Tribunales ambientales comienzan sus funciones sin injerencia en proyectos como Hidroaysén o Punta Alcalde

El primero de los tres tribunales ambientales comenzó sus funciones este viernes, ocasión en la que su presidente, José Ignacio Vásquez, subrayó que no se revisarán casos como Hidroaysén y Punta Alcalde. Organizaciones insisten en que esto no es definitivo de acuerdo a las competencias de la nueva institucionalidad.

Este viernes iniciaron las funciones del Segundo Tribunal Ambiental, que funcionará en Santiago y recibirá las reclamaciones a nivel nacional sobre especificaciones técnicas respecto a conflictos en la materia. También se espera que comiencen su trabajo las salas institucionales que han de instalarse en Antofagasta y en Valdivia.

El ministro y presidente del Segundo Tribunal, José Ignacio Vásquez, reiteró las funciones de la institución, al referirse a reclamaciones en conflictos como Hidroaysén y Punta Alcalde.

“No somos la Corte de Apelaciones o Corte Suprema que debamos revisar resoluciones de otros órganos, no entramos a revisar resoluciones judiciales dictadas por otros órganos y si entran deben ser materias nuevas (…) la Corte de Apelaciones ve los derechos fundamentales, en el caso nuestro, nosotros revisamos los respectos a condiciones de ilegalidad de determinados actos”, explicó.

Ante esto, la directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, coincidió en los motivos, pero adelantó que los casos de Hidroaysén y Punta Alcalde podrían, de todas maneras, ser revisados por la nueva institucionalidad.

“Lo que hoy está en la justicia puede que el Tribunal no tenga competencia para verlo, pero puede que en el futuro sí haya acciones judiciales que recaigan en el Tribunal Ambiental”, explicó.

Flavia Liberona reiteró una de las críticas que desde distintas organizaciones y agrupaciones se hizo durante el proceso de instalación de los tribunales: la poca cantidad de salas.

La directora de Terram dijo que es necesario un perfeccionamiento en este sentido, pero recordando que esto depende de la voluntad política del Ejecutivo. “Podría venir un proyecto de ley que instale en cada capital regional un Tribunal Ambiental, pero es un proyecto de ley que tiene que enviar el ejecutivo, es decir el Presidente de la República, al Parlamento”, señaló.

Cabe recordar que la entrada en vigencia de los Tribunales Ambientales generó siempre opiniones dispares, al tratarse de una nueva institucionalidad que podría ser una ventana de solución de conflictos, pero que según algunos arrastra la dificultad de funcionar en base a un marco normativo “débil” y con aspectos incompletos.
Héctor Areyuna
Fuente:radio.uchile.cl/