actúen acorde a dichos datos.

La información no debe quedar en los escritorios de ciertos expertos o de los tomadores de decisiones, sino que debe llegar, de manera comprensible, a los habitantes de las comunidades vulnerables, por lo que es necesario trabajar en la difusión de información e invertir en educación.

Se debe avanzar en la aceptación y conocimiento de los factores de riesgo, así como en las responsabilidades individuales, y de esta manera incrementar la conciencia individual y social en cada una de las fases de un desastre natural (exposición a éste; recuperación de las condiciones básicas; reconstrucción).

Gestión de riesgos y gestión ambiental deben ir unidas. La acción de los seres humanos en los ecosistemas influye en los factores de riesgos frente a la ocurrencia de desastres socio- naturales. La construcción de represas, el cambio en los cursos de los ríos, los cambios en los usos de suelo y sus repercusiones en los servicios ambientales básicos, los basurales ubicados en quebradas, las construcciones en suelos como humedales, y otras situaciones, evidencian que las políticas de gestión ambiental no deben ir separadas de la gestión de riesgos de desastres. El Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental debieran adoptar un rol protagónico en este ámbito, por ejemplo, generando bases de datos actualizadas.

En cuanto a la fiscalización ante un desastre natural, debe existir una autoridad ambiental y sanitaria que verifique en terreno los daños que se han generado tanto en el sector público como privado y residencial, por ejemplo, respecto a la destrucción de infraestructura, posible contaminación de agua, aire, suelo, etc. No se debe permitir que se inicien procesos de reconstrucción y/o de puesta en marcha de industrias sin que exista una evaluación de riesgos.

Finalmente, es fundamental incorporar la variable medioambiental en los desastres en algunas temáticas tales como:

– En relación a los residuos, se debe empezar por incorporar la definición de escombros, y definir protocolos de acción en caso de terremotos y de prevención. Establecer una política de separación de escombros que permita al menos distinguir entre lo potencialmente dañino o tóxico de materiales inocuos.

– Respecto de las empresas, luego de una catástrofe se deben hacer evaluaciones ambientales y fiscalizar. Si es necesario, se deben cambiar las resoluciones de Calificación Ambiental de las empresas frente a posibles cambios geomorfológicos o de otro tipo.

– Se debe avanzar en las líneas bases de ecosistemas para, en caso de desastres, establecer con claridad los impactos y sus posibles consecuencias en la biodiversidad, en actividades de economía local u otros.

– Se debe tener información de ubicación de relaves, desechos de faenas mineras u otros lugares de acopio de sustancias potencialmente peligrosas y sus riesgos ambientales en caso de desastre.

– Se debe identificar las plantas y/o instalaciones industriales que usan tóxicos, así como las plantas de tratamiento de aguas servidas, emisarios de residuos industriales, vertederos u otros, de manera de evaluar su funcionamiento ante la ocurrencia de desastres.

– Se deben identificar los embalses, represas, diques u otros que ante una ruptura pueden afectar a una población, y establecer planes de alerta y evacuación en caso de emergencia.
Fuente:terram.cl/